La Fianza de la Ley de Arrendamientos Urbanos ¿Y si el arrendador no me la quiere devolver?

El contrato de arrendamiento de Juan ha finalizado, pero su arrendador (Pedro) le está dando largas con la devolución de la fianza que Juan le entregó en su día. Juan ha pagado sin falta la renta mensual y ha mantenido el local en perfecto estado, pero ahora se siente impotente. ¿Tiene todas las de ganar el arrendador? ¿Ha de resignarse Juan ante una actuación injusta por parte de Pedro?.

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En su artículo 36, la Ley de Arrendamientos Urbanos obliga al arrendatario (Juan) a entregar una fianza al arrendador (Pedro). Este importe tiene como finalidad garantizar las obligaciones que Juan ha asumido con la firma del contrato de arrendamiento: la más importante de las cuales es el pago de la renta acordada.

Pero la obligación del arrendatario tiene como contrapartida una obligación del arrendador, quien no puede apropiarse del importe, y debe ingresarlo en el Organismo que cada Comunidad autónoma designe. En Cataluña se creó para este cometido el Registro de Fianzas de los contratos de alquiler de Fincas urbanas, dependiente del Institut Català del Sol.

En el Registro de Fianzas el arrendador (Pedro) además del ingreso de la fianza, debía solicitar la inscripción de los datos correspondientes al contrato firmado con Juan, ya que se trataba de un inmueble situado en Cataluña. Pedro debía informar de la situación de la finca, la titularidad, si disponía de cédula de habitabilidad, el uso al que se destinaría, los contratantes, el plazo inicial de duración del contrato, la renta pactada, etc.

Sin embargo, cuando se produce la finalización del contrato de arrendamiento comienzan los problemas para que el arrendatario recupere la fianza entregada. No nos referimos a los casos en los que efectivamente se ha producido un deterioro de la finca o no se han abonado las rentas, sino a los casos en los que el arrendador (Pedro) utiliza cualquier excusa para intentar no entregar el importe de la fianza. Y una de las razones, es que dicha cantidad nunca se llegó a ingresar en el Organismo competente, y el arrendador la hizo suya.

Afortunadamente es una práctica que tiende a regularizarse pero el arrendatario (Juan) debe saber que:

– El arrendador está obligado a entregarle un justificante del ingreso de la fianza en un plazo de dos meses desde que se realizó.

– Si el arrendador no devolviese el dinero de la fianza por haberse apoderado de él, podría considerarse que está cometiendo un delito de apropiación indebida penado hasta con pena de prisión.

– El hecho de no ingresar el importe de la fianza en el organismo competente es sancionable con multas para el arrendador de hasta el 75% del importe de la fianza no depositadas.

– Además de la sanción, el arrendador está obligado a ingresar el importe de la fianza más los recargos correspondientes.

Por tanto, cuando te encuentres ante un problema de devolución de fianza no justificado, consulta las opciones e instrumentos de negociación de los que dispones ante el arrendador.

El accidente de tráfico: cambios importantes que afectan a tu reclamación.(Lo obvio no lo es tanto, 3ª entrega).

Juan tiene un accidente de tráfico, una colisión por alcance a consecuencia de la cual sufre un latigazo cervical.  ¿Qué debe hacer a partir de ahora?.

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Hasta julio de 2015, lo normal era que Juan presentase una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción-el que inicialmente lleva los procedimientos penales-, y se incoase un Juicio de Faltas-un procedimiento sencillo y gratuito que como mucho podría implicar pena de multa para el condenado, pero en el que se podrían estar reclamando cantidades económicas importantes-.

De esta manera, Juan generalmente acabaría citado ante el Médico forense del Juzgado de Instrucción, quien valoraría sus lesiones. Independientemente de cómo acabase el asunto, con la denuncia Juan dispondría del informe gratuito  de un profesional médico especialista imparcial, con el que poder cuantificar su reclamación.

El nuevo Código penal que entró en vigor el pasado 1 de Julio, ha suprimido las faltas. Ahora existen en su caso los delitos menos graves, y aquellas conductas en las que ha existido imprudencia leve- lo que se produce en muchísimos accidentes de tráfico- y que antes podían tramitarse en un Juicio de Faltas- es decir, por lo penal-, van a tener que reclamarse ante un Juzgado civil.

¿Qué puede significar eso para Juan?

Si Juan quiere reclamar por sus lesiones un importe superior a 2000 Euros, tendrá que contratar a un Abogado y a un Procurador para presentar una demanda. También deberá conseguir un Infome médico valorador-lo que antes proporcionaba el Médico Forense del Juzgado-,  y que al ser un informe elaborado a instancia de parte puede ser discutido por no ser imparcial.

No obstante lo anterior, para mitigar las quejas se ha abierto la posibilidad de que el perjudicado (Juan) por un accidente pueda obtener extrajudicialmente un Infome del Médico Forense sin necesidad de que exista un procedimiento penal. Hay que esperar a la aplicación práctica de esta posibilidad.

Si tienes un accidente de tráfico, infórmate de todos los cambios normativos y de las opciones que tienes.Puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

 

 

Tras la declaración como investigado (Lo obvio no lo es tanto, 2ª entrega)

Hace unas semanas, en nuestra primera entrega sobre “lo obvio no lo es tanto”, hablamos de cuando se personaron los Mossos d’Esquadra en casa de Juan y le entregaron una citación para acudir a declarar en calidad investigado. Podéis volver a ver la entrada en el siguiente link Declaración como investigado (Lo obvio no lo es tanto, 1ª entrega)

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Juan ya ha declarado como investigado. Sabe que nosotros, como sus letrados, hemos acudido a distintas declaraciones de testigos y que, además, se han practicado varias Diligencias de Investigación1 en su procedimiento.

¿Qué sucede tras la declaración de Juan como investigado? ¿Irá Juan a Juicio?

Una vez practicadas todas las Diligencias de Investigación oportunas, el Juez de Instrucción dictará Auto2 en el que conste una de las siguientes resoluciones:

  1. Sobreseimiento3. Si el Juez de Instrucción estima que los hechos no constituyen infracción penal o bien que no ha quedado acreditada la relación de Juan en los hechos, dictará Auto de Sobreseimiento. De este modo, se pondrá fin al procedimiento penal (sobreseimiento libre) o se suspenderá (sobreseimiento provisional).
  2. Transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Se dictará Auto en esta línea si el Juez de Instrucción estima que de las Diligencias practicadas se desprenden indicios de criminalidad sobre Juan y, por tanto, el procedimiento continuará.
  3. Inhibición del procedimiento al Juzgado que corresponda. Si el Juez estima que los hechos no son perseguibles por parte de su Juzgado, inhibirá los hechos a favor del órgano correspondiente (por ejemplo, si Juan fuese menor de edad, se daría traslado de lo actuado a la Fiscalía de Menores para que iniciase los trámites según la Ley de Responsabilidad Penal del Menor).

Lógicamente, lo más favorable para Juan sería que el Juez de Instrucción dictase sobreseimiento. No obstante, si decide dictar Auto resolviendo una de las dos últimas opciones indicadas, el procedimiento contra Juan continuará.

Como en la primera entrada de “lo obvio no lo es tanto” basamos el caso de Juan en un Procedimiento Abreviado, nos centraremos en la opción número 2.  Por tanto, si el Juez de Instrucción dicta Auto de transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, significa que éste considera que hay indicios de criminalidad contra Juan y que, por tanto, considera viable una acusación contra él. Una vez dictado este Auto, se le dará traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en el procedimiento para que soliciten una de las siguientes opciones:

  • Sobreseimiento de la causa.
  • Apertura de Juicio oral, formulando escrito de acusación contra Juan.
  • Práctica de Diligencias complementarias (de forma excepcional).

Por tanto, en el peor de los casos, el Ministerio Fiscal, o bien alguna de las acusaciones personadas, solicitará la apertura del Juicio Oral contra Juan y presentará escrito de acusación. En este caso, lo más habitual sería que el Juez de Instrucción acordara la apertura del Juicio Oral y, por tanto, Juan pasaría de ser “investigado” en el procedimiento a ser “acusado” (a la espera de Juicio).

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona


1 Son Diligencias de Investigación las actuaciones encaminadas a preparar el Juicio. Se practican para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los posibles responsables.

Entre otras, son Diligencias de Investigación la inspección ocular, el cuerpo del delito, las declaraciones de los investigados, las declaraciones de los testigos y los informes periciales.

2 Un Auto es un tipo de Resolución judicial.

3 El sobreseimiento puede ser de dos tipos: sobreseimiento libre y sobreseimiento provisional.

Será sobreseimiento libre cuando:

  • No existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.
  • El hecho no sea constitutivo de delito.
  • Aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.

Será sobreseimiento provisional cuando:

  • No resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
  • Resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada/s persona/s como autores, cómplices o encubridores.


Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS, Abogados en Sant Andreu, Barcelona. 

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He tenido un accidente de trabajo. ¿Y ahora qué?

En el desarrollo de su trabajo, Juan ha sufrido una caída de tres metros de altura. Estaba subido en la escalera de mano que usaba siempre; uno de los peldaños, tras previas roturas, tenía mala inclinación y era inestable. Su jefe tenía conocimiento de ello pero se negaba a proporcionarle una nueva.

Afortunadamente, las consecuencias del accidente no han sido tan graves como parecían. De todos modos, se ha roto una pierna y podría quedarle alguna pequeña secuela en la espalda. Además, parece que va a tener que estar varios meses de baja.

¿Cómo debe actuar Juan tras el accidente? ¿Tiene derecho a recibir algún tipo de prestación?

Foto escalera

La Ley General de la Seguridad Social recoge la definición legal de accidente de trabajo: “se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.

Para que un accidente sea considerado laboral, debe haber un nexo causal entre el trabajo y el accidente. Salvo prueba en contrario, las lesiones que sufra un trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo se presumen accidente de trabajo. La situación de Juan es sencilla: como el accidente ocurrió mientras desarrollaba sus funciones en horario laboral, se considerará accidente de trabajo.  

Tras sufrir el accidente, Juan tiene derecho a percibir las siguientes prestaciones:

  1. Asistencia sanitaria
  2. Prestación económica durante su baja laboral
  3. Prestación económica ante la existencia de secuelas
  4. Recargo de prestaciones
  5. Cantidades adicionales incluidas como mejora en el Convenio Colectivo del trabajador accidentado
  6. Indemnización por responsabilidad civil

Nos centraremos en las prestaciones números 4 y 6, al tratarse de las más desconocidas.

Recargo de prestaciones

El recargo de prestaciones1 es un incremento de las prestaciones por incapacidad temporal y/o permanente que acontece cuando el accidente ha sucedido por culpa del empresario – u otros posibles responsables –, por infracción de las medidas de seguridad.

En nuestro caso concreto, Juan tendría derecho al citado recargo de prestaciones dado que la escalera que estaba utilizando no cumplía con las medidas de seguridad adecuadas: estaba en mal estado y el empresario, que tenía conocimiento de ello, permitía su uso.

Tras la propuesta por parte Inspección de trabajo o parte del propio trabajador, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el encargado de incoar el procedimiento. Por tanto, si Inspección no solicita tal prestación, será Juan el que deberá solicitarla.

En la resolución del INSS – donde se acuerde el recargo – se indicará la determinación de la cuantía y las bases de las prestaciones a las que deberá aplicarse. El porcentaje será proporcional a la gravedad de las faltas o infracciones ocasionadas por el empresario.

Ahora bien, una vez reconocido el recargo de prestaciones, no significa que Juan vaya a percibir el importe del recargo directamente en su cuenta bancaria por parte del empresario. La empresa deberá ingresar la totalidad del importe fijado en la Tesorería General de la Seguridad Social y será ésta la encargada de abonar las cantidades correspondientes a Juan.

Indemnización por responsabilidad civil

Juan podría obtener una indemnización por la responsabilidad civil del empresario o de los otros posibles responsables (indemnización complementaria a las prestaciones que otorga la Seguridad Social). Esta indemnización tiene la finalidad de reparar el daño real que haya sufrido Juan como consecuencia del accidente de trabajo, ante la culpa o negligencia del empresario (u otros).

Los daños reclamables pueden ser de tres tipos:

  • Daños corporales. Son las lesiones físicas o psíquicas que permanezcan tras el accidente. Juan, por ejemplo, tendrá secuelas en la espalda y en la pierna fracturada y, por tanto, éstas son las lesiones que podrá reclamar como daños corporales.
  • Daños patrimoniales. Este tipo de daños está integrado por dos conceptos: los daños emergentes y el lucro cesante. Los daños emergentes son los daños que se producen en bienes materiales, así como los gastos; y el lucro cesante es la pérdida de ingresos y de expectativas de mejora.
  • Daños morales. Cabría la posibilidad de reclamar por los daños morales que el accidente haya repercutido en la vida de Juan.

 

Por tanto, si has sufrido un accidente de trabajo y crees que puedes tener derecho a alguna de las prestaciones indicadas, te recomendamos informarte sobre la viabilidad de una posible reclamación Contacto


1 El artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social establece que “todas las prestaciones que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aumentaran de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o los elementos de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajador, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”.

Legítima defensa e incidente de tráfico: no bajes del vehículo

Juan circula normalmente con su vehículo. De repente, un coche desde su izquierda, de forma brusca y sin advertirlo invade su carril. Juan es un conductor prudente y tiene tiempo de frenar.  El conductor imprudente detiene su vehículo con un frenazo que está a punto de provocar otra colisión, sale del vehículo y, entre insultos, se dirige hacia el vehículo de Juan, cuyo capó golpea repetidamente con el puño, mientras le dirige gestos amenazadores y le incita a que salga del vehículo, incluso golpeando el cristal con la mano.  Juan se plantea salir del coche, al fin y al cabo, tiene derecho a defenderse …

¿Creéis que Juan debería salir del coche? Si se genera una situación de violencia y Juan se defiende ¿estaría actuando en legítima defensa?

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La escena que planteamos no es inusual. Puede variar la intensidad del conflicto pero muchas personas conocen, o se han visto involucradas, en incidentes de tráfico o discusiones que dependiendo de las circunstancias pueden derivar incluso en situaciones de violencia.

En el momento en que Juan baje del vehículo, y aunque sólo responda a una agresión previa del otro conductor, probablemente se considere por el Juzgado que ha existido una “riña mutuamente aceptada”. El Tribunal Supremo ha entendido en muchas sentencias, entre ellas la reciente Sentencia 347/2015 de 11 de junio, que las personas que intervienen en peleas recíprocamente consentidas se convierten en agresores, y sus agresiones mutuas no están amparadas por la legítima defensa.

El hecho de bajar del vehículo sería interpretado por el Juzgado, en muchos casos, como la asunción y aceptación por parte de  Juan del resultado violento posterior que se produzca. Y la conducta previa del conductor imprudente (amenazas, actitud violenta, golpes, gritos, etc.), en realidad serían valorados en perjuicio de Juan, ya que hacían previsible un desenlace violento si éste finalmente bajaba del vehículo.

La Sentencia 232/2005 de la Audiencia Provincial de Córdoba dice en un caso similar:

“(…) asumiendo de esta forma con su salida del vehículo, la aceptación de cualquier desenlace violento de la situación, y en definitiva, aceptando de esa forma la riña que era del todo previsible en base a lo ya dicho. Y si bien, también es lo cierto que la doctrina jurisprudencial tiene proclamado que no es siempre exigible la fuga o huida de quien resulta ilegítimamente agredido y se defiende – en cuanto que de existir la huida del agredido, en tal caso no existiría la legitima defensa – , en este caso la agresión inicial de XXXX pudo perfectamente evitarse de no haber bajado el recurrente de su vehículo, con una clara aceptación de una riña que se preveía muy probable habida cuenta del tono del requerimiento y la actitud de XXXX”

 Por tanto, si en alguna ocasión  te ves envuelto en una situación parecida, piénsatelo dos veces antes de bajar del vehículo.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.