Consumo de alcohol en el trabajo (1ª Entrega)

“Juan y sus compañeros acostumbran a bajar a almorzar y suelen tomar varias cervezas, carajillos, etc. Debido a alguna queja y a un accidente leve que se produjo a la vuelta del almuerzo, su empresa está pensando en articular medidas para detectar el consumo de alcohol y posible influencia en horas de trabajo. El responsable de la empresa les ha indicado que tendrán que someterse a pruebas de alcoholemia aleatorias durante la jornada laboral.”

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El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su apartado primero señala:

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.”

La detección del consumo de alcohol en el puesto de trabajo es una cuestión que entra dentro de la esfera privada e íntima del individuo por lo que Juan debe estar informado y consentir la realización de pruebas de detección y/o analíticas. Sin embargo, puede existir un Convenio colectivo que obligue a ello, o por el tipo de profesión pueda entenderse que la realización de controles es ajustada, proporcional, necesaria e imprescindible conforme la Ley de Prevención de Riesgos laborales.

El principio de voluntariedad implica por tanto, que Juan deberá consentir la realización de las pruebas, y tener toda la información precisa para que ese consentimiento sea válido. Eso implica conocer los fines de las pruebas, el contenido de las mismas, las consecuencias que pueden derivarse de su realización, etc. Las excepciones a dicha voluntariedad parten siempre de que la realización de los reconocimientos “sea imprescindible”, que las pruebas sean proporcionales al riesgo, y que puedan verse afectada la salud de terceros, otros trabajadores, etc. Y eso le corresponderá probarlo a aquel que pretende someter a Juan a dicha prueba.

Sólo en el caso de que el Jefe de Juan considerase que el estado de salud de éste puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa podrían operar las excepciones al principio de voluntariedad. Pero aun así, el Jefe de Juan debería dar traslado de su decisión a los representantes de los trabajadores, que podrían estar en desacuerdo aunque no sería una opinión vinculante. En caso de discrepancias, el asunto acabaría en los Tribunales. Si en el convenio colectivo de aplicación en la empresa se admitiese la realización de ciertas pruebas como sucede con algunos convenios, la respuesta podría ser diferente.

En cualquier caso, aunque Juan consintiese las pruebas de detección, podría discutirse si las pruebas serían propiamente materia de prevención de riesgos laborales ya que la finalidad de la prevención es la adaptación del puesto de trabajo al trabajador (artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales), teniendo en cuenta también las condiciones psicofísicas de las personas especialmente sensibles, y sin que las conclusiones obtenidas puedan utilizarse en perjuicio del trabajador.

La realización de estas pruebas desde el punto de vista médico podrían no ser concluyentes para poder dar una aptitud médico laboral, y de las mismas no se deduciría necesariamente que Juan esté en un determinado momento bajo los efectos del alcohol en el trabajo, y que ello implique una repercusión negativa para su desarrollo. Por ejemplo, en la cuestión de drogas, la existencia de trazas de sustancias psicotrópicas no implicaría necesariamente que el consumo se haya realizado en el puesto de trabajo y que existiese afectación en ese momento. El consumo ocasional de alcohol o drogas, no es necesariamente causa automática de extinción del contrato.

Además, siempre debería verificarse que los resultados de las pruebas de detección se han obtenido respetando todas las garantías y derechos de Juan, inclusive la posibilidad de un nuevo análisis, la cadena de custodia de las muestras, homologación de equipos, etc.

En la entrada del día 10 de mayo, hablaremos sobre las posibles repercusiones derivadas de que un trabajador desarrolle la actividad en estado de embriaguez -para el trabajador y la empresa-.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

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Diferencias entre denuncia, demanda y querella (Lo obvio no lo es tanto, 4ª entrega)

Todos hemos escuchado las expresiones “denunciar” y “demandar” con un uso indistinto pero ¿significan lo mismo? ¿son verbos que definen una idéntica acción?

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La respuesta es no.

Coloquialmente, se utilizan los verbos “denunciar” y “demandar” de un modo indistinto para referirse a la acción de “llevar a alguien ante los Tribunales” pero ambos términos no son sinónimos.

La diferencia fundamental se basa en la materia de la que se trate: en general, la demanda es la forma mediante la que se inician los procedimientos civiles, contenciosos-administrativos, sociales y mercantiles. Por el contrario, en esencia, la denuncia es la forma mediante la que se inicia un procedimiento penal (hechos delictivos).

¿Y qué sucede con “querellarse”?

Habitualmente, se suele pensar que el término “querella” está relacionado con delitos de injurias y calumnias. No obstante, su contenido es mucho más amplio y no se acota a los delitos indicados.

Tanto la denuncia como la querella inician los procedimientos del ordenamiento penal pero fundamentalmente hay tres diferencias entre ambas:

  • En la querella, el querellante ejercita la acción penal y, en la denuncia, el denunciante no siempre la ejercita. Ahora bien, ¿qué significa esto? Veámoslo con unos ejemplos:

Si Juan se querella contra Pedro, Juan será parte en el procedimiento, es decir, su abogado irá a las declaraciones, tendrá acceso a toda la documentación, podrá proponer pruebas y participar en ellas, acusar a Pedro y asistir contra él en un Juicio.

Por lo contrario, si Juan denuncia a Pedro, Juan no será parte en el procedimiento (a no ser que expresamente indique lo contrario): lo más habitual es que mediante dicha denuncia Juan ponga en conocimiento de la Policía o del Juzgado unos hechos (presuntamente delictivos) y ya no participe más en el procedimiento.

  • La querella es válida tanto para delitos públicos como para delitos privados1. Por el contrario, la denuncia sólo es apta para delitos públicos.

Los delitos privados son los que sólo pueden perseguirse (iniciarse) por parte del perjudicado por los hechos. Por ejemplo, los delitos de injurias y calumnias que hemos mencionado antes son delitos privados y, por tanto, tan sólo pueden iniciarse por parte del calumniado o injuriado mediante querella (y no denuncia).

Por su parte, los delitos públicos son los que pueden perseguirse por el propio perjudicado, por cualquier otro ciudadano, por el ministerio fiscal, o bien, de oficio. Como hemos dicho, este tipo de delitos pueden iniciarse mediante denuncia o mediante querella.

  • La querella siempre debe presentarse por escrito y tiene que redactarse con una forma determinada que está estipulada por la Ley. Además, en principio, debe dirigirse contra una/s persona/s concreta/s. Contrariamente, la denuncia no tiene un carácter tan formalista e incluso puede ser verbal.

En resumen:

Cuando se trate de reclamaciones económicas, divorcios, despidos, o cualquier otro asunto de índole no delictiva el término adecuado será “demandar”. Por ejemplo:

  • Juan va a demandar a Pedro porque éste le debe los 5.000 Euros que le prestó
  • Juan va a demandar a Pedro porque tienen un conflicto con los lindes de unos viñedos

Por su parte, cuando se trate de asuntos delictivos el término adecuado será “denuncia” o “querella”. Por ejemplo:

  • Juan va a denunciar / querellarse contra Pedro porque éste le ha amenazado
  • Juan va a denunciar / querellarse contra Pedro porque éste le ha robado el coche

 

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.


1 Existen también los delitos semipúblicos.

 

Custodia compartida y uso de domicilio familiar

Juan se está planteando solicitar la custodia compartida de sus hijos. Espera poder llegar a un acuerdo con su pareja pero no descarta intentarlo sin acuerdo. Tiene dudas sobre lo qué pasará con el uso de la vivienda cuando se inicie el proceso.

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La custodia compartida es la posibilidad de que los hijos permanezcan bajo la custodia de los dos padres.

Hasta la reforma de 2005, la custodia compartida no tenía amparo legal. No se establecía expresamente en el Código Civil nada sobre ella, pero los Tribunales habían superado esta limitación y en interés del menor la llegaban a acordar de manera excepcional.

Los requisitos y contenido de la custodia compartida no están definidos en la Ley, razón por la cual han sido los Tribunales (Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ejemplo) los que han ido definiendo sus características adaptándose a los diferentes casos que se presentaban. Por este motivo, es complicado establecer unas reglas generales para esta figura.

¿Cuándo puede acordarse la custodia compartida?

Puede hacerse a petición de ambos padres, pero también en caso de que lo solicite sólo uno de ellos, si el Juez considera que es lo mejor para el hijo/a.

Acuerdo entre los padres

En caso de acuerdo, deberá elaborarse un Convenio regulador- y en Cataluña un Plan de Parentalidad-, que es el documento en el que se establecerá entre otros:

– El Tiempo de permanencia de los hijos con cada padre.

Dependerá de la edad de los hijos, pero existen muchas opciones. Desde que el  hijo/a    pase unos días de la semana con uno de los padres y el resto con el otro; que pasen una semana con uno y la siguiente con el otro, por quincenas, trimestres, meses, cursos escolares, etc.

– El Sistema de comunicación y visitas con el otro progenitor.

Para el caso de que la duración de la estancia con el otro padre así lo aconseje para mantener una adecuada relación afectiva.

– La Contribución a los alimentos de los hijos/as y otros gastos.

Las posibilidades son diversas: que cada progenitor asuma los gastos que se deriven de la custodia del hijo/a mientras permanezca con él.

Al revés, que un progenitor abone los gastos que se ocasionen cuando la custodia la asume el otro.

El establecimiento de una cuenta común en la que abona cada padre una cantidad para asumir los gastos, etc.

-Fijación de la vivienda en la que vivirá el hijo/a.

Las posibilidades son múltiples. Puede darse que:

-Uno de los progenitores permanezca en el domicilio familiar y lo utilice como residencia del hijo cuando asuma la custodia, etc.

-Ambos padres se trasladen a otros domicilios, a los que se desplazará el hijo según corresponda.

-El hijo/a continúe residiendo en la vivienda familiar, y el progenitor no custodio se desplace a otro domicilio cuando no asuma la custodia.

-Otras.

Sin Acuerdo entre los padres

En este caso, el Juez decidirá siempre en interés del menor.

Se ha considerado por los Tribunales como elementos favorables para establecer que existe ese interés cuando:

– Existe proximidad entre los domicilios de los padres.

– Ya se daba de hecho una situación de custodia compartida “de hecho· aceptada por ambos padres(aunque no acordada por un Juez).

– En todos los casos, los equipos psicológicos del Juzgado valoran favorablemente la custodia.

–  Existe una buena relación entre los padres y cierto acuerdo sobre la forma de educar a los hijos.

–  La compatibilidad de los horarios.

–  El hijo/a se muestra de acuerdo con la custodia compartida. En este tipo de procesos, los hijos/as siempre tienen el derecho de ser oídos, y su opinión puede ser decisiva según su edad y madurez

En cualquier caso, como ya hemos dicho, el contenido de la custodia compartida se está definiendo por los Tribunales. Hay Jueces que serán más proclives a aceptar una fórmula que otros. Se trata de una materia muy sensible desde el punto de vista ideológico, y no en todas las zonas del Estado se aborda de la misma manera. En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha optado en ocasiones por primar este sistema, al considerarlo más igualitario en el reparto de las cargas afectivas y de responsabilidad para ambos padres, en lugar de ceñirse a una concepción tradicional.

Para cualquier duda sobre la custodia compartida y uso de domicilio familiar podéis contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

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Creo que me quiero separar / divorciar

Juan tiene una crisis matrimonial; el matrimonio lleva varios años casados, tienen dos hijos menores de edad en común y un patrimonio consistente en un piso y un coche.  

Le asusta la idea de lo desconocido: si será un trámite muy largo, cómo se organizarán con los niños, qué sucederá con el domicilio conyugal, … y muchas otras preguntas. Tiene varios amigos que han pasado por una situación similar pero le han explicado versiones distintas: unos están separados y otros divorciados.

Lo primero que necesita Juan es tener unas nociones básicas de las opciones existentes. ¿Qué diferencias hay entre separación y divorcio? ¿Hay distintos procedimientos?

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Ante una ruptura matrimonial hay dos opciones básicas: la separación y el divorcio1.

La diferencia fundamental entre ambas figuras jurídicas es la disolución del vínculo matrimonial. En el caso de la separación, aunque ello suponga la ruptura de la convivencia conyugal, el vínculo matrimonial permanecerá en vigor hasta que no suceda una de las causas que lo disuelven: el divorcio, la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges. Por tanto, si Juan opta por la separación, aunque los efectos del matrimonio quedarán suspendidos, el vínculo matrimonial permanecerá. Por el contrario, el divorcio disuelve totalmente el vínculo del matrimonio.

En el caso de Juan, si él prevé una posible reconciliación con su cónyuge, sería recomendable la separación; por el contrario, si Juan considera su decisión definitiva tendría que optar por el divorcio ya que si en un primer momento opta por la separación y más adelante desea divorciarse, tendrá que volver a iniciar otro procedimiento igual o similar.

Independientemente de que Juan se decida por el divorcio o la separación, caben dos opciones: el procedimiento de mutuo acuerdo o el contencioso.

  • Separación o divorcio de mutuo acuerdo

Este procedimiento es más rápido y económico. Rápido porque Juan y su cónyuge se pondrán de acuerdo en cuestiones que de lo contrario se discutirían en sede judicial y económico porque tan sólo necesitarán un Abogado para ambos. Además, emocionalmente, es un procedimiento preferible ya que, sobre todo en el caso de tener niños, un contencioso es siempre más duro.

El procedimiento se inicia con la presentación de una demanda por parte de los dos cónyuges conjuntamente o por parte de uno de ellos con el consentimiento del otro.

La demanda tiene que estar acompañada por una propuesta de convenio regulador, donde se regularán todos los aspectos personales o patrimoniales de los cónyuges (cuestiones sobre los hijos, posible pensión compensatoria, el uso de la vivienda familiar, la liquidación del régimen económico matrimonial, etcétera). En Cataluña, si los cónyuges tienen hijos comunes que están bajo su potestad – como es el caso de Juan – el convenio regulador debe contener un plan de parentalidad. Resumidamente, un plan de parentalidad es un documento donde los progenitores que van a separarse / divorciarse concretan todos los aspectos necesarios para la guarda, el cuidado y la educación de sus hijos.

  • Separación o divorcio contencioso

El procedimiento se inicia con la presentación de una demanda por parte de uno de los cónyuges frente al otro. Ésta deberá contener la solicitud de separación o divorcio, la regulación sobre la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas a favor del cónyuge no custodio, la pensión de alimentos, el uso del domicilio conyugal, la posible pensión compensatoria y la liquidación de los bienes del matrimonio.

Una vez el otro cónyuge recibe la demanda, debe contestar a la misma y oponerse a todas las cuestiones con las que no esté de acuerdo. A partir de este momento2, se fijará por el Juzgado un día para el Juicio y, posteriormente, el Juez dictará la correspondiente Sentencia donde resolverá las peticiones de las partes.

Como es un tema muy amplio, el próximo martes hablaremos sobre las custodias y el uso del domicilio familiar.


1 Existe la posibilidad de la nulidad matrimonial.

2 Cabe la posibilidad de solicitar medidas provisionales para que se regule la situación de determinados aspectos (guardia y custodia de los hijos menores, régimen de visitas, atribución del uso del domicilio familiar, etcétera) mientras se tramita el procedimiento de separación o divorcio.