Mi inquilino no me paga

Juan vive de alquiler pero también es propietario de un piso que heredó de sus padres: como ya tenía adaptada su vivienda, decidió alquilar el inmueble heredado.

El inquilino al que tiene alquilado el piso siempre le paga tarde. Ahora, además, lleva tres meses sin pagarle y a Juan se le empieza a complicar su economía: tiene que hacer frente a su alquiler y , a su vez, continuar pagando la parte de hipoteca que le falta por abonar del piso de sus padres, sin la ayuda que el alquiler de éste le proporcionaba. 

¿Puede Juan desahuciar a sus inquilinos?

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La respuesta es afirmativa.

Un desahucio por falta de pago se puede iniciar cuando el inquilino no paga una o más rentas al propietario (en este caso, a Juan). Cuando el inquilino ni paga, ni abandona el inmueble, está incumpliendo el contrato de alquiler.

En ese momento, Juan, mediante un abogado, podría iniciar un procedimiento de desahucio por falta de pago y reclamación de las cantidades adeudadas. No obstante, desde RIUSIMANS aconsejaríamos a Juan que, previamente, enviase al inquilino un Burofax de requerimiento de pago. ¿Por qué? porque si Juan no requiere extrajudicialmente al inquilino para que pague, éste, una vez iniciado el procedimiento judicial, podrá “enervar1” la acción, es decir, tendrá la oportunidad de pagar en ese momento y paralizar el desahucio: ello provocaría que Juan tuviese que continuar soportando al mismo inquilino que no le pagaba (y que cuando lo hacía era siempre tarde) y que le había obligado a iniciar un procedimiento judicial, soportando los gastos que ello ocasiona. Además, si la situación se repitiese y, tras enervar, el inquilino volviese a no pagarle alguna renta, Juan se vería obligado a volver a iniciar el procedimiento judicial, de modo que la situación se prolongaría más en el tiempo. 

Una vez enviado el Burofax de reclamación de las rentas no abonadas, si el inquilino no paga a Juan, éste deberá iniciar el procedimiento judicial. Se inicia mediante la interposición de una demanda: en el mismo procedimiento se solicitará tanto el desahucio, como la reclamación económica de las deudas.

A continuación, el Juzgado admitirá a trámite la demanda y el Secretario Judicial requerirá al inquilino para que en un plazo máximo de 10 días realice una de las siguientes acciones:

  • Desaloje el inmueble y pague a Juan
  • Enerve, es decir,  pague y, por así decirlo, se archive el procedimiento judicial (esta opción no se le dará si hemos enviado el Burofax del que hablábamos antes)
  • Comparezca a una vista y alegue lo que considere oportuno. Sus alegaciones sólo podrán tratar sobre el pago en sí (si sí que pagó, si la cuantía que debe no es la que se reclama, etcétera)

Si el demandado (el inquilino) no realizase ninguna de las tres anteriores acciones se declarará el desahucio y se fijará día y hora para el lanzamiento2 (el plazo podrá ser inferior a un mes desde el día de la vista). 

Finalmente, una recomendación importante para Juan – o para cualquier casero en su misma situación – es que nunca se debe cambiar la cerradura de la vivienda, ni cortar los suministros ya que si lleva a cabo este tipo de acciones, podría verse involucrado en un asunto peor como es una denuncia por presunto delito de coacciones.

Si te encuentras en una situación similar o tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.


La acción de enervar tan sólo se tiene una vez.

2 El lanzamiento es el trámite para el desalojo de un inmueble.

Antecedentes penales: un problema que puede marcar tu vida.

 

Juan ha sido condenado por un delito leve y está preocupado porque le quedarán antecedentes penales. ¿Qué implicaciones pueden tener los antecedentes para su vida y su futuro?

Cuando una persona es condenada mediante una sentencia penal firme, es decir, sin posibilidad de recurso, se remite esa información al Registro Central de Penados y Rebeldes. Estos datos son lo que comúnmente conocemos como antecedentes penales.

No hay que confundir antecedentes penales y policiales. Los  antecedentes policiales pueden derivar de una detención, una denuncia, etc., que origine una actuación por parte de alguno de los Cuerpos de Seguridad del Estado reconocidos como tales. En estos casos, quedarán ciertos datos de la persona en los Ficheros policiales, aunque la actuación policial no origine procedimiento judicial alguno, y no vaya más allá.

La existencia de antecedentes penales puede tener implicaciones muy importantes para la vida de cualquier persona. Uno de los más relevantes se da cuando se condena nuevamente a una persona que tenía antecedentes penales no cancelados.

El Código penal permite en su artículo 80 dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años. Es la famosa suspensión de la pena, que muchas personas piensan que se produce siempre que la condena a pena privativa de libertad sea de hasta dos años, cuando sólo es una facultad que tiene el Juez.

Pero para que esto suceda el Juez o Tribunal valorará entre otras, los antecedentes del condenado. Si los antecedentes tienen su origen en una sentencia por delito leve-las antiguas faltas- no se tendrán en cuenta para decidir sobre la suspensión o no de la pena.

Además, la existencia de antecedentes penales no cancelados puede significar, en caso de una nueva condena, que se aplique la agravante de reincidencia. Como  en el caso anterior, si los antecedentes derivan de una condena por delito leve-antiguas faltas- no se computarán.

El nuevo Código penal ha introducido una novedad importante: las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producen los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado, o pueda serlo. Esto supondrá que una persona condenada en otro país por un altercado, conducción bajo los efectos del alcohol, y en general delitos que no requieren de la presencia del acusado para celebrarse, podrá tener antecedentes penales y no saberlo.

Esa situación se da bastante en delitos contra la seguridad del tráfico, que en casos no graves puede zanjarse con una multa y la pérdida del carnet de conducir. Esta condena genera antecedentes penales que si la persona vuelve a delinquir, puede impedir que se le suspenda la pena y por tanto, que ingrese en prisión.

No hay que confundir la multa administrativa con la multa como pena en un procedimiento penal.

Además, los antecedentes penales tienen otro tipo de consecuencias muy importantes que de manera muy genérica adelantamos:

-Pueden ser un obstáculo muy complicado para obtener, por ejemplo, la nacionalidad Española.

-Pueden impedir la obtención o renovación de la autorización temporal de residencia.

-Pueden inhabilitar  para desarrollar ciertas profesiones como Auditor, Abogado, o para poder presentarse a convocatorias de plazas de funcionarios,  o  del sector público.

-Pueden impedir el acceso a licencias para determinadas actividades.

-Etc.

En definitiva, los antecedentes penales son una carga muy pesada a nivel personal y profesional, incluso más que la propia condena según los casos.

Y la pregunta que seguramente surgirá es: ¿Podrá Juan o cualquier persona afectada cancelar los antecedentes penales?  ¿Y los policiales?

La respuesta es positiva. Los antecedentes penales pueden cancelarse. Cuando Juan haya cumplido la pena a la que ha sido condenado, podrá solicitar la cancelación de sus antecedentes, aunque para ello deberán  transcurrir sin haber vuelto a delinquir alguno de los siguientes plazos-según el tipo de pena- :

a) Seis meses para las penas leves.

b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.

c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.

d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.

e) Diez años para las penas graves.

Los antecedentes pueden también cancelarse de oficio, es decir, sin que Juan lo pida. Pero dada la importancia que puede tener la cancelación, la recomendación es asesorarse, verificar la situación personal, y solicitarlo lo antes posible.

En cuanto a los antecedentes policiales, puede solicitarse su cancelación si se dan las circunstancias legales pertinentes, e incluso se puede acudir a la Agencia Española de Protección de datos si las Fuerzas de Seguridad ponen problemas, como suele ocurrir.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

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Pelea en partido de fútbol

Juan juega en una liga de fútbol con sus amigos de toda la vida. A veces, el ambiente se complica con los equipos contrarios y se producen situaciones muy tensas. Realmente nunca le había pasado nada pero en el último partido, un jugador del equipo contrario le dio un puñetazo y le rompió un diente.

Juan denuncia al jugador contrario. ¿Las lesiones que tiene Juan son el resultado de un delito?

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El delito de lesiones está regulado en el artículo 147.1 del Código Penal, que establece que “el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico”.

De la lectura del artículo anterior, podemos ver que el caso de Juan, claramente, se trata de un delito de lesiones ya que se cumplen las siguientes premisas del artículo:

  • Una persona causa una lesión a Juan
  • Dicha lesión menoscaba la integridad corporal de Juan
  • La lesión de Juan requiere no tan sólo una primera asistencia médica, sino, además, un tratamiento médico o quirúrgico: le han roto un diente y necesitará tratamiento.

El jugador de fútbol que le agredió podría ser castigado con una pena de prisión de tres meses a tres años, o bien con una multa de seis a doce meses (según se cumplan unos u otros requisitos que también se establecen en el Código Penal). Evidentemente, si el jugador es condenado, la condena también implicará la carga de antecedentes penales.

 

La situación cambiaría por completo si las lesiones de Juan no hubiesen requerido tratamiento médico o quirúrgico. Si sus lesiones hubiesen consistido, por ejemplo, en hematomas, no se cumpliría la premisa del artículo citado que decía “lesión que requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”.

Pero, entonces, si las lesiones de Juan tan sólo consistiesen en hematomas y arañazos ¿ante qué estaríamos? ¿se trataría de una falta de lesiones?

La respuesta es no. Desde el pasado 1 de julio (2015) las faltas ya no existen: se suprimieron con la última reforma del Código Penal.

En la actualidad, las antiguas faltas de lesiones se denominan “delitos leves de lesiones”; los “delitos leves” son una nueva modalidad de delitos pero menos graves.

Es decir, desde la reforma, todas las acciones que provoquen lesiones son delito: con la diferencia de que según si existe tratamiento médico o quirúrgico o no, se tratará, respectivamente, de un delito de lesiones o de un delito leve de lesiones.

El delito leve de lesiones se regula en el artículo 147.2 del Código Penal y la pena es de multa de uno a tres meses. A esta pena hay que añadirle también los antecedentes penales; diferencia fundamental con las derogadas faltas de lesiones: las faltas no conllevaban antecedentes penales pero los “delitos leves” sí. Por tanto, la conducta de las anteriores faltas de lesiones se ha agravado considerablemente, sobretodo, por la existencia de los antecedentes.

Hay que tener en cuenta que, en principio, en los procedimientos de delitos leves se puede comparecer a Juicio sin letrado pero ¿quién va a arriesgarse a ir a un Juicio sin abogado si una de las cosas que están en juego son sus antecedentes penales?

En la entrada del próximo martes hablaremos sobre los antecedentes y lo que su existencia implica.

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Consumo de alcohol en el trabajo (2ª Entrega)

Como continuación a la anterior entrada sobre el tema Consumo de alcohol en el trabajo (1ª Entrega), analizamos las posibles repercusiones derivadas de que Juan desarrolle su actividad laboral en un probable estado de embriaguez.

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En primer lugar, el empresario tiene el deber de proteger a sus trabajadores (artículo 14 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, en adelante LPRL) y podrá ser responsable de los daños o lesiones sufridas por otros trabajadores como consecuencia de la actividad de un trabajador como Juan,  si éste no se hallaba en condiciones para el desarrollo de sus tareas.

En este sentido, el artículo 156. 5 a) de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS) señala:

“5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira.

La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.”

En segundo lugar, un accidente sufrido por Juan en estado de embriaguez con ocasión o a consecuencia del trabajo, se presumirá inicialmente, salvo prueba en contrario, como accidente de trabajo, con lo que ello implica en cuanto a las contingencias, recargo de prestaciones, responsabilidad civil, etc, tal y como se detallaba en la entrada He tenido un accidente de trabajo. ¿Y ahora qué?

“Artículo 156.- Concepto del accidente de trabajo.

  1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

….(..)3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.”

La única forma de que el accidente no tuviese tal consideración sería que se entendiese que ha existido imprudencia temeraria por parte de Juan. En este sentido, y aunque hay sentencias de todo tipo reproduzco parcialmente la Sentencia 17/2002, de 9 enero del Juzgado de lo Social número 1 de Castellón:

“…Gira la cuestión litigiosa en torno a si la conducta del trabajador de ingerir alcohol cuando debía trabajar en un puesto de Trabajo de riesgo como es trabajar a una determinada altura (se le detectó 0’37 gr/l de alcohol etílico en sangre) constituye imprudencia temeraria a los efectos del Art. 115.4.b de la L.G.S.S.

Examinando las circunstancias concurrentes en el caso que se estudia la respuesta debe ser negativa ya que dadas las características físicas del trabajador fallecido el que se le detectara en sangre 0’37 gr/l de alcohol etílico no significa que dicha ingesta de alcohol fuera la causa determinante del accidente ya que no era cantidad suficiente para alterar las condiciones, aptitudes físicas, y capacidad laboral del trabajador, es decir, no era cantidad suficiente para producir un estado de embriaguez en el accidentado causante de su caída del andamio, luego se concluye que la ingesta de una pequeña cantidad de alcohol durante la comida, costumbre habitual en la sociedad española (el accidente ocurrió a las 15 horas) no puede calificarse de imprudencia temeraria a los efectos del art. 115.4.b de la L.G.S.S por lo que el accidente debe ser calificado como laboral y estimarse la demanda..”

En nuestra opinión, si se tiene la sospecha de que un trabajador está en situación de embriaguez no se le debe permitir que trabaje, comunicándole por escrito las razones, intentando conseguir su recibí y si se niega firmando varios testigos de la situación, inclusive el Delegado de Prevención. De esta forma, se protege al trabajador de las posibles imprudencias y lesiones derivadas que para sí mismo o para compañeros podría causar; y también se protege al empresario, dadas las responsabilidades legales en que puede incurrir.

El artículo 25 de la LPRL  señala que “el empresario no empleará” al trabajador que se encuentre en unas determinadas circunstancias-inclusive transitorias-que le impiden trabajar”

Por tanto, si el empresario permite que un trabajador bajo los efectos del alcohol desarrolle su actividad, y se produce un accidente, puede acabar siendo responsable.

Lo anterior es independiente de las sanciones que el Convenio de aplicación en relación con el Estatuto de los trabajadores establezcan para estos casos. Desde el punto de vista empresarial, la recomendación sería siempre sancionar, o al menos amonestar al trabajador. Para ello, debe recalcarse la importancia de que en la comunicación de la sanción se especifiquen claramente los hechos, hora, día, situación, testigos, etc., y si es posible que aquellos que lo presencien  firmasen en conformidad. Se puede intentar que el trabajador autorice una prueba de detección de alcohol en sangre o aire, con todas las advertencias previas, y también con todas las dificultades inherentes.

En este sentido, se reproduce parcialmente la Sentencia número 1501/2008, de 13 mayo del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social, Sección 1ª), en la que se confirma la sanción a un trabajador con fundamento en pruebas testificales (no existencia de analíticas ni test de alcoholemia):

“SEGUNDO.- ….Es cierto, como señala el recurrente, que no hay constancia de que durante los hechos acaecidos se produjeran insultos contra el empresario o los propios compañeros de trabajo, como lo ratifica la propia sentencia recurrida, más allá de que, alterado el actor cuando se advirtió que dado su aparente estado de embriaguez se iba a seguir el protocolo que se acordó para él en esos casos, dijo que de no hacerse así “iba a denunciar a la empresa”, y que, en efecto, en la clínica donde se le practicó el análisis, por error, solo le realizaron las pruebas para detectar la existencia o no de sustancias estupefacientes. Pero sin perjuicio de esto, lo cierto es que quedó firme el relato histórico de la sentencia recurrida, conformado de acuerdo con la abundante prueba practicada en el acto de juicio, extrayendo la juzgadora de instancia la conclusión de que el actor acudió a trabajar con inequívocos signos de embriaguez, siendo corroborada esa sensación de incapacitación para trabajar por el propio delegado de personal y el de prevención de riesgos laborales, y a partir de ello, y de acuerdo con lo señalado en el texto del convenio de aplicación, donde se considera falta muy grave la embriaguez del trabajador, si esta circunstancia supone la alteración de las facultades físicas y psicológicas en el desempeño de sus funciones, evidentemente es correcta la decisión recurrida, en la medida que confirma dicha sanción.”

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¿Puede una empresa cometer un delito? (Tengo una empresa, 1ª entrega)

En el apartado Sobre el Blog ya os explicamos que, gradualmente, haremos entradas en el Blog que pertenezcan a la clasificación de “tengo una empresa”.

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El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la última reforma del Código Penal y, con ello, la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Obviamente, una persona jurídica, una empresa, una Fundación, etc., no puede ser recluida en un centro penitenciario.  Sin embargo, sí puede ser condenada a penas que restringirán o suprimirán la libertad de la entidad para desarrollarse en el mercado. Medidas como la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la prohibición de realizar actividades en la materia del delito cometido, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, la imposibilidad de contratar con el sector público,  la inhabilitación para obtener beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social, la intervención judicial, el abono de importantísimas multas, o la disolución de la persona jurídica como tal, son medidas que para una persona jurídica son igual de gravosas y definitivas que la reclusión penal para una persona física.

El artículo 31 bis.1 del Código hace referencia a la comisión de los delitos por partes de las personas jurídicas por dos vías:

a) Los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas – y en su beneficio directo o indirecto – por sus representantes legales o trabajadores autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa.

b) Los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta – y en su beneficio directo o indirecto – por personas sometidas a la autoridad de representantes legales (o trabajadores autorizados de la entidad) cuando los hechos se han cometido por una falta grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad.

Por tanto, al contrario de lo que se suele pensar, la persona jurídica no tan sólo puede ser responsable penalmente por las acciones de sus administradores o directivos, sino que también puede serlo por las actuaciones de sus trabajadores siempre y cuando la propia persona jurídica no haya supervisado, vigilado o controlado, y haya conseguido un beneficio – directo o indirecto – con la comisión del delito.

¿Y cómo puede la persona jurídica supervisar, vigilar y controlar a su Organización?

Para responder a la pregunta es preciso acudir al artículo 31 bis.2 del Código Penal, que establece las condiciones que deben cumplirse para que la responsabilidad de la persona jurídica quede exenta – o, por lo menos, atenuada –. Resumidamente, las condiciones son las siguientes:

  1. Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
  2. Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.
  3. Que los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
  4. Que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.

En efecto, en este artículo se regula una de las novedades más destacadas de la reforma: los modelos de organización y control, Programas de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Program Penal. Mediante estos programas de cumplimiento la entidad podrá detectar situaciones y conductas de riesgo, articular medidas preventivas y de control, establecer canales de información internos, organizar sistemas de gestión y supervisión autónomos y, en definitiva, reducir significativamente su responsabilidad penal y normativa.

A modo ilustrativo, vamos a ver unos sencillos ejemplos en los que una empresa puede cometer un delito por la actuación de uno de sus trabajadores:

Ejemplo 1: en una empresa de servicios (empresa A), uno de sus comerciales decide ofrecer una cantidad económica a un funcionario para que su Administración contrate los servicios de su empresa.

En el caso señalado, estaríamos ante un delito de cohecho por parte del funcionario y del comercial, pero ¿podría estar cometiendo la empresa A un delito? La respuesta es sí, si la empresa no dispone de un modelo de organización y gestión adecuado, ya que:

  • Se cumplen los requisitos del artículo 31 bis.1 en cuanto a las personas que pueden cometer el delito y en cuanto a que la empresa conseguirá un beneficio.
  • Si la empresa no dispone de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, muy difícilmente cumplirá con las obligaciones de supervisar, vigilar y controlar que establece el Código Penal.

Ejemplo 2: en una empresa de servicios (empresa A), un trabajador del departamento de recursos humanos contrata a un trabajador de la competencia sabiendo que éste les va a dar traslado de las operativas, los productos, etc. de la empresa de la competencia donde trabajaba.

En este caso, podríamos estar ante un delito de revelación de secretos y un delito contra la propiedad intelectual o industrial. Del mismo modo que en el ejemplo 1, si la empresa A no dispone de un modelo de organización y gestión adecuado, también podrá ser considerada como autora de los delitos indicados, ya que:

  • Se cumplen los requisitos del artículo 31 bis.1 en cuanto a las personas que pueden cometer el delito y en cuanto a que la empresa conseguirá un beneficio o ventaja.
  • Si la empresa no dispone de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, muy difícilmente cumplirá con las obligaciones de supervisar, vigilar y controlar que establece el Código Penal.

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Como la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una novedad legislativa muy amplia y sobre la que se puede profundizar en gran medida, en la siguiente entrega de “tengo una empresa” nos centraremos en los Programas de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Program Penal: qué son, por qué todas las empresas deben tenerlo, para qué sirven y por qué somos los abogados penalistas los que debemos hacerlo.

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