¿Abogado gratis? (Lo obvio no lo es tanto, 6ª entrega)

Juan tiene un problema jurídico y no conoce a ningún abogado. Varios amigos le han dicho que solicite un abogado de oficio para que el asunto le resulte gratis.  ¿Puede Juan solicitar un abogado de oficio para no tener que pagar los honorarios profesionales de un letrado?

Para responder a la pregunta planteada hay que diferenciar dos conceptos: el abogado de oficio y la asistencia jurídica gratuita. Ambos son conceptos distintos y no tienen por qué ir asociados. Por tanto, si Juan piensa que tener un abogado de oficio va a resultarle gratuito, está equivocado.

Juan, al igual que cualquier ciudadano, si lo desea y no conoce a ningún abogado, puede solicitar uno de oficio para que le asista jurídicamente. No obstante, ello no implica que no tenga que pagar por los servicios que éste le ofrezca; muy al contrario. Para que este abogado de oficio le resulte gratuito, Juan debe solicitar el “derecho de asistencia jurídica gratuita”, que sólo se le reconocerá si carece de patrimonio suficiente o cuenta con unos recursos o ingresos escasos. En cuanto al patrimonio, cabe decir que se comprobarán tanto los bienes inmuebles, como los rendimientos de capital mobiliario y, en cuanto a los recursos o ingresos, se atenderá a lo que tasa la Ley. Actualmente, para que Juan obtuviese el derecho a la asistencia jurídica gratuita, su unidad familiar debería percibir anualmente una cantidad inferior a los siguientes importes:

  • Si en su unidad familiar él es el único miembro: 12.780 Euros anuales
  • Si en su unidad familiar son dos o tres personas: 15.975,33 Euros anuales
  • Si en su unidad familiar son cuatro personas: 19.170,39 Euros anuales

Por tanto, para que Juan tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberá percibir unos ingresos anuales escasos; si supera las cantidades indicadas, a pesar de contar con un abogado de oficio, deberá abonarle sus servicios. Por ello, si Juan no cumple los requisitos económicos será indiferente para su economía que acuda a un abogado de oficio o que acuda a un abogado particular de confianza ya que a ambos les pagará sus honorarios.

Al margen de los requisitos patrimoniales y económicos mencionados, existen unas excepciones para que a Juan se le reconozca el derecho a la justicia gratuita sin tener en cuenta su patrimonio o recursos: si es víctima de la violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos; si fuese menor de edad o discapacitado psíquico víctima de abusos o malos tratos, y a sus causahabientes, en caso de muerte (siempre y cuando no se trate del agresor) durante el tiempo que esté vigente el procedimiento o haya sentencia condenatoria; o, si como consecuencia de un accidente acredita secuelas permanentes que le impidan la realización de su ocupación laboral o profesión habitual y necesita la ayuda de un tercero para las tareas esenciales de su vida diaria (cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por daños y perjuicios).

Por lo tanto, en conclusión, podemos afirmar que abogado de oficio no significa abogado gratuito.

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Diferencias entre robo y hurto (Lo obvio no lo es tanto, 5ª entrega)

Comúnmente, se utiliza el término “robo” para referirse al hecho de apoderarse de una cosa de otra persona sin su consentimiento. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico distingue entre dos figuras para una situación así: el hurto y el robo.

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Se trata de un hurto cuando una cosa mueble ajena se toma con ánimo de lucro sin la voluntad de su dueño. En dicha sustracción no interviene ni la fuerza, ni la violencia y, por tanto, el único hecho tipificado es el mero apoderamiento de una cosa ajena, con ánimo de lucro y sin consentimiento de su dueño.

A su vez, dentro del concepto de hurto, podemos dividir la conducta en delito de hurto y en delito leve de hurto, según el importe económico de la cosa sustraída: si supera o no la cuantía de 400 Euros.

Con anterioridad al 1 de julio de 2015 (día en que entró en vigor la última reforma del Código Penal), si estábamos ante un hurto y la cosa sustraída superaba los 400 Euros, se trataba de delito de hurto; y, por el contrario, si la cuantía era inferior, se trataba de una falta de hurto. Tras la reforma, como se han eliminado las faltas de nuestro ordenamiento jurídico, lo que sucede es que cuando el valor de la cosa extraída es inferior a 400 Euros, la acción se tipifica como un delito leve, cuya pena es de multa (de uno a tres meses)1.

Por su parte, si se trata de un delito de hurto (cosa de más de 400 Euros) la pena puede ser distinta según la cosa sustraída y puede incluso ser de hasta tres años de prisión.

Por su lado, el término robo hace referencia a la conducta de tomar con ánimo de lucro una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño pero, además, requiere que para ello se utilice:

– Fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde se encuentre la cosa sustraída

– Violencia o intimidación sobre las personas: dicha violencia o intimidación puede ser tanto en el momento de cometer el delito, como para proteger su huida, como sobre terceras personas que acudan a auxiliar a la víctima o que persigan al autor.

Evidentemente, las penas del delito de robo son superiores a las del delito de hurto y son distintas según las características de la acción (por ejemplo, la pena varía según si se han utilizado llaves falsas para cometer el delito, si se han usado armas, si se ha cometido en una casa habitada o deshabitada, etcétera).

Finalmente, vamos a ver unos simples ejemplos para diferenciar si se trata de delito de hurto, delito leve de hurto o bien delito de robo:

Juan tiene el móvil encima de la mesa en una cafetería y X se lo sustrae sin que él se de cuenta.

En este caso, estaremos ante un delito leve de hurto ya que el acto se ha realizado sin necesidad de utilizar la fuerza, la violencia o la intimidación y el importe de la cosa sustraída es inferior a 400 Euros.

Juan tiene el móvil encima de la mesa en una cafetería y X se lo sustrae sin que él se de cuenta pero el teléfono tiene un importe superior a 400 Euros.

En este caso, estaremos ante un delito de hurto dado que el acto se ha realizado sin necesidad de utilizar la fuerza, la violencia o la intimidación y el importe de la cosa sustraída es superior a 400 Euros.

X empuja a Juan y le sustrae el móvil que tiene en su mano.

En este caso, estaremos ante un robo ya que se ha utilizado violencia para sustraerle el móvil a Juan.

Juan se ha dejado el móvil dentro del coche y X rompe un cristal para acceder al interior del vehículo y sustraer el teléfono.

En este caso, también estaremos ante un robo ya que X ha utilizado la fuerza contra el cristal del coche.

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1 Siempre y cuando no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 235 del Código Penal. 

Testigo que miente en un juicio

Juan tiene un amigo llamado Pedro.  Pedro, hace unos meses, tuvo un accidente de moto con otro coche; su moto quedó destrozada pero fue su culpa. Como sabía que iba a perder el pleito, Pedro le pidió a su amigo Juan un favor: ir como testigo al Juicio, decir que presenció el accidente y que la culpa fue del conductor del vehículo. Juan aceptó, declaró faltando a la verdad y su amigo Pedro ganó el Juicio.

Meses más tarde, Juan ha recibido una citación en calidad de investigado (la anterior figura de “imputado”): la citación indica que es en base a un presunto delito de “falso testimonio”.

¿Qué puede sucederle a Juan? ¿Puede tener un problema por haber mentido en un Juicio?

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Si bien es cierto que, en virtud del derecho de defensa, a los investigados o acusados se les permite no decir la verdad, los testigos no pueden mentir; ello está regulado en el Código Penal y es un delito: el delito de falso testimonio. Con anterioridad a cualquier declaración testifical, su Señoría hace las advertencias generales de la Ley entre las cuales se encuentra la advertencia de prohibición de mentir al ser susceptible de delito.

En el caso que hemos planteado, Juan – que era testigo – mintió. Para que su conducta se considerase delictiva, su mentira tiene que ser dolosa, es decir, con voluntad de mentir.

La Ley prevé distintas penas para el delito de falso testimonio según el procedimiento en que se haya faltado a la verdad: no conlleva la misma pena mentir en un procedimiento penal que, por ejemplo, en uno civil. Como en el presente caso, Juan fingió en un Juicio penal, en el post nos basaremos en ese supuesto.

Las penas no son bajas y a Juan podrían condenarle a una pena de prisión comprendida entre uno y tres años y, además, a una multa de entre 6 y 12 meses.

En un supuesto similiar estaríamos si Juan, por ejemplo, hubiese sido realmente testigo del accidente y no hubiese faltado totalmente a la verdad pero hubiese matizado u alterado sus respuestas para favorecer a su amigo, hubiese sido inexacto o bien hubiese silenciado hechos o datos relevantes por él conocidos. En este caso, también podría ser condenado por un delito de falso testimonio aunque con una pena más reducida: tan sólo de multa, de 6 a 12 meses y, en su caso, suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio de 6 meses a 3 años.

Por su parte, Pedro también tendrá responsabilidad por la conducta de Juan: lógicamente, el Código Penal también prevé la figura de la persona que presenta a sabiendas testigos falsos. La pena que recaerá sobre Pedro será la misma que a la que se condene a Juan.

Desde nuestra experiencia, hemos podido comprobar que gracias a los avances tecnológicos (móviles o tablets que hacen fotografías, vídeos y audios) el delito de falso testimonio es más fácil de demostrar: actualmente es más sencillo recabar pruebas que demuestren que un testigo ha mentido. Por ejemplo, en el caso de Juan, un peatón o un acompañante del conductor del vehículo podría haber grabado el accidente ocurrido, o bien podría haber una cámara de seguridad en una tienda o banco cercano al lugar del accidente que hubiese filmado la situación.

Si estás en una situación similar o tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.

Mi inquilino no me paga

Juan vive de alquiler pero también es propietario de un piso que heredó de sus padres: como ya tenía adaptada su vivienda, decidió alquilar el inmueble heredado.

El inquilino al que tiene alquilado el piso siempre le paga tarde. Ahora, además, lleva tres meses sin pagarle y a Juan se le empieza a complicar su economía: tiene que hacer frente a su alquiler y , a su vez, continuar pagando la parte de hipoteca que le falta por abonar del piso de sus padres, sin la ayuda que el alquiler de éste le proporcionaba. 

¿Puede Juan desahuciar a sus inquilinos?

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La respuesta es afirmativa.

Un desahucio por falta de pago se puede iniciar cuando el inquilino no paga una o más rentas al propietario (en este caso, a Juan). Cuando el inquilino ni paga, ni abandona el inmueble, está incumpliendo el contrato de alquiler.

En ese momento, Juan, mediante un abogado, podría iniciar un procedimiento de desahucio por falta de pago y reclamación de las cantidades adeudadas. No obstante, desde RIUSIMANS aconsejaríamos a Juan que, previamente, enviase al inquilino un Burofax de requerimiento de pago. ¿Por qué? porque si Juan no requiere extrajudicialmente al inquilino para que pague, éste, una vez iniciado el procedimiento judicial, podrá “enervar1” la acción, es decir, tendrá la oportunidad de pagar en ese momento y paralizar el desahucio: ello provocaría que Juan tuviese que continuar soportando al mismo inquilino que no le pagaba (y que cuando lo hacía era siempre tarde) y que le había obligado a iniciar un procedimiento judicial, soportando los gastos que ello ocasiona. Además, si la situación se repitiese y, tras enervar, el inquilino volviese a no pagarle alguna renta, Juan se vería obligado a volver a iniciar el procedimiento judicial, de modo que la situación se prolongaría más en el tiempo. 

Una vez enviado el Burofax de reclamación de las rentas no abonadas, si el inquilino no paga a Juan, éste deberá iniciar el procedimiento judicial. Se inicia mediante la interposición de una demanda: en el mismo procedimiento se solicitará tanto el desahucio, como la reclamación económica de las deudas.

A continuación, el Juzgado admitirá a trámite la demanda y el Secretario Judicial requerirá al inquilino para que en un plazo máximo de 10 días realice una de las siguientes acciones:

  • Desaloje el inmueble y pague a Juan
  • Enerve, es decir,  pague y, por así decirlo, se archive el procedimiento judicial (esta opción no se le dará si hemos enviado el Burofax del que hablábamos antes)
  • Comparezca a una vista y alegue lo que considere oportuno. Sus alegaciones sólo podrán tratar sobre el pago en sí (si sí que pagó, si la cuantía que debe no es la que se reclama, etcétera)

Si el demandado (el inquilino) no realizase ninguna de las tres anteriores acciones se declarará el desahucio y se fijará día y hora para el lanzamiento2 (el plazo podrá ser inferior a un mes desde el día de la vista). 

Finalmente, una recomendación importante para Juan – o para cualquier casero en su misma situación – es que nunca se debe cambiar la cerradura de la vivienda, ni cortar los suministros ya que si lleva a cabo este tipo de acciones, podría verse involucrado en un asunto peor como es una denuncia por presunto delito de coacciones.

Si te encuentras en una situación similar o tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.


La acción de enervar tan sólo se tiene una vez.

2 El lanzamiento es el trámite para el desalojo de un inmueble.

Pelea en partido de fútbol

Juan juega en una liga de fútbol con sus amigos de toda la vida. A veces, el ambiente se complica con los equipos contrarios y se producen situaciones muy tensas. Realmente nunca le había pasado nada pero en el último partido, un jugador del equipo contrario le dio un puñetazo y le rompió un diente.

Juan denuncia al jugador contrario. ¿Las lesiones que tiene Juan son el resultado de un delito?

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El delito de lesiones está regulado en el artículo 147.1 del Código Penal, que establece que “el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico”.

De la lectura del artículo anterior, podemos ver que el caso de Juan, claramente, se trata de un delito de lesiones ya que se cumplen las siguientes premisas del artículo:

  • Una persona causa una lesión a Juan
  • Dicha lesión menoscaba la integridad corporal de Juan
  • La lesión de Juan requiere no tan sólo una primera asistencia médica, sino, además, un tratamiento médico o quirúrgico: le han roto un diente y necesitará tratamiento.

El jugador de fútbol que le agredió podría ser castigado con una pena de prisión de tres meses a tres años, o bien con una multa de seis a doce meses (según se cumplan unos u otros requisitos que también se establecen en el Código Penal). Evidentemente, si el jugador es condenado, la condena también implicará la carga de antecedentes penales.

 

La situación cambiaría por completo si las lesiones de Juan no hubiesen requerido tratamiento médico o quirúrgico. Si sus lesiones hubiesen consistido, por ejemplo, en hematomas, no se cumpliría la premisa del artículo citado que decía “lesión que requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”.

Pero, entonces, si las lesiones de Juan tan sólo consistiesen en hematomas y arañazos ¿ante qué estaríamos? ¿se trataría de una falta de lesiones?

La respuesta es no. Desde el pasado 1 de julio (2015) las faltas ya no existen: se suprimieron con la última reforma del Código Penal.

En la actualidad, las antiguas faltas de lesiones se denominan “delitos leves de lesiones”; los “delitos leves” son una nueva modalidad de delitos pero menos graves.

Es decir, desde la reforma, todas las acciones que provoquen lesiones son delito: con la diferencia de que según si existe tratamiento médico o quirúrgico o no, se tratará, respectivamente, de un delito de lesiones o de un delito leve de lesiones.

El delito leve de lesiones se regula en el artículo 147.2 del Código Penal y la pena es de multa de uno a tres meses. A esta pena hay que añadirle también los antecedentes penales; diferencia fundamental con las derogadas faltas de lesiones: las faltas no conllevaban antecedentes penales pero los “delitos leves” sí. Por tanto, la conducta de las anteriores faltas de lesiones se ha agravado considerablemente, sobretodo, por la existencia de los antecedentes.

Hay que tener en cuenta que, en principio, en los procedimientos de delitos leves se puede comparecer a Juicio sin letrado pero ¿quién va a arriesgarse a ir a un Juicio sin abogado si una de las cosas que están en juego son sus antecedentes penales?

En la entrada del próximo martes hablaremos sobre los antecedentes y lo que su existencia implica.

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¿Puede una empresa cometer un delito? (Tengo una empresa, 1ª entrega)

En el apartado Sobre el Blog ya os explicamos que, gradualmente, haremos entradas en el Blog que pertenezcan a la clasificación de “tengo una empresa”.

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El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la última reforma del Código Penal y, con ello, la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Obviamente, una persona jurídica, una empresa, una Fundación, etc., no puede ser recluida en un centro penitenciario.  Sin embargo, sí puede ser condenada a penas que restringirán o suprimirán la libertad de la entidad para desarrollarse en el mercado. Medidas como la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la prohibición de realizar actividades en la materia del delito cometido, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, la imposibilidad de contratar con el sector público,  la inhabilitación para obtener beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social, la intervención judicial, el abono de importantísimas multas, o la disolución de la persona jurídica como tal, son medidas que para una persona jurídica son igual de gravosas y definitivas que la reclusión penal para una persona física.

El artículo 31 bis.1 del Código hace referencia a la comisión de los delitos por partes de las personas jurídicas por dos vías:

a) Los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas – y en su beneficio directo o indirecto – por sus representantes legales o trabajadores autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa.

b) Los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta – y en su beneficio directo o indirecto – por personas sometidas a la autoridad de representantes legales (o trabajadores autorizados de la entidad) cuando los hechos se han cometido por una falta grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad.

Por tanto, al contrario de lo que se suele pensar, la persona jurídica no tan sólo puede ser responsable penalmente por las acciones de sus administradores o directivos, sino que también puede serlo por las actuaciones de sus trabajadores siempre y cuando la propia persona jurídica no haya supervisado, vigilado o controlado, y haya conseguido un beneficio – directo o indirecto – con la comisión del delito.

¿Y cómo puede la persona jurídica supervisar, vigilar y controlar a su Organización?

Para responder a la pregunta es preciso acudir al artículo 31 bis.2 del Código Penal, que establece las condiciones que deben cumplirse para que la responsabilidad de la persona jurídica quede exenta – o, por lo menos, atenuada –. Resumidamente, las condiciones son las siguientes:

  1. Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
  2. Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.
  3. Que los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
  4. Que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.

En efecto, en este artículo se regula una de las novedades más destacadas de la reforma: los modelos de organización y control, Programas de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Program Penal. Mediante estos programas de cumplimiento la entidad podrá detectar situaciones y conductas de riesgo, articular medidas preventivas y de control, establecer canales de información internos, organizar sistemas de gestión y supervisión autónomos y, en definitiva, reducir significativamente su responsabilidad penal y normativa.

A modo ilustrativo, vamos a ver unos sencillos ejemplos en los que una empresa puede cometer un delito por la actuación de uno de sus trabajadores:

Ejemplo 1: en una empresa de servicios (empresa A), uno de sus comerciales decide ofrecer una cantidad económica a un funcionario para que su Administración contrate los servicios de su empresa.

En el caso señalado, estaríamos ante un delito de cohecho por parte del funcionario y del comercial, pero ¿podría estar cometiendo la empresa A un delito? La respuesta es sí, si la empresa no dispone de un modelo de organización y gestión adecuado, ya que:

  • Se cumplen los requisitos del artículo 31 bis.1 en cuanto a las personas que pueden cometer el delito y en cuanto a que la empresa conseguirá un beneficio.
  • Si la empresa no dispone de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, muy difícilmente cumplirá con las obligaciones de supervisar, vigilar y controlar que establece el Código Penal.

Ejemplo 2: en una empresa de servicios (empresa A), un trabajador del departamento de recursos humanos contrata a un trabajador de la competencia sabiendo que éste les va a dar traslado de las operativas, los productos, etc. de la empresa de la competencia donde trabajaba.

En este caso, podríamos estar ante un delito de revelación de secretos y un delito contra la propiedad intelectual o industrial. Del mismo modo que en el ejemplo 1, si la empresa A no dispone de un modelo de organización y gestión adecuado, también podrá ser considerada como autora de los delitos indicados, ya que:

  • Se cumplen los requisitos del artículo 31 bis.1 en cuanto a las personas que pueden cometer el delito y en cuanto a que la empresa conseguirá un beneficio o ventaja.
  • Si la empresa no dispone de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, muy difícilmente cumplirá con las obligaciones de supervisar, vigilar y controlar que establece el Código Penal.

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Como la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una novedad legislativa muy amplia y sobre la que se puede profundizar en gran medida, en la siguiente entrega de “tengo una empresa” nos centraremos en los Programas de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Program Penal: qué son, por qué todas las empresas deben tenerlo, para qué sirven y por qué somos los abogados penalistas los que debemos hacerlo.

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Diferencias entre denuncia, demanda y querella (Lo obvio no lo es tanto, 4ª entrega)

Todos hemos escuchado las expresiones “denunciar” y “demandar” con un uso indistinto pero ¿significan lo mismo? ¿son verbos que definen una idéntica acción?

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La respuesta es no.

Coloquialmente, se utilizan los verbos “denunciar” y “demandar” de un modo indistinto para referirse a la acción de “llevar a alguien ante los Tribunales” pero ambos términos no son sinónimos.

La diferencia fundamental se basa en la materia de la que se trate: en general, la demanda es la forma mediante la que se inician los procedimientos civiles, contenciosos-administrativos, sociales y mercantiles. Por el contrario, en esencia, la denuncia es la forma mediante la que se inicia un procedimiento penal (hechos delictivos).

¿Y qué sucede con “querellarse”?

Habitualmente, se suele pensar que el término “querella” está relacionado con delitos de injurias y calumnias. No obstante, su contenido es mucho más amplio y no se acota a los delitos indicados.

Tanto la denuncia como la querella inician los procedimientos del ordenamiento penal pero fundamentalmente hay tres diferencias entre ambas:

  • En la querella, el querellante ejercita la acción penal y, en la denuncia, el denunciante no siempre la ejercita. Ahora bien, ¿qué significa esto? Veámoslo con unos ejemplos:

Si Juan se querella contra Pedro, Juan será parte en el procedimiento, es decir, su abogado irá a las declaraciones, tendrá acceso a toda la documentación, podrá proponer pruebas y participar en ellas, acusar a Pedro y asistir contra él en un Juicio.

Por lo contrario, si Juan denuncia a Pedro, Juan no será parte en el procedimiento (a no ser que expresamente indique lo contrario): lo más habitual es que mediante dicha denuncia Juan ponga en conocimiento de la Policía o del Juzgado unos hechos (presuntamente delictivos) y ya no participe más en el procedimiento.

  • La querella es válida tanto para delitos públicos como para delitos privados1. Por el contrario, la denuncia sólo es apta para delitos públicos.

Los delitos privados son los que sólo pueden perseguirse (iniciarse) por parte del perjudicado por los hechos. Por ejemplo, los delitos de injurias y calumnias que hemos mencionado antes son delitos privados y, por tanto, tan sólo pueden iniciarse por parte del calumniado o injuriado mediante querella (y no denuncia).

Por su parte, los delitos públicos son los que pueden perseguirse por el propio perjudicado, por cualquier otro ciudadano, por el ministerio fiscal, o bien, de oficio. Como hemos dicho, este tipo de delitos pueden iniciarse mediante denuncia o mediante querella.

  • La querella siempre debe presentarse por escrito y tiene que redactarse con una forma determinada que está estipulada por la Ley. Además, en principio, debe dirigirse contra una/s persona/s concreta/s. Contrariamente, la denuncia no tiene un carácter tan formalista e incluso puede ser verbal.

En resumen:

Cuando se trate de reclamaciones económicas, divorcios, despidos, o cualquier otro asunto de índole no delictiva el término adecuado será “demandar”. Por ejemplo:

  • Juan va a demandar a Pedro porque éste le debe los 5.000 Euros que le prestó
  • Juan va a demandar a Pedro porque tienen un conflicto con los lindes de unos viñedos

Por su parte, cuando se trate de asuntos delictivos el término adecuado será “denuncia” o “querella”. Por ejemplo:

  • Juan va a denunciar / querellarse contra Pedro porque éste le ha amenazado
  • Juan va a denunciar / querellarse contra Pedro porque éste le ha robado el coche

 

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1 Existen también los delitos semipúblicos.

 

Creo que me quiero separar / divorciar

Juan tiene una crisis matrimonial; el matrimonio lleva varios años casados, tienen dos hijos menores de edad en común y un patrimonio consistente en un piso y un coche.  

Le asusta la idea de lo desconocido: si será un trámite muy largo, cómo se organizarán con los niños, qué sucederá con el domicilio conyugal, … y muchas otras preguntas. Tiene varios amigos que han pasado por una situación similar pero le han explicado versiones distintas: unos están separados y otros divorciados.

Lo primero que necesita Juan es tener unas nociones básicas de las opciones existentes. ¿Qué diferencias hay entre separación y divorcio? ¿Hay distintos procedimientos?

foto separación divorcio

Ante una ruptura matrimonial hay dos opciones básicas: la separación y el divorcio1.

La diferencia fundamental entre ambas figuras jurídicas es la disolución del vínculo matrimonial. En el caso de la separación, aunque ello suponga la ruptura de la convivencia conyugal, el vínculo matrimonial permanecerá en vigor hasta que no suceda una de las causas que lo disuelven: el divorcio, la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges. Por tanto, si Juan opta por la separación, aunque los efectos del matrimonio quedarán suspendidos, el vínculo matrimonial permanecerá. Por el contrario, el divorcio disuelve totalmente el vínculo del matrimonio.

En el caso de Juan, si él prevé una posible reconciliación con su cónyuge, sería recomendable la separación; por el contrario, si Juan considera su decisión definitiva tendría que optar por el divorcio ya que si en un primer momento opta por la separación y más adelante desea divorciarse, tendrá que volver a iniciar otro procedimiento igual o similar.

Independientemente de que Juan se decida por el divorcio o la separación, caben dos opciones: el procedimiento de mutuo acuerdo o el contencioso.

  • Separación o divorcio de mutuo acuerdo

Este procedimiento es más rápido y económico. Rápido porque Juan y su cónyuge se pondrán de acuerdo en cuestiones que de lo contrario se discutirían en sede judicial y económico porque tan sólo necesitarán un Abogado para ambos. Además, emocionalmente, es un procedimiento preferible ya que, sobre todo en el caso de tener niños, un contencioso es siempre más duro.

El procedimiento se inicia con la presentación de una demanda por parte de los dos cónyuges conjuntamente o por parte de uno de ellos con el consentimiento del otro.

La demanda tiene que estar acompañada por una propuesta de convenio regulador, donde se regularán todos los aspectos personales o patrimoniales de los cónyuges (cuestiones sobre los hijos, posible pensión compensatoria, el uso de la vivienda familiar, la liquidación del régimen económico matrimonial, etcétera). En Cataluña, si los cónyuges tienen hijos comunes que están bajo su potestad – como es el caso de Juan – el convenio regulador debe contener un plan de parentalidad. Resumidamente, un plan de parentalidad es un documento donde los progenitores que van a separarse / divorciarse concretan todos los aspectos necesarios para la guarda, el cuidado y la educación de sus hijos.

  • Separación o divorcio contencioso

El procedimiento se inicia con la presentación de una demanda por parte de uno de los cónyuges frente al otro. Ésta deberá contener la solicitud de separación o divorcio, la regulación sobre la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas a favor del cónyuge no custodio, la pensión de alimentos, el uso del domicilio conyugal, la posible pensión compensatoria y la liquidación de los bienes del matrimonio.

Una vez el otro cónyuge recibe la demanda, debe contestar a la misma y oponerse a todas las cuestiones con las que no esté de acuerdo. A partir de este momento2, se fijará por el Juzgado un día para el Juicio y, posteriormente, el Juez dictará la correspondiente Sentencia donde resolverá las peticiones de las partes.

Como es un tema muy amplio, el próximo martes hablaremos sobre las custodias y el uso del domicilio familiar.


1 Existe la posibilidad de la nulidad matrimonial.

2 Cabe la posibilidad de solicitar medidas provisionales para que se regule la situación de determinados aspectos (guardia y custodia de los hijos menores, régimen de visitas, atribución del uso del domicilio familiar, etcétera) mientras se tramita el procedimiento de separación o divorcio.

Tras la declaración como investigado (Lo obvio no lo es tanto, 2ª entrega)

Hace unas semanas, en nuestra primera entrega sobre “lo obvio no lo es tanto”, hablamos de cuando se personaron los Mossos d’Esquadra en casa de Juan y le entregaron una citación para acudir a declarar en calidad investigado. Podéis volver a ver la entrada en el siguiente link Declaración como investigado (Lo obvio no lo es tanto, 1ª entrega)

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Juan ya ha declarado como investigado. Sabe que nosotros, como sus letrados, hemos acudido a distintas declaraciones de testigos y que, además, se han practicado varias Diligencias de Investigación1 en su procedimiento.

¿Qué sucede tras la declaración de Juan como investigado? ¿Irá Juan a Juicio?

Una vez practicadas todas las Diligencias de Investigación oportunas, el Juez de Instrucción dictará Auto2 en el que conste una de las siguientes resoluciones:

  1. Sobreseimiento3. Si el Juez de Instrucción estima que los hechos no constituyen infracción penal o bien que no ha quedado acreditada la relación de Juan en los hechos, dictará Auto de Sobreseimiento. De este modo, se pondrá fin al procedimiento penal (sobreseimiento libre) o se suspenderá (sobreseimiento provisional).
  2. Transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Se dictará Auto en esta línea si el Juez de Instrucción estima que de las Diligencias practicadas se desprenden indicios de criminalidad sobre Juan y, por tanto, el procedimiento continuará.
  3. Inhibición del procedimiento al Juzgado que corresponda. Si el Juez estima que los hechos no son perseguibles por parte de su Juzgado, inhibirá los hechos a favor del órgano correspondiente (por ejemplo, si Juan fuese menor de edad, se daría traslado de lo actuado a la Fiscalía de Menores para que iniciase los trámites según la Ley de Responsabilidad Penal del Menor).

Lógicamente, lo más favorable para Juan sería que el Juez de Instrucción dictase sobreseimiento. No obstante, si decide dictar Auto resolviendo una de las dos últimas opciones indicadas, el procedimiento contra Juan continuará.

Como en la primera entrada de “lo obvio no lo es tanto” basamos el caso de Juan en un Procedimiento Abreviado, nos centraremos en la opción número 2.  Por tanto, si el Juez de Instrucción dicta Auto de transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, significa que éste considera que hay indicios de criminalidad contra Juan y que, por tanto, considera viable una acusación contra él. Una vez dictado este Auto, se le dará traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en el procedimiento para que soliciten una de las siguientes opciones:

  • Sobreseimiento de la causa.
  • Apertura de Juicio oral, formulando escrito de acusación contra Juan.
  • Práctica de Diligencias complementarias (de forma excepcional).

Por tanto, en el peor de los casos, el Ministerio Fiscal, o bien alguna de las acusaciones personadas, solicitará la apertura del Juicio Oral contra Juan y presentará escrito de acusación. En este caso, lo más habitual sería que el Juez de Instrucción acordara la apertura del Juicio Oral y, por tanto, Juan pasaría de ser “investigado” en el procedimiento a ser “acusado” (a la espera de Juicio).

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona


1 Son Diligencias de Investigación las actuaciones encaminadas a preparar el Juicio. Se practican para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los posibles responsables.

Entre otras, son Diligencias de Investigación la inspección ocular, el cuerpo del delito, las declaraciones de los investigados, las declaraciones de los testigos y los informes periciales.

2 Un Auto es un tipo de Resolución judicial.

3 El sobreseimiento puede ser de dos tipos: sobreseimiento libre y sobreseimiento provisional.

Será sobreseimiento libre cuando:

  • No existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.
  • El hecho no sea constitutivo de delito.
  • Aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.

Será sobreseimiento provisional cuando:

  • No resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
  • Resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada/s persona/s como autores, cómplices o encubridores.


Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS, Abogados en Sant Andreu, Barcelona. 

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He tenido un accidente de trabajo. ¿Y ahora qué?

En el desarrollo de su trabajo, Juan ha sufrido una caída de tres metros de altura. Estaba subido en la escalera de mano que usaba siempre; uno de los peldaños, tras previas roturas, tenía mala inclinación y era inestable. Su jefe tenía conocimiento de ello pero se negaba a proporcionarle una nueva.

Afortunadamente, las consecuencias del accidente no han sido tan graves como parecían. De todos modos, se ha roto una pierna y podría quedarle alguna pequeña secuela en la espalda. Además, parece que va a tener que estar varios meses de baja.

¿Cómo debe actuar Juan tras el accidente? ¿Tiene derecho a recibir algún tipo de prestación?

Foto escalera

La Ley General de la Seguridad Social recoge la definición legal de accidente de trabajo: “se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.

Para que un accidente sea considerado laboral, debe haber un nexo causal entre el trabajo y el accidente. Salvo prueba en contrario, las lesiones que sufra un trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo se presumen accidente de trabajo. La situación de Juan es sencilla: como el accidente ocurrió mientras desarrollaba sus funciones en horario laboral, se considerará accidente de trabajo.  

Tras sufrir el accidente, Juan tiene derecho a percibir las siguientes prestaciones:

  1. Asistencia sanitaria
  2. Prestación económica durante su baja laboral
  3. Prestación económica ante la existencia de secuelas
  4. Recargo de prestaciones
  5. Cantidades adicionales incluidas como mejora en el Convenio Colectivo del trabajador accidentado
  6. Indemnización por responsabilidad civil

Nos centraremos en las prestaciones números 4 y 6, al tratarse de las más desconocidas.

Recargo de prestaciones

El recargo de prestaciones1 es un incremento de las prestaciones por incapacidad temporal y/o permanente que acontece cuando el accidente ha sucedido por culpa del empresario – u otros posibles responsables –, por infracción de las medidas de seguridad.

En nuestro caso concreto, Juan tendría derecho al citado recargo de prestaciones dado que la escalera que estaba utilizando no cumplía con las medidas de seguridad adecuadas: estaba en mal estado y el empresario, que tenía conocimiento de ello, permitía su uso.

Tras la propuesta por parte Inspección de trabajo o parte del propio trabajador, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el encargado de incoar el procedimiento. Por tanto, si Inspección no solicita tal prestación, será Juan el que deberá solicitarla.

En la resolución del INSS – donde se acuerde el recargo – se indicará la determinación de la cuantía y las bases de las prestaciones a las que deberá aplicarse. El porcentaje será proporcional a la gravedad de las faltas o infracciones ocasionadas por el empresario.

Ahora bien, una vez reconocido el recargo de prestaciones, no significa que Juan vaya a percibir el importe del recargo directamente en su cuenta bancaria por parte del empresario. La empresa deberá ingresar la totalidad del importe fijado en la Tesorería General de la Seguridad Social y será ésta la encargada de abonar las cantidades correspondientes a Juan.

Indemnización por responsabilidad civil

Juan podría obtener una indemnización por la responsabilidad civil del empresario o de los otros posibles responsables (indemnización complementaria a las prestaciones que otorga la Seguridad Social). Esta indemnización tiene la finalidad de reparar el daño real que haya sufrido Juan como consecuencia del accidente de trabajo, ante la culpa o negligencia del empresario (u otros).

Los daños reclamables pueden ser de tres tipos:

  • Daños corporales. Son las lesiones físicas o psíquicas que permanezcan tras el accidente. Juan, por ejemplo, tendrá secuelas en la espalda y en la pierna fracturada y, por tanto, éstas son las lesiones que podrá reclamar como daños corporales.
  • Daños patrimoniales. Este tipo de daños está integrado por dos conceptos: los daños emergentes y el lucro cesante. Los daños emergentes son los daños que se producen en bienes materiales, así como los gastos; y el lucro cesante es la pérdida de ingresos y de expectativas de mejora.
  • Daños morales. Cabría la posibilidad de reclamar por los daños morales que el accidente haya repercutido en la vida de Juan.

 

Por tanto, si has sufrido un accidente de trabajo y crees que puedes tener derecho a alguna de las prestaciones indicadas, te recomendamos informarte sobre la viabilidad de una posible reclamación Contacto


1 El artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social establece que “todas las prestaciones que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aumentaran de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o los elementos de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajador, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”.