Diferencias entre violencia doméstica y violencia de género (Lo obvio no lo es tanto, 7ª entrega)

Esta semana continuamos con nuestras entregas de “Lo obvio no lo es tanto” donde intentamos aclarar de un modo sencillo conceptos básicos del Derecho. Si quieres ver las anteriores entradas de esta temática puedes clicar aquí.


Conceptualmente podemos definir ambos términos como la violencia física, psíquica o psicológica que produce un agravio en la vida, integridad física o moral, en la libertad, en la libertad sexual, en la capacidad de decisión y/o en la tranquilidad de la víctima.

La diferencia básica entre ambos conceptos es que la “violencia de género” es aquella que se ejerce sobre la mujer, mientras que la “violencia doméstica” es la que se ejerce sobre cualquier miembro de la unidad familiar. A pesar de esta distinción fundamental, hay diversos aspectos que también distinguen un concepto del otro; como es el caso del sujeto activo que lo realiza, el bien jurídico que protege el concepto, la habitualidad, la calificación penal, etcétera.

Para mayor claridad, esquemáticamente las diferencias básicas son las siguientes:

Violencia doméstica:

  • El sujeto activo (agresor) es cualquier persona que integra el núcleo familiar
  • El sujeto pasivo (víctima) es cualquier persona integrante del mismo núcleo familiar que el sujeto activo
  • Requiere habitualidad de acciones, es decir, en términos generales, para que se considere violencia doméstica deben existir distintas acciones durante un tiempo
  • El bien jurídico protegido es la integridad moral de las víctimas y el ambiente pacífico y de convivencia de las familias

Violencia de género:

  • El sujeto activo (agresor) es un hombre: el marido/pareja o ex marido/ex pareja de la víctima
  • El sujeto pasivo (víctima) es una mujer: la esposa/pareja o ex esposa/ex pareja del agresor (aunque no haya existido convivencia entre ambos)
  • No requiere habitualidad de acciones, es decir, con una acción es suficiente para que se considere violencia de género
  • El bien jurídico protegido es el conjunto de bienes jurídico-personales de la mujer (la vida, la integridad física, la integridad moral, etcétera)

Es preciso señalar que el legislador ha querido proporcionar mayor protección a las víctimas de la violencia doméstica y violencia de género aumentando considerablemente las penas en los delitos cometidos en el abanico de estos tipos de violencia.

Veamos unos sencillos ejemplos para valorar – de un modo básico – si se trata de violencia doméstica o violencia de género:

– Juan agrede a su novia María (viven juntos): violencia de género

– Juan agrede a su novia María (no viven juntos): violencia de género

– Juan agrede a su ex novia María (no viven juntos): violencia de género

– María agrede a su novio Juan (viven juntos): violencia doméstica

– María agrede a su novio Juan (no viven juntos): no tiene consideración de violencia doméstica (tampoco de violencia de género); la acción concreta se ajustaría al tipo específico del Código Penal (por ejemplo, si la violencia ha consistido en lesiones, el tipo penal se ajustaría al delito de lesiones general)

– Juan agrede a su hermano Pedro (viven juntos): violencia doméstica

– Juan agrede a su hermano Pedro (no viven juntos): no tiene consideración de violencia doméstica (tampoco de violencia de género)

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¿Puede una empresa cometer un delito? El “Compliance penal” II (Tengo una empresa, 3ª Entrega)

En las dos primeras entregas de nuestro bloque “Tengo una empresa” os hablamos de la Responsabilidad Penal Corporativa y del concepto de “Compliance penal”.
En ese último post abordamos el concepto de “Compliance penal” haciendo referencia a que el Código Penal, en su última reforma de 2015, introdujo una herramienta para atenuar o eximir la responsabilidad penal de las personas jurídicas: los modelos de organización y gestión para la prevención de riesgos penales a los que alude el artículo 31 bis.2.1ª del citado texto legal. Estos “modelos de organización y gestión” son los denominados “Compliance penal” o “Programas de cumplimiento”.

Pero realmente ¿en qué consiste un “Compliance”?

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Un “Compliance” no es un simple informe sino que es un Proyecto más amplio consistente en una serie de documentos y acciones orientados a prevenir la comisión de delitos en las empresas. El artículo 31 bis.5 del Código Penal detalla los requisitos que deben cumplir; resumidamente son los siguientes:

  • Identificación de las actividades de la organización en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos
  • Realización de protocolos o procedimientos sobre el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos
  • Modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deban ser prevenidos
  • Incorporación de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo que se encargue de la vigilancia y observación del funcionamiento del modelo de prevención o proyecto “Compliance”
  • Establecimiento de un sistema disciplinario que sancione de modo adecuado el incumplimiento de las medidas que se establezcan en el “Compliance”. Para ello, RIUSIMANS recomienda, además, la realización de un Código Ético
  • Verificación periódica del conjunto del modelo y modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes relacionadas, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o bien en la actividad empresarial

Obviamente, un Proyecto “Compliance” tiene que estar orientado a la empresa concreta; para que el proyecto cumpla con lo establecido con el Código Penal y sea de utilidad no puede tratarse de un conjunto de documentos estereotipados o generalistas que podrían definir a cualquier tipo de organización empresarial. En RIUSIMANS Abogados estudiamos la concreta organización empresarial y analizamos la documentación de empresa para evaluar los riesgos jurídico – penales aplicables a cada organización. Gracias al estudio previo de la entidad, se elabora un mapa de riesgos a partir del cual se desglosa todo el Proyecto que, evidentemente, se sustenta de forma documental.

Con la instauración de un proyecto “Compliance” se realiza un cambio de cultura empresarial que beneficia a la persona jurídica, mitigando así sus riesgos penales.

Si tienes alguna duda o tu empresa no dispone de un “Compliance penal”, puedes ponerte en contacto con RIUSIMANS Abogados. Asimismo, si tu empresa cuenta con documentación relativa a la prevención de riesgos penales pero no sabes el alcance de su validez, te asesoraremos sin compromiso.

¿Abogado gratis? (Lo obvio no lo es tanto, 6ª entrega)

Juan tiene un problema jurídico y no conoce a ningún abogado. Varios amigos le han dicho que solicite un abogado de oficio para que el asunto le resulte gratis.  ¿Puede Juan solicitar un abogado de oficio para no tener que pagar los honorarios profesionales de un letrado?

Para responder a la pregunta planteada hay que diferenciar dos conceptos: el abogado de oficio y la asistencia jurídica gratuita. Ambos son conceptos distintos y no tienen por qué ir asociados. Por tanto, si Juan piensa que tener un abogado de oficio va a resultarle gratuito, está equivocado.

Juan, al igual que cualquier ciudadano, si lo desea y no conoce a ningún abogado, puede solicitar uno de oficio para que le asista jurídicamente. No obstante, ello no implica que no tenga que pagar por los servicios que éste le ofrezca; muy al contrario. Para que este abogado de oficio le resulte gratuito, Juan debe solicitar el “derecho de asistencia jurídica gratuita”, que sólo se le reconocerá si carece de patrimonio suficiente o cuenta con unos recursos o ingresos escasos. En cuanto al patrimonio, cabe decir que se comprobarán tanto los bienes inmuebles, como los rendimientos de capital mobiliario y, en cuanto a los recursos o ingresos, se atenderá a lo que tasa la Ley. Actualmente, para que Juan obtuviese el derecho a la asistencia jurídica gratuita, su unidad familiar debería percibir anualmente una cantidad inferior a los siguientes importes:

  • Si en su unidad familiar él es el único miembro: 12.780 Euros anuales
  • Si en su unidad familiar son dos o tres personas: 15.975,33 Euros anuales
  • Si en su unidad familiar son cuatro personas: 19.170,39 Euros anuales

Por tanto, para que Juan tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberá percibir unos ingresos anuales escasos; si supera las cantidades indicadas, a pesar de contar con un abogado de oficio, deberá abonarle sus servicios. Por ello, si Juan no cumple los requisitos económicos será indiferente para su economía que acuda a un abogado de oficio o que acuda a un abogado particular de confianza ya que a ambos les pagará sus honorarios.

Al margen de los requisitos patrimoniales y económicos mencionados, existen unas excepciones para que a Juan se le reconozca el derecho a la justicia gratuita sin tener en cuenta su patrimonio o recursos: si es víctima de la violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos; si fuese menor de edad o discapacitado psíquico víctima de abusos o malos tratos, y a sus causahabientes, en caso de muerte (siempre y cuando no se trate del agresor) durante el tiempo que esté vigente el procedimiento o haya sentencia condenatoria; o, si como consecuencia de un accidente acredita secuelas permanentes que le impidan la realización de su ocupación laboral o profesión habitual y necesita la ayuda de un tercero para las tareas esenciales de su vida diaria (cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por daños y perjuicios).

Por lo tanto, en conclusión, podemos afirmar que abogado de oficio no significa abogado gratuito.

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Diferencias entre robo y hurto (Lo obvio no lo es tanto, 5ª entrega)

Comúnmente, se utiliza el término “robo” para referirse al hecho de apoderarse de una cosa de otra persona sin su consentimiento. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico distingue entre dos figuras para una situación así: el hurto y el robo.

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Se trata de un hurto cuando una cosa mueble ajena se toma con ánimo de lucro sin la voluntad de su dueño. En dicha sustracción no interviene ni la fuerza, ni la violencia y, por tanto, el único hecho tipificado es el mero apoderamiento de una cosa ajena, con ánimo de lucro y sin consentimiento de su dueño.

A su vez, dentro del concepto de hurto, podemos dividir la conducta en delito de hurto y en delito leve de hurto, según el importe económico de la cosa sustraída: si supera o no la cuantía de 400 Euros.

Con anterioridad al 1 de julio de 2015 (día en que entró en vigor la última reforma del Código Penal), si estábamos ante un hurto y la cosa sustraída superaba los 400 Euros, se trataba de delito de hurto; y, por el contrario, si la cuantía era inferior, se trataba de una falta de hurto. Tras la reforma, como se han eliminado las faltas de nuestro ordenamiento jurídico, lo que sucede es que cuando el valor de la cosa extraída es inferior a 400 Euros, la acción se tipifica como un delito leve, cuya pena es de multa (de uno a tres meses)1.

Por su parte, si se trata de un delito de hurto (cosa de más de 400 Euros) la pena puede ser distinta según la cosa sustraída y puede incluso ser de hasta tres años de prisión.

Por su lado, el término robo hace referencia a la conducta de tomar con ánimo de lucro una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño pero, además, requiere que para ello se utilice:

– Fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde se encuentre la cosa sustraída

– Violencia o intimidación sobre las personas: dicha violencia o intimidación puede ser tanto en el momento de cometer el delito, como para proteger su huida, como sobre terceras personas que acudan a auxiliar a la víctima o que persigan al autor.

Evidentemente, las penas del delito de robo son superiores a las del delito de hurto y son distintas según las características de la acción (por ejemplo, la pena varía según si se han utilizado llaves falsas para cometer el delito, si se han usado armas, si se ha cometido en una casa habitada o deshabitada, etcétera).

Finalmente, vamos a ver unos simples ejemplos para diferenciar si se trata de delito de hurto, delito leve de hurto o bien delito de robo:

Juan tiene el móvil encima de la mesa en una cafetería y X se lo sustrae sin que él se de cuenta.

En este caso, estaremos ante un delito leve de hurto ya que el acto se ha realizado sin necesidad de utilizar la fuerza, la violencia o la intimidación y el importe de la cosa sustraída es inferior a 400 Euros.

Juan tiene el móvil encima de la mesa en una cafetería y X se lo sustrae sin que él se de cuenta pero el teléfono tiene un importe superior a 400 Euros.

En este caso, estaremos ante un delito de hurto dado que el acto se ha realizado sin necesidad de utilizar la fuerza, la violencia o la intimidación y el importe de la cosa sustraída es superior a 400 Euros.

X empuja a Juan y le sustrae el móvil que tiene en su mano.

En este caso, estaremos ante un robo ya que se ha utilizado violencia para sustraerle el móvil a Juan.

Juan se ha dejado el móvil dentro del coche y X rompe un cristal para acceder al interior del vehículo y sustraer el teléfono.

En este caso, también estaremos ante un robo ya que X ha utilizado la fuerza contra el cristal del coche.

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1 Siempre y cuando no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 235 del Código Penal. 

Testigo que miente en un juicio

Juan tiene un amigo llamado Pedro.  Pedro, hace unos meses, tuvo un accidente de moto con otro coche; su moto quedó destrozada pero fue su culpa. Como sabía que iba a perder el pleito, Pedro le pidió a su amigo Juan un favor: ir como testigo al Juicio, decir que presenció el accidente y que la culpa fue del conductor del vehículo. Juan aceptó, declaró faltando a la verdad y su amigo Pedro ganó el Juicio.

Meses más tarde, Juan ha recibido una citación en calidad de investigado (la anterior figura de “imputado”): la citación indica que es en base a un presunto delito de “falso testimonio”.

¿Qué puede sucederle a Juan? ¿Puede tener un problema por haber mentido en un Juicio?

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Si bien es cierto que, en virtud del derecho de defensa, a los investigados o acusados se les permite no decir la verdad, los testigos no pueden mentir; ello está regulado en el Código Penal y es un delito: el delito de falso testimonio. Con anterioridad a cualquier declaración testifical, su Señoría hace las advertencias generales de la Ley entre las cuales se encuentra la advertencia de prohibición de mentir al ser susceptible de delito.

En el caso que hemos planteado, Juan – que era testigo – mintió. Para que su conducta se considerase delictiva, su mentira tiene que ser dolosa, es decir, con voluntad de mentir.

La Ley prevé distintas penas para el delito de falso testimonio según el procedimiento en que se haya faltado a la verdad: no conlleva la misma pena mentir en un procedimiento penal que, por ejemplo, en uno civil. Como en el presente caso, Juan fingió en un Juicio penal, en el post nos basaremos en ese supuesto.

Las penas no son bajas y a Juan podrían condenarle a una pena de prisión comprendida entre uno y tres años y, además, a una multa de entre 6 y 12 meses.

En un supuesto similiar estaríamos si Juan, por ejemplo, hubiese sido realmente testigo del accidente y no hubiese faltado totalmente a la verdad pero hubiese matizado u alterado sus respuestas para favorecer a su amigo, hubiese sido inexacto o bien hubiese silenciado hechos o datos relevantes por él conocidos. En este caso, también podría ser condenado por un delito de falso testimonio aunque con una pena más reducida: tan sólo de multa, de 6 a 12 meses y, en su caso, suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio de 6 meses a 3 años.

Por su parte, Pedro también tendrá responsabilidad por la conducta de Juan: lógicamente, el Código Penal también prevé la figura de la persona que presenta a sabiendas testigos falsos. La pena que recaerá sobre Pedro será la misma que a la que se condene a Juan.

Desde nuestra experiencia, hemos podido comprobar que gracias a los avances tecnológicos (móviles o tablets que hacen fotografías, vídeos y audios) el delito de falso testimonio es más fácil de demostrar: actualmente es más sencillo recabar pruebas que demuestren que un testigo ha mentido. Por ejemplo, en el caso de Juan, un peatón o un acompañante del conductor del vehículo podría haber grabado el accidente ocurrido, o bien podría haber una cámara de seguridad en una tienda o banco cercano al lugar del accidente que hubiese filmado la situación.

Si estás en una situación similar o tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.

Mi inquilino no me paga

Juan vive de alquiler pero también es propietario de un piso que heredó de sus padres: como ya tenía adaptada su vivienda, decidió alquilar el inmueble heredado.

El inquilino al que tiene alquilado el piso siempre le paga tarde. Ahora, además, lleva tres meses sin pagarle y a Juan se le empieza a complicar su economía: tiene que hacer frente a su alquiler y , a su vez, continuar pagando la parte de hipoteca que le falta por abonar del piso de sus padres, sin la ayuda que el alquiler de éste le proporcionaba. 

¿Puede Juan desahuciar a sus inquilinos?

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La respuesta es afirmativa.

Un desahucio por falta de pago se puede iniciar cuando el inquilino no paga una o más rentas al propietario (en este caso, a Juan). Cuando el inquilino ni paga, ni abandona el inmueble, está incumpliendo el contrato de alquiler.

En ese momento, Juan, mediante un abogado, podría iniciar un procedimiento de desahucio por falta de pago y reclamación de las cantidades adeudadas. No obstante, desde RIUSIMANS aconsejaríamos a Juan que, previamente, enviase al inquilino un Burofax de requerimiento de pago. ¿Por qué? porque si Juan no requiere extrajudicialmente al inquilino para que pague, éste, una vez iniciado el procedimiento judicial, podrá “enervar1” la acción, es decir, tendrá la oportunidad de pagar en ese momento y paralizar el desahucio: ello provocaría que Juan tuviese que continuar soportando al mismo inquilino que no le pagaba (y que cuando lo hacía era siempre tarde) y que le había obligado a iniciar un procedimiento judicial, soportando los gastos que ello ocasiona. Además, si la situación se repitiese y, tras enervar, el inquilino volviese a no pagarle alguna renta, Juan se vería obligado a volver a iniciar el procedimiento judicial, de modo que la situación se prolongaría más en el tiempo. 

Una vez enviado el Burofax de reclamación de las rentas no abonadas, si el inquilino no paga a Juan, éste deberá iniciar el procedimiento judicial. Se inicia mediante la interposición de una demanda: en el mismo procedimiento se solicitará tanto el desahucio, como la reclamación económica de las deudas.

A continuación, el Juzgado admitirá a trámite la demanda y el Secretario Judicial requerirá al inquilino para que en un plazo máximo de 10 días realice una de las siguientes acciones:

  • Desaloje el inmueble y pague a Juan
  • Enerve, es decir,  pague y, por así decirlo, se archive el procedimiento judicial (esta opción no se le dará si hemos enviado el Burofax del que hablábamos antes)
  • Comparezca a una vista y alegue lo que considere oportuno. Sus alegaciones sólo podrán tratar sobre el pago en sí (si sí que pagó, si la cuantía que debe no es la que se reclama, etcétera)

Si el demandado (el inquilino) no realizase ninguna de las tres anteriores acciones se declarará el desahucio y se fijará día y hora para el lanzamiento2 (el plazo podrá ser inferior a un mes desde el día de la vista). 

Finalmente, una recomendación importante para Juan – o para cualquier casero en su misma situación – es que nunca se debe cambiar la cerradura de la vivienda, ni cortar los suministros ya que si lleva a cabo este tipo de acciones, podría verse involucrado en un asunto peor como es una denuncia por presunto delito de coacciones.

Si te encuentras en una situación similar o tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.


La acción de enervar tan sólo se tiene una vez.

2 El lanzamiento es el trámite para el desalojo de un inmueble.

Pelea en partido de fútbol

Juan juega en una liga de fútbol con sus amigos de toda la vida. A veces, el ambiente se complica con los equipos contrarios y se producen situaciones muy tensas. Realmente nunca le había pasado nada pero en el último partido, un jugador del equipo contrario le dio un puñetazo y le rompió un diente.

Juan denuncia al jugador contrario. ¿Las lesiones que tiene Juan son el resultado de un delito?

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El delito de lesiones está regulado en el artículo 147.1 del Código Penal, que establece que “el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico”.

De la lectura del artículo anterior, podemos ver que el caso de Juan, claramente, se trata de un delito de lesiones ya que se cumplen las siguientes premisas del artículo:

  • Una persona causa una lesión a Juan
  • Dicha lesión menoscaba la integridad corporal de Juan
  • La lesión de Juan requiere no tan sólo una primera asistencia médica, sino, además, un tratamiento médico o quirúrgico: le han roto un diente y necesitará tratamiento.

El jugador de fútbol que le agredió podría ser castigado con una pena de prisión de tres meses a tres años, o bien con una multa de seis a doce meses (según se cumplan unos u otros requisitos que también se establecen en el Código Penal). Evidentemente, si el jugador es condenado, la condena también implicará la carga de antecedentes penales.

 

La situación cambiaría por completo si las lesiones de Juan no hubiesen requerido tratamiento médico o quirúrgico. Si sus lesiones hubiesen consistido, por ejemplo, en hematomas, no se cumpliría la premisa del artículo citado que decía “lesión que requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”.

Pero, entonces, si las lesiones de Juan tan sólo consistiesen en hematomas y arañazos ¿ante qué estaríamos? ¿se trataría de una falta de lesiones?

La respuesta es no. Desde el pasado 1 de julio (2015) las faltas ya no existen: se suprimieron con la última reforma del Código Penal.

En la actualidad, las antiguas faltas de lesiones se denominan “delitos leves de lesiones”; los “delitos leves” son una nueva modalidad de delitos pero menos graves.

Es decir, desde la reforma, todas las acciones que provoquen lesiones son delito: con la diferencia de que según si existe tratamiento médico o quirúrgico o no, se tratará, respectivamente, de un delito de lesiones o de un delito leve de lesiones.

El delito leve de lesiones se regula en el artículo 147.2 del Código Penal y la pena es de multa de uno a tres meses. A esta pena hay que añadirle también los antecedentes penales; diferencia fundamental con las derogadas faltas de lesiones: las faltas no conllevaban antecedentes penales pero los “delitos leves” sí. Por tanto, la conducta de las anteriores faltas de lesiones se ha agravado considerablemente, sobretodo, por la existencia de los antecedentes.

Hay que tener en cuenta que, en principio, en los procedimientos de delitos leves se puede comparecer a Juicio sin letrado pero ¿quién va a arriesgarse a ir a un Juicio sin abogado si una de las cosas que están en juego son sus antecedentes penales?

En la entrada del próximo martes hablaremos sobre los antecedentes y lo que su existencia implica.

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