Diferencias entre el finiquito e indemnización por despido II (Lo obvio no lo es tanto, 10ª entrega)

“Juan recibe una carta de despido en la que se reconoce que es improcedente y se le ofrece cerrar el conflicto en ese mismo momento mediante la entrega de una cantidad económica. ¿Es correcto?”

Hasta la reforma laboral del año 2012 era bastante habitual que las empresas utilizasen el despido con reconocimiento de improcedencia. Es decir, existía, en realidad, una especie de despido libre indemnizado. Aunque formalmente el empleador indicaba en la carta de despido algunos incumplimientos laborales del trabajador, admitía que el despido carecía de causa y/o prueba suficiente y, por tanto, debía considerarse improcedente, indemnizando en el acto al trabajador según el baremo establecido por la normativa.

Actualmente el empleador no puede reconocer la improcedencia en la carta de despido- o al menos no sería correcto hacerlo y menos aceptarlo, tal cual, el trabajador- y debe justificar adecuadamente por qué extingue la relación laboral. A posteriori, si el trabajador impugna el despido y se llega a un acuerdo en el servicio de conciliación sí que podrá reconocerse que el despido era improcedente.

Si el empresario ofrece al trabajador un acuerdo económico para extinguir la relación laboral que no pasa por el Servicio de conciliación correspondiente, se tratará de un acuerdo indemnizatorio privado y no gozará de las exenciones de tributación que tienen la mayoría de indemnizaciones por extinción de la relación laboral. Es decir, el importe recibido por el trabajador con fundamento en dicho acuerdo tributará en el Impuesto de la renta (hay algunas excepciones respecto a los despidos objetivos)

En ese sentido, el artículo 7 e) de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la renta establece que

“Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato”.

No sólo eso, este tipo de pactos pueden llevar a la denegación de la prestación por desempleo por parte del Servicio de empleo, al considerar que no existe un despido como tal, sino una baja voluntaria indemnizada y/o acuerdo privado entre las partes.

Cuando se alcanza un acuerdo en el Servicio de conciliación, el Letrado del Servicio emitirá un acta en la que constarán las condiciones económicas, forma de pago y otras situaciones relevantes que permitirán al trabajador acreditar ante la Agencia Tributaria que el importe recibido en su cuenta no debe tributar.

Por tanto, en general, ante un despido es importante asesorarse adecuadamente, no firmar acuerdos que no pasen por el servicio de conciliación y tener ciertas cautelas y prevenciones para no llevarse sorpresas desagradables de última hora.

Si te han despedido o tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS Abogados en el teléfono 93.517.45.43 o enviando un correo electrónico a info@riusimans.com. Estamos en Sant Andreu, Barcelona. http://www.riusimans.com

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores y las modificaciones societarias

FullSizeRenderJuan acaba de someterse a un reconocimiento médico en su empresa. A los dos días se formaliza el cambio de denominación de su empresa que además se transforma de una S.L. a una S.A, sin cambiar el objeto de actividad, puestos de trabajo, tareas, instalaciones, y en general, sin que se produzcan modificación alguna en las condiciones de trabajo. ¿Es necesario que a Juan se le vuelva a ofrecer reconocimiento médico?

Este tipo de cuestiones se presentan más habitualmente de lo que parece. No ofrecer la vigilancia de la salud a los trabajadores es sancionable. Si Inspección de Trabajo se persona en una empresa solicitará los certificados de aptitud o el ofrecimiento de la vigilancia de la salud de los trabajadores para comprobar que la empresa cumple. Si la empresa ha cambiado de estructura o de denominación, en ocasiones surgen los problemas.

Lo mismo sucede cuando diversas empresas contratan entre sí y deben coordinar sus actividades empresariales, informar, y/o vigilar sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, inclusive la vigilancia de la salud. En estos casos, si una empresa principal A contrata con X, que le remite los certificados de aptitud de sus trabajadores a nombre de la empresa Y, (anterior denominación de X) surgen nuevos problemas. En ocasiones, la empresa principal requiere un certificado de aptitud a nombre de la nueva razón social, por mucho que preventivamente el cambio societario producido no tenga efectos en los riesgos de los puestos de trabajo.

El principio obrante en el artículo 22 de la LPRL establece que la vigilancia de la salud debe implicar las menores molestias posibles al trabajador y ser proporcional al riesgo. Desde esta perspectiva no tiene sentido que, a un trabajador, sin justificación preventiva o médico-laboral alguna, se le deba ofrecer o deba someterse a un reconocimiento porque se ha producido un cambio de denominación en su empresa o se ha producido cualquier tipo de transformación societaria.

En el mismo sentido, no parece imprescindible realizar nuevamente reconocimiento médico laboral, siempre que se respete la periodicidad y obligatoriedad marcadas en el informe de planificación de vigilancia de la salud de la antigua empresa, sobre todo si existe una continuidad de la personalidad jurídica de la entidad respecto a los actos precedentes realizados con la anterior denominación.

Un servicio de prevención podría tener problemas si certifica una aptitud de trabajadores a nombre de una empresa que no fue la que le encomendó dicha actividad, sobre todo si no estamos ante un mero cambio de denominación, sino ante una transformación societaria que ha derivado en la no continuidad de la personalidad jurídica previa, aunque la nueva entidad sea, de facto, “la misma “en cuanto a trabajadores, actividad, riesgos, centros, etc. Inclusive, desde el punto de vista de protección de datos, y del principio de calidad del dato, el servicio de prevención está habilitado para emitir un certificado de aptitud con fundamento en los resultados del reconocimiento para la empresa concertante, pero ello no significa que se puedan utilizar esos datos de salud para emitir nuevas calificaciones para otras empresas, lo que exigiría un consentimiento expreso, como mínimo, del trabajador.

Si tienes alguna duda o consulta, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS Abogados en el teléfono 93.517.45.43 a enviando un correo electrónico a info@riusimans.com. Estamos en Sant Andreu, Barcelona. 

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Seguro de vida: ¿Banco o Compañía de Seguros?.

Es un hecho conocido que las entidades bancarias han exigido y exigen multitud de requisitos para la concesión de un préstamo hipotecario, inclusive la suscripción de un seguro de vida con una entidad del mismo grupo, o incluso la incorporación en el clausulado del préstamo hipotecario de pactos o condiciones que limitan o impiden la posibilidad de elección de asegurador por parte del deudor, lo que ha implicado la declaración de nulidad de algunas de estas cláusulas.

En cualquier caso, se debe tener en cuenta que el artículo 83.a) de la Ley de Contrato de Seguro establece un derecho de desistimiento a favor del asegurado. En definitiva, el asegurado puede por principio y respetando los requisitos establecidos, siempre cambiar de aseguradora de vida.

Artículo 83 a)

  1. El tomador del seguro en un contrato de seguro individual de duración superior a seis meses que haya estipulado el contrato sobre la vida propia o la de un tercero tendrá la facultad unilateral de resolver el contrato sin indicación de los motivos y sin penalización alguna dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha en la que el asegurador le entregue la póliza o documento de cobertura provisional.

Aunque no existe ninguna obligación legal de contratar un seguro de vida al firmar un préstamo hipotecario, y menos el deber de hacerlo con la propia entidad crediticia a través de sociedades vinculadas, muchísimos deudores hipotecarios así lo hacen para obtener un diferencial más ventajoso y la eliminación o reducción de comisiones bancarias.

Sin embargo, al final no hacer un análisis sobre la conveniencia de mantener el seguro de vida con la entidad financiera puede resultar más caro, peligroso, e injusto:

Caro porque los últimos estudios realizados alertan sobre una importante diferencia de precio y prestaciones entre los seguros de vida bancarios y los de compañía de seguros.

Peligroso porque, por ejemplo, si no se sigue de forma estricta la normativa aseguradora el tomador del seguro puede hacer una declaración sobre su estado de salud incompleta, inexacta, o incierta que afecte a la valoración del riesgo y pueda dar lugar a problemas para el cobro de la indemnización en caso de que se produzca el hecho asegurado. De ahí la conveniencia de asesorarse para escoger la póliza que realmente se necesita y cumplimentarla adecuadamente, lo que puede no suceder con una entidad como es un Banco, cuyo objeto y área de práctica es muy diferente.

Injusto porque el Banco puede ser el beneficiario del seguro de vida, y la familia del fallecido o incapacitado no recibir ninguna indemnización, o una indemnización menor.

RIU & SIMANS Abogados colabora con ACEDO & MATAMALA Agencia de Seguros Exclusiva de CATALANA OCCIDENTE,  en Sant Andreu.

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Puedes contactar con ACEDO & MATAMALA en la calle Rubén Darío nº 28, de Barcelona, teléfono 933117608.

WhatsApp y prueba en Juicio

Juan recibe un mensaje de whatsApp en el que un superior suyo le insulta gravemente y le indica que le va a despedir “porque no le gusta”. Finalmente, Juan es despedido y pretende utilizar el mensaje de whatsApp en su demanda de impugnación del despido.

El uso cada vez más extendido de la aplicación WhatsApp no podía permanecer ajeno al mundo del derecho, y el caso de Juan es un ejemplo de ello.

El Tribunal Supremo dictó en 2015 una sentencia en materia penal en la que abordaba el valor como prueba de los mensajes de WhatsApp. El argumento esencial de la sentencia era que las comunicaciones de WhatsApp requerían la práctica de una prueba pericial que identificase el origen de la comunicación, la identidad de los intervinientes y la integridad del contenido. Por tanto, una mera impresión de pantalla (un “pantallazo”) de los mensajes no era suficiente a efectos de prueba.

Hay que tener en cuenta que en materia penal el principio de presunción de inocencia es una de las bases del sistema jurídico, por lo que en caso de que la otra parte no admita la realidad de la conversación e impugne la prueba, sólo una pericial podrá asegurar la realidad y no manipulación del contenido.

En el caso de Juan, no estaríamos en un procedimiento penal sino en un procedimiento laboral de impugnación de despido. En los últimos años se han dictado diversas sentencias en el orden social que tratan este tipo de asuntos, de las que podemos extraer algunas ideas generales:

  • Puede aportarse un pantallazo de la conversación de WhatsApp, pero el valor probatorio dependerá de si este documento no se impugna o se admite expresamente por la otra parte.
  • Si la otra parte lo impugna, el mero pantallazo puede no ser suficiente y requerirse una prueba pericial o la exhibición del móvil al Tribunal.
  • La exhibición del móvil al procedimiento para que se constate el contenido del mismo, o la elaboración de un acta notarial que de fe del contenido de los mensajes parecen formas más seguras de aportación de prueba que el mero “pantallazo”.

En RIU & SIMANS Abogados recomendamos que en caso de que consideres que una conversación de WhatsApp puede ser relevante en un procedimiento judicial, no hagas un pantallazo y borres la conversación: guarda la conversación íntegra en el soporte original a fin de que ésta pueda ser aportada en un Juicio.

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Tengo una enfermedad grave y trabajo solo

 

Juan desarrolla su jornada laboral los fines de semana, y normalmente trabaja solo, sin que exista ningún otro compañero en las oficinas. Juan padece epilepsia y teme que le de algún tipo de ataque mientras está solo. ¿Qué opciones tiene su empresa?

No existe una prohibición legal general que impida a Juan trabajar solo pese a su enfermedad-que podría ser cualquier otra que le pudiese colocar en una situación de especial vulnerabilidad-.

Padecer epilepsia no es un dato que por sí mismo incapacite o limite a Juan para su trabajo. Existen diversos tipos de epilepsia, que pueden desembocar en crisis convulsivas, crisis con pérdida de conciencia, etc., pero también pueden haberse producido crisis en el pasado que no se han repetido, y existir un tratamiento adecuado. Obviamente, este no es un blog médico y se comenta lo anterior a fin de incidir en que cada caso es diferente.

Por lo tanto, y de forma muy esquemática estas serían las opciones de la empresa:

  • Debería hacerse una valoración específica sobre los riesgos del puesto de trabajo de Juan y las medidas preventivas presentes o que deben adoptarse. Por ejemplo, si existen circunstancias que puedan provocar una crisis, como ruido, destellos, nocturnidad, etc; o riesgos que convirtieran al trabajador en especialmente sensible.
  • La empresa podría plantear que Juan pasase un reconocimiento médico laboral voluntario u obligatorio en el que se podría solicitar información complementaria y concreta sobre su situación.
  • Seguir las recomendaciones de la NTP 344 sobre trabajos en aislamiento. Las NTPS (Normas técnicas de prevención) son guías de buenas prácticas elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La NTP 344 establece diferentes posibilidades para minimizar el riesgo en caso de trabajos en solitario, entre ellas, la posibilidad de instalar sistemas de alarma, aviso, etc.
  • En caso de que el centro de trabajo de Juan carezca de sistemas de alarma por cable o radio u otro sistema de vigilancia o de aviso eventual, y según resulten las características, ubicación del lugar de trabajo, etc., podría valorarse la movilidad funcional de Juan. En definitiva, se le podría intentar recolocar en un trabajo, horario o turno diferente.
  • La empresa debería explorar todas las opciones, contar con soporte que justifique la imposibilidad organizativa del cambio de puesto, o de adoptar otras medidas adaptativas.
  • Debería formarse e informarse al trabajador.

Hay que tener en cuenta que, si Juan sufriese un accidente, se requerirá a la empresa para que informe sobre las acciones que adoptó en cuanto tuvo conocimiento de las circunstancias de su trabajador. En ese sentido, el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la empresa a adaptar el puesto de trabajo a las circunstancias del trabajador, el artículo 17 obliga a revisar la evaluación de riesgos cuando sea necesario, y el artículo 25 señala que debe tenerse en cuenta a los trabajadores especialmente sensibles por sus características personales, estado biológico conocido, etc.

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Trabajar desde casa y la prevención de riesgos laborales

Juan ha cambiado de trabajo y su contrato le permite trabajar desde casa. Juan cree que su nueva empresa no debe garantizarle el derecho a su integridad y salud laboral ya que trabaja en su hogar. En sentido inverso, su empresa cree que no puede exigirle que cumpla con las obligaciones preventivas que tienen todos los trabajadores. ¿Es cierto?.

El actual artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, en su punto cuarto, establece claramente que al trabajo a distancia le será de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( en adelante también LPRL):

“Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.”

Con anterioridad a la expresa inclusión de este apartado en el Estatuto, se consideraba que el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos laborales ya abarcaba este tipo de relación laboral especial, dado que las excepciones establecidas en la norma preventiva se referían a la relación laboral de carácter especial de servicio del hogar familiar, pero no a otro tipo de relaciones especiales.

De hecho, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo publicó una primera guía de carácter técnico, la NTP 412 sobre el teletrabajo, y los criterios para su implantación. En el apartado referido al reclutamiento de teletrabajadores ya se señalaba la necesidad de “investigar las circunstancias personales y del hogar donde se va a realizar el teletrabajo”.

En ese sentido, también son remarcables, entre otros, el Acuerdo Marco Europeo de 16 de julio de 2002, sobre Teletrabajo, o el Acuerdo interconfederal para la negociación colectiva del año 2007, que profundizaron en un tipo de relación laboral cada vez más habitual en el mercado de trabajo con mayor detenimiento y alcance, así como los Convenios Colectivos que se han ido ocupando sobre el tema

Por tanto, la organización del trabajo mediante el teletrabajo no debe implicar una minoración de las garantías y derechos de Juan. La Empresa debe proteger al trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo (artículo 14 LPRL), proceder a su formación (artículo 19 LPRL), y cumplir con el resto de obligaciones establecidas en la normativa preventiva.

No obstante, Juan será en la realidad diaria el responsable del adecuado mantenimiento de las condiciones de seguridad y salud de su centro de trabajo (su domicilio), ya que no está bajo la vigilancia, control o supervisión directa del empresario: ¿Qué pasará si Juan no colabora y no vela por la salud y seguridad en el puesto de trabajo de su domicilio? ¿Qué responsabilidad tendrá el empresario?.

Legalmente es el empresario el obligado a garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, según lo expuesto en el artículo 14 de la LPRL, lo que puede no haber sucedido  precisamente por la falta de colaboración del trabajador.

Aunque el empresario no realice acción alguna contra la protección de la seguridad y salud de Juan, se puede considerar-y así ocurre- que ha infringido su deber de vigilancia y por tanto se ha producido una vulneración de los derechos del trabajador. La siguiente cuestión es: ¿Cómo puedo infringir el deber de vigilancia si Juan no me permite acceder a su domicilio?.

Para estos casos, una de las opciones que tiene la empresa  es dejar constancia de que ha intentado cumplir, todo ello mediante notificación fehaciente. También puede establecer expresamente en el contrato de trabajo el deber de Juan de colaborar y de proporcionarle el acceso a su domicilio única y exclusivamente para cumplir con las obligaciones legales preventivas, así como las consecuencias de dicho incumplimiento a efectos disciplinarios, indicando que el acceso se efectuará con el debido respeto a la intimidad del trabajador, será lo menos intrusiva posible, y proporcional en tiempo y alcance a las necesidades preventivas y de vigilancia que se le exigen al empresario.

Si Juan, pese a todo, negase de forma taxativa e injustificada al empresario-o al servicio de prevención o modelo de organización preventiva existente- el acceso a su domicilio, y dado que la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional, poco o nada se podrá hacer sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias que conlleve.

El problema en estos casos es de difícil resolución, por lo que en tales circunstancias sería conveniente que quedase constancia de que al menos se ha intentado realizar la evaluación del puesto de trabajo. En este sentido, el artículo 29.6 de la LPRL establece que “es una obligación del trabajador, cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores”.

CONCLUSIONES

– El hecho de que Juan realice sus funciones desde su domicilio no implica que tenga menos derechos que los trabajadores que desarrollan su actividad en las instalaciones de la empresa.

– Juan tiene derecho a una protección eficaz de su seguridad y salud en el trabajo. Para conocer los riesgos laborales que pueden poner en peligro su derecho, debe procederse a la evaluación del lugar de trabajo.

-Dado que coincide lugar de trabajo y domicilio, es decir, ámbito laboral y personal, es obvio que cualquier evaluación de riesgos debe respetar, en la medida de lo posible, la intimidad de Juan y ceñirse exclusivamente a los riesgos laborales concretos que pueden derivarse del teletrabajo.

Asimismo, la presencia de terceros en el domicilio debe ser proporcionada y la mínima imprescindible para causar las menores molestias a Juan (no parece lógico que los terceros pretendan personarse en el domicilio en según qué horario o día), salvo que el trabajador lo haya solicitado y la empresa esté conforme. Tampoco es lógico que se personen varias personas cuando un técnico puede valorar la situación, o que se exijan constantes y reiteradas visitas o inspecciones arbitrarias o indiscriminadas.

-Juan siempre puede negar la entrada del empresario a su domicilio, pero también es su deber como trabajador el colaborar con el empresario para que éste pueda garantizar su seguridad (artículo 29 LPRL). En caso de negativa injustificada, puede existir un incumplimiento laboral de Juan susceptible de respuesta disciplinaria.  Desde el punto de vista de la empresa o del servicio de prevención es recomendable dejar constancia del intento de acceso, y de la imposibilidad de efectuar la evaluación o revisión de riesgos laborales y cumplir en general con su deber de protección.

Si tienes alguna duda o consulta, puedes ponerte en contacto con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.

 

La Comunidad de Propietarios ante la prevención de riesgos laborales

 

Juan reside en una finca en la que trabaja un Conserje desde hace muchísimos años. La Comunidad de propietarios tiene un contrato con una empresa de mantenimiento. Uno de sus trabajadores ha tenido un accidente grave mientras desarrollaba sus actividades en la finca e Inspección de Trabajo está requiriendo documentación preventiva a la Comunidad, que carece completamente de la misma.

Pese a que la Ley de prevención de riesgos laborales data del año 1995, sigue siendo muy habitual encontrarnos con la cara de asombro del Presidente o Administrador cuando Inspección de Trabajo requiere documentación preventiva a la Comunidad, generalmente ante la producción de alguna incidencia o accidente  como consecuencia de la actividad del personal fijo de la misma, o bien durante el mantenimiento, reparación o conservación de elementos comunes de la finca para aquellas Comunidades-la mayoría- que carecen de personal asalariado.

Las Comunidades de Propietarios deben aplicar lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que su artículo 3  cuando define el ámbito de aplicación de la norma, no establece exención respecto a ellas. En ese sentido, las únicas exclusiones de la la norma se refieren a la relación laboral especial de servicio de hogar, personal de protección civil, etc.

Lo realmente decisivo es que la Comunidad en cuestión tenga contratado algún trabajador por cuenta ajena. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, al responder a una consulta sobre la situación jurídica de las comunidades de propietarios, se posicionó al respecto en su página web :

“Es conveniente, por tanto, aclarar que, cuando la Comunidad de Propietarios cuenta con algún trabajador asalariado se convierte a todos los efectos en una empresa a la que se le aplica la normativa de prevención de riesgos laborales. Así, empleados de fincas urbanas, jardineros u otros empleados son titulares del derecho a la salud y seguridad en el trabajo con idéntico alcance que el resto de los asalariados. De esta forma la empresa (Comunidad de Propietarios) con los medios de que disponga (generalmente externos) debe evaluar riesgos, tomar medidas de controlo reducción de éstos, facilitar información y formación y, en su caso, vigilancia de la salud.”

En ese sentido, se hace referencia a título ilustrativo a  las Sentencias del TSJ de Extremadura núm. 588/1999-Sala de lo Social-, de 8 octubre, o la del TSJ de Aragón núm. 295/1998 -Sala de lo Social-, de 15 abril, en las que se impuso el recargo de prestaciones económicas por infracción de medidas de seguridad (omisión de medidas preventivas) a la Comunidad de Propietarios como consecuencia de los accidentes sufridos por su personal.

A la Comunidad  también le podrá ser de  aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial, las obligaciones en materia de cooperación y coordinación, información previstas en dicha normativa.

No integrar e implantar la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad-cuya capacidad y legitimación para ser parte están reconocidas en el artículo 6.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento civil- puede implicar consecuencias jurídicas de toda índole, que a nivel meramente enunciativo se describen:

En el ámbito penal, cualquier incumplimiento de la normativa por parte del empresario que pueda poner en peligro la salud o los derechos de los trabajadores puede tipificarse como un delito contra los derechos de los trabajadores previsto en los artículos 316, 317 y 318 del Código Penal. Hay que recalcar que estamos ante un delito de los denominados “de riesgo”. Por tanto, no es necesario para su comisión que se produzca un resultado lesivo. Si se producen daños físicos o psíquicos, ello implicará además la comisión de un delito de lesiones o de un delito de homicidio imprudente.

Las Comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica, y como tales no les afectan las últimas modificaciones del Código penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, y sin perjuicio de otras consideraciones podría existir una responsabilidad personal del Presidente  que no cumpliese con evidente desidia con los acuerdos de la Comunidad para el cumplimiento de sus obligaciones preventivas (por ejemplo, contratación de un servicio de prevención ajeno), o de aquellos comuneros que con su conducta contribuyesen a la producción de un resultado lesivo.

En el ámbito social, cabe la imposición del recargo de prestaciones a la Comunidad por falta de medidas de seguridad, al no haber cumplimentado sus obligaciones al respecto. Por otro lado, en el ámbito sancionador, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica y sanciona los posibles incumplimientos cometidos en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales.

El cuadro de infracciones es muy amplio, pero a efectos ilustrativos se reproduce lo dispuesto en el apartado 1.

Artículo 12.Infracciones graves.

Son infracciones graves:

1. a) Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.

b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

En el artículo 40.2 de la referida norma se sancionan las infracciones graves en un arco que oscila entre los 2046 Euros y los 40.985 Euros.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la imposición de un recargo de prestaciones en vía social o las posibles prestaciones de la seguridad social que en tal jurisdicción pudieren otorgarse, no excluyen la posibilidad de que un trabajador o tercero  pueda reclamar a la Comunidad ante la jurisdicción social las indemnizaciones que considere oportunas, en virtud de lo previsto en el artículo 127.3 de la Ley General de la Seguridad Social

“Cuando la prestación haya tenido como origen supuestos de hecho que impliquen responsabilidad criminal o civil de alguna persona, incluido el empresario, la prestación será hecha efectiva, cumplidas las demás condiciones, por la entidad gestora, servicio común o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su caso, sin perjuicio de aquellas responsabilidades. En estos casos, el trabajador o sus derechohabientes podrán exigir las indemnizaciones procedentes de los presuntos responsables criminal o civilmente.”

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