Antecedentes penales: un problema que puede marcar tu vida.

 

Juan ha sido condenado por un delito leve y está preocupado porque le quedarán antecedentes penales. ¿Qué implicaciones pueden tener los antecedentes para su vida y su futuro?

Cuando una persona es condenada mediante una sentencia penal firme, es decir, sin posibilidad de recurso, se remite esa información al Registro Central de Penados y Rebeldes. Estos datos son lo que comúnmente conocemos como antecedentes penales.

No hay que confundir antecedentes penales y policiales. Los  antecedentes policiales pueden derivar de una detención, una denuncia, etc., que origine una actuación por parte de alguno de los Cuerpos de Seguridad del Estado reconocidos como tales. En estos casos, quedarán ciertos datos de la persona en los Ficheros policiales, aunque la actuación policial no origine procedimiento judicial alguno, y no vaya más allá.

La existencia de antecedentes penales puede tener implicaciones muy importantes para la vida de cualquier persona. Uno de los más relevantes se da cuando se condena nuevamente a una persona que tenía antecedentes penales no cancelados.

El Código penal permite en su artículo 80 dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años. Es la famosa suspensión de la pena, que muchas personas piensan que se produce siempre que la condena a pena privativa de libertad sea de hasta dos años, cuando sólo es una facultad que tiene el Juez.

Pero para que esto suceda el Juez o Tribunal valorará entre otras, los antecedentes del condenado. Si los antecedentes tienen su origen en una sentencia por delito leve-las antiguas faltas- no se tendrán en cuenta para decidir sobre la suspensión o no de la pena.

Además, la existencia de antecedentes penales no cancelados puede significar, en caso de una nueva condena, que se aplique la agravante de reincidencia. Como  en el caso anterior, si los antecedentes derivan de una condena por delito leve-antiguas faltas- no se computarán.

El nuevo Código penal ha introducido una novedad importante: las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producen los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado, o pueda serlo. Esto supondrá que una persona condenada en otro país por un altercado, conducción bajo los efectos del alcohol, y en general delitos que no requieren de la presencia del acusado para celebrarse, podrá tener antecedentes penales y no saberlo.

Esa situación se da bastante en delitos contra la seguridad del tráfico, que en casos no graves puede zanjarse con una multa y la pérdida del carnet de conducir. Esta condena genera antecedentes penales que si la persona vuelve a delinquir, puede impedir que se le suspenda la pena y por tanto, que ingrese en prisión.

No hay que confundir la multa administrativa con la multa como pena en un procedimiento penal.

Además, los antecedentes penales tienen otro tipo de consecuencias muy importantes que de manera muy genérica adelantamos:

-Pueden ser un obstáculo muy complicado para obtener, por ejemplo, la nacionalidad Española.

-Pueden impedir la obtención o renovación de la autorización temporal de residencia.

-Pueden inhabilitar  para desarrollar ciertas profesiones como Auditor, Abogado, o para poder presentarse a convocatorias de plazas de funcionarios,  o  del sector público.

-Pueden impedir el acceso a licencias para determinadas actividades.

-Etc.

En definitiva, los antecedentes penales son una carga muy pesada a nivel personal y profesional, incluso más que la propia condena según los casos.

Y la pregunta que seguramente surgirá es: ¿Podrá Juan o cualquier persona afectada cancelar los antecedentes penales?  ¿Y los policiales?

La respuesta es positiva. Los antecedentes penales pueden cancelarse. Cuando Juan haya cumplido la pena a la que ha sido condenado, podrá solicitar la cancelación de sus antecedentes, aunque para ello deberán  transcurrir sin haber vuelto a delinquir alguno de los siguientes plazos-según el tipo de pena- :

a) Seis meses para las penas leves.

b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.

c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.

d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.

e) Diez años para las penas graves.

Los antecedentes pueden también cancelarse de oficio, es decir, sin que Juan lo pida. Pero dada la importancia que puede tener la cancelación, la recomendación es asesorarse, verificar la situación personal, y solicitarlo lo antes posible.

En cuanto a los antecedentes policiales, puede solicitarse su cancelación si se dan las circunstancias legales pertinentes, e incluso se puede acudir a la Agencia Española de Protección de datos si las Fuerzas de Seguridad ponen problemas, como suele ocurrir.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

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Consumo de alcohol en el trabajo (2ª Entrega)

Como continuación a la anterior entrada sobre el tema Consumo de alcohol en el trabajo (1ª Entrega), analizamos las posibles repercusiones derivadas de que Juan desarrolle su actividad laboral en un probable estado de embriaguez.

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En primer lugar, el empresario tiene el deber de proteger a sus trabajadores (artículo 14 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, en adelante LPRL) y podrá ser responsable de los daños o lesiones sufridas por otros trabajadores como consecuencia de la actividad de un trabajador como Juan,  si éste no se hallaba en condiciones para el desarrollo de sus tareas.

En este sentido, el artículo 156. 5 a) de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS) señala:

“5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira.

La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.”

En segundo lugar, un accidente sufrido por Juan en estado de embriaguez con ocasión o a consecuencia del trabajo, se presumirá inicialmente, salvo prueba en contrario, como accidente de trabajo, con lo que ello implica en cuanto a las contingencias, recargo de prestaciones, responsabilidad civil, etc, tal y como se detallaba en la entrada He tenido un accidente de trabajo. ¿Y ahora qué?

“Artículo 156.- Concepto del accidente de trabajo.

  1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

….(..)3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.”

La única forma de que el accidente no tuviese tal consideración sería que se entendiese que ha existido imprudencia temeraria por parte de Juan. En este sentido, y aunque hay sentencias de todo tipo reproduzco parcialmente la Sentencia 17/2002, de 9 enero del Juzgado de lo Social número 1 de Castellón:

“…Gira la cuestión litigiosa en torno a si la conducta del trabajador de ingerir alcohol cuando debía trabajar en un puesto de Trabajo de riesgo como es trabajar a una determinada altura (se le detectó 0’37 gr/l de alcohol etílico en sangre) constituye imprudencia temeraria a los efectos del Art. 115.4.b de la L.G.S.S.

Examinando las circunstancias concurrentes en el caso que se estudia la respuesta debe ser negativa ya que dadas las características físicas del trabajador fallecido el que se le detectara en sangre 0’37 gr/l de alcohol etílico no significa que dicha ingesta de alcohol fuera la causa determinante del accidente ya que no era cantidad suficiente para alterar las condiciones, aptitudes físicas, y capacidad laboral del trabajador, es decir, no era cantidad suficiente para producir un estado de embriaguez en el accidentado causante de su caída del andamio, luego se concluye que la ingesta de una pequeña cantidad de alcohol durante la comida, costumbre habitual en la sociedad española (el accidente ocurrió a las 15 horas) no puede calificarse de imprudencia temeraria a los efectos del art. 115.4.b de la L.G.S.S por lo que el accidente debe ser calificado como laboral y estimarse la demanda..”

En nuestra opinión, si se tiene la sospecha de que un trabajador está en situación de embriaguez no se le debe permitir que trabaje, comunicándole por escrito las razones, intentando conseguir su recibí y si se niega firmando varios testigos de la situación, inclusive el Delegado de Prevención. De esta forma, se protege al trabajador de las posibles imprudencias y lesiones derivadas que para sí mismo o para compañeros podría causar; y también se protege al empresario, dadas las responsabilidades legales en que puede incurrir.

El artículo 25 de la LPRL  señala que “el empresario no empleará” al trabajador que se encuentre en unas determinadas circunstancias-inclusive transitorias-que le impiden trabajar”

Por tanto, si el empresario permite que un trabajador bajo los efectos del alcohol desarrolle su actividad, y se produce un accidente, puede acabar siendo responsable.

Lo anterior es independiente de las sanciones que el Convenio de aplicación en relación con el Estatuto de los trabajadores establezcan para estos casos. Desde el punto de vista empresarial, la recomendación sería siempre sancionar, o al menos amonestar al trabajador. Para ello, debe recalcarse la importancia de que en la comunicación de la sanción se especifiquen claramente los hechos, hora, día, situación, testigos, etc., y si es posible que aquellos que lo presencien  firmasen en conformidad. Se puede intentar que el trabajador autorice una prueba de detección de alcohol en sangre o aire, con todas las advertencias previas, y también con todas las dificultades inherentes.

En este sentido, se reproduce parcialmente la Sentencia número 1501/2008, de 13 mayo del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social, Sección 1ª), en la que se confirma la sanción a un trabajador con fundamento en pruebas testificales (no existencia de analíticas ni test de alcoholemia):

“SEGUNDO.- ….Es cierto, como señala el recurrente, que no hay constancia de que durante los hechos acaecidos se produjeran insultos contra el empresario o los propios compañeros de trabajo, como lo ratifica la propia sentencia recurrida, más allá de que, alterado el actor cuando se advirtió que dado su aparente estado de embriaguez se iba a seguir el protocolo que se acordó para él en esos casos, dijo que de no hacerse así “iba a denunciar a la empresa”, y que, en efecto, en la clínica donde se le practicó el análisis, por error, solo le realizaron las pruebas para detectar la existencia o no de sustancias estupefacientes. Pero sin perjuicio de esto, lo cierto es que quedó firme el relato histórico de la sentencia recurrida, conformado de acuerdo con la abundante prueba practicada en el acto de juicio, extrayendo la juzgadora de instancia la conclusión de que el actor acudió a trabajar con inequívocos signos de embriaguez, siendo corroborada esa sensación de incapacitación para trabajar por el propio delegado de personal y el de prevención de riesgos laborales, y a partir de ello, y de acuerdo con lo señalado en el texto del convenio de aplicación, donde se considera falta muy grave la embriaguez del trabajador, si esta circunstancia supone la alteración de las facultades físicas y psicológicas en el desempeño de sus funciones, evidentemente es correcta la decisión recurrida, en la medida que confirma dicha sanción.”

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Consumo de alcohol en el trabajo (1ª Entrega)

“Juan y sus compañeros acostumbran a bajar a almorzar y suelen tomar varias cervezas, carajillos, etc. Debido a alguna queja y a un accidente leve que se produjo a la vuelta del almuerzo, su empresa está pensando en articular medidas para detectar el consumo de alcohol y posible influencia en horas de trabajo. El responsable de la empresa les ha indicado que tendrán que someterse a pruebas de alcoholemia aleatorias durante la jornada laboral.”

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El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su apartado primero señala:

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.”

La detección del consumo de alcohol en el puesto de trabajo es una cuestión que entra dentro de la esfera privada e íntima del individuo por lo que Juan debe estar informado y consentir la realización de pruebas de detección y/o analíticas. Sin embargo, puede existir un Convenio colectivo que obligue a ello, o por el tipo de profesión pueda entenderse que la realización de controles es ajustada, proporcional, necesaria e imprescindible conforme la Ley de Prevención de Riesgos laborales.

El principio de voluntariedad implica por tanto, que Juan deberá consentir la realización de las pruebas, y tener toda la información precisa para que ese consentimiento sea válido. Eso implica conocer los fines de las pruebas, el contenido de las mismas, las consecuencias que pueden derivarse de su realización, etc. Las excepciones a dicha voluntariedad parten siempre de que la realización de los reconocimientos “sea imprescindible”, que las pruebas sean proporcionales al riesgo, y que puedan verse afectada la salud de terceros, otros trabajadores, etc. Y eso le corresponderá probarlo a aquel que pretende someter a Juan a dicha prueba.

Sólo en el caso de que el Jefe de Juan considerase que el estado de salud de éste puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa podrían operar las excepciones al principio de voluntariedad. Pero aun así, el Jefe de Juan debería dar traslado de su decisión a los representantes de los trabajadores, que podrían estar en desacuerdo aunque no sería una opinión vinculante. En caso de discrepancias, el asunto acabaría en los Tribunales. Si en el convenio colectivo de aplicación en la empresa se admitiese la realización de ciertas pruebas como sucede con algunos convenios, la respuesta podría ser diferente.

En cualquier caso, aunque Juan consintiese las pruebas de detección, podría discutirse si las pruebas serían propiamente materia de prevención de riesgos laborales ya que la finalidad de la prevención es la adaptación del puesto de trabajo al trabajador (artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales), teniendo en cuenta también las condiciones psicofísicas de las personas especialmente sensibles, y sin que las conclusiones obtenidas puedan utilizarse en perjuicio del trabajador.

La realización de estas pruebas desde el punto de vista médico podrían no ser concluyentes para poder dar una aptitud médico laboral, y de las mismas no se deduciría necesariamente que Juan esté en un determinado momento bajo los efectos del alcohol en el trabajo, y que ello implique una repercusión negativa para su desarrollo. Por ejemplo, en la cuestión de drogas, la existencia de trazas de sustancias psicotrópicas no implicaría necesariamente que el consumo se haya realizado en el puesto de trabajo y que existiese afectación en ese momento. El consumo ocasional de alcohol o drogas, no es necesariamente causa automática de extinción del contrato.

Además, siempre debería verificarse que los resultados de las pruebas de detección se han obtenido respetando todas las garantías y derechos de Juan, inclusive la posibilidad de un nuevo análisis, la cadena de custodia de las muestras, homologación de equipos, etc.

En la entrada del día 10 de mayo, hablaremos sobre las posibles repercusiones derivadas de que un trabajador desarrolle la actividad en estado de embriaguez -para el trabajador y la empresa-.

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Custodia compartida y uso de domicilio familiar

Juan se está planteando solicitar la custodia compartida de sus hijos. Espera poder llegar a un acuerdo con su pareja pero no descarta intentarlo sin acuerdo. Tiene dudas sobre lo qué pasará con el uso de la vivienda cuando se inicie el proceso.

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La custodia compartida es la posibilidad de que los hijos permanezcan bajo la custodia de los dos padres.

Hasta la reforma de 2005, la custodia compartida no tenía amparo legal. No se establecía expresamente en el Código Civil nada sobre ella, pero los Tribunales habían superado esta limitación y en interés del menor la llegaban a acordar de manera excepcional.

Los requisitos y contenido de la custodia compartida no están definidos en la Ley, razón por la cual han sido los Tribunales (Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ejemplo) los que han ido definiendo sus características adaptándose a los diferentes casos que se presentaban. Por este motivo, es complicado establecer unas reglas generales para esta figura.

¿Cuándo puede acordarse la custodia compartida?

Puede hacerse a petición de ambos padres, pero también en caso de que lo solicite sólo uno de ellos, si el Juez considera que es lo mejor para el hijo/a.

Acuerdo entre los padres

En caso de acuerdo, deberá elaborarse un Convenio regulador- y en Cataluña un Plan de Parentalidad-, que es el documento en el que se establecerá entre otros:

– El Tiempo de permanencia de los hijos con cada padre.

Dependerá de la edad de los hijos, pero existen muchas opciones. Desde que el  hijo/a    pase unos días de la semana con uno de los padres y el resto con el otro; que pasen una semana con uno y la siguiente con el otro, por quincenas, trimestres, meses, cursos escolares, etc.

– El Sistema de comunicación y visitas con el otro progenitor.

Para el caso de que la duración de la estancia con el otro padre así lo aconseje para mantener una adecuada relación afectiva.

– La Contribución a los alimentos de los hijos/as y otros gastos.

Las posibilidades son diversas: que cada progenitor asuma los gastos que se deriven de la custodia del hijo/a mientras permanezca con él.

Al revés, que un progenitor abone los gastos que se ocasionen cuando la custodia la asume el otro.

El establecimiento de una cuenta común en la que abona cada padre una cantidad para asumir los gastos, etc.

-Fijación de la vivienda en la que vivirá el hijo/a.

Las posibilidades son múltiples. Puede darse que:

-Uno de los progenitores permanezca en el domicilio familiar y lo utilice como residencia del hijo cuando asuma la custodia, etc.

-Ambos padres se trasladen a otros domicilios, a los que se desplazará el hijo según corresponda.

-El hijo/a continúe residiendo en la vivienda familiar, y el progenitor no custodio se desplace a otro domicilio cuando no asuma la custodia.

-Otras.

Sin Acuerdo entre los padres

En este caso, el Juez decidirá siempre en interés del menor.

Se ha considerado por los Tribunales como elementos favorables para establecer que existe ese interés cuando:

– Existe proximidad entre los domicilios de los padres.

– Ya se daba de hecho una situación de custodia compartida “de hecho· aceptada por ambos padres(aunque no acordada por un Juez).

– En todos los casos, los equipos psicológicos del Juzgado valoran favorablemente la custodia.

–  Existe una buena relación entre los padres y cierto acuerdo sobre la forma de educar a los hijos.

–  La compatibilidad de los horarios.

–  El hijo/a se muestra de acuerdo con la custodia compartida. En este tipo de procesos, los hijos/as siempre tienen el derecho de ser oídos, y su opinión puede ser decisiva según su edad y madurez

En cualquier caso, como ya hemos dicho, el contenido de la custodia compartida se está definiendo por los Tribunales. Hay Jueces que serán más proclives a aceptar una fórmula que otros. Se trata de una materia muy sensible desde el punto de vista ideológico, y no en todas las zonas del Estado se aborda de la misma manera. En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha optado en ocasiones por primar este sistema, al considerarlo más igualitario en el reparto de las cargas afectivas y de responsabilidad para ambos padres, en lugar de ceñirse a una concepción tradicional.

Para cualquier duda sobre la custodia compartida y uso de domicilio familiar podéis contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

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La Fianza de la Ley de Arrendamientos Urbanos ¿Y si el arrendador no me la quiere devolver?

El contrato de arrendamiento de Juan ha finalizado, pero su arrendador (Pedro) le está dando largas con la devolución de la fianza que Juan le entregó en su día. Juan ha pagado sin falta la renta mensual y ha mantenido el local en perfecto estado, pero ahora se siente impotente. ¿Tiene todas las de ganar el arrendador? ¿Ha de resignarse Juan ante una actuación injusta por parte de Pedro?.

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En su artículo 36, la Ley de Arrendamientos Urbanos obliga al arrendatario (Juan) a entregar una fianza al arrendador (Pedro). Este importe tiene como finalidad garantizar las obligaciones que Juan ha asumido con la firma del contrato de arrendamiento: la más importante de las cuales es el pago de la renta acordada.

Pero la obligación del arrendatario tiene como contrapartida una obligación del arrendador, quien no puede apropiarse del importe, y debe ingresarlo en el Organismo que cada Comunidad autónoma designe. En Cataluña se creó para este cometido el Registro de Fianzas de los contratos de alquiler de Fincas urbanas, dependiente del Institut Català del Sol.

En el Registro de Fianzas el arrendador (Pedro) además del ingreso de la fianza, debía solicitar la inscripción de los datos correspondientes al contrato firmado con Juan, ya que se trataba de un inmueble situado en Cataluña. Pedro debía informar de la situación de la finca, la titularidad, si disponía de cédula de habitabilidad, el uso al que se destinaría, los contratantes, el plazo inicial de duración del contrato, la renta pactada, etc.

Sin embargo, cuando se produce la finalización del contrato de arrendamiento comienzan los problemas para que el arrendatario recupere la fianza entregada. No nos referimos a los casos en los que efectivamente se ha producido un deterioro de la finca o no se han abonado las rentas, sino a los casos en los que el arrendador (Pedro) utiliza cualquier excusa para intentar no entregar el importe de la fianza. Y una de las razones, es que dicha cantidad nunca se llegó a ingresar en el Organismo competente, y el arrendador la hizo suya.

Afortunadamente es una práctica que tiende a regularizarse pero el arrendatario (Juan) debe saber que:

– El arrendador está obligado a entregarle un justificante del ingreso de la fianza en un plazo de dos meses desde que se realizó.

– Si el arrendador no devolviese el dinero de la fianza por haberse apoderado de él, podría considerarse que está cometiendo un delito de apropiación indebida penado hasta con pena de prisión.

– El hecho de no ingresar el importe de la fianza en el organismo competente es sancionable con multas para el arrendador de hasta el 75% del importe de la fianza no depositadas.

– Además de la sanción, el arrendador está obligado a ingresar el importe de la fianza más los recargos correspondientes.

Por tanto, cuando te encuentres ante un problema de devolución de fianza no justificado, consulta las opciones e instrumentos de negociación de los que dispones ante el arrendador.

El accidente de tráfico: cambios importantes que afectan a tu reclamación.(Lo obvio no lo es tanto, 3ª entrega).

Juan tiene un accidente de tráfico, una colisión por alcance a consecuencia de la cual sufre un latigazo cervical.  ¿Qué debe hacer a partir de ahora?.

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Hasta julio de 2015, lo normal era que Juan presentase una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción-el que inicialmente lleva los procedimientos penales-, y se incoase un Juicio de Faltas-un procedimiento sencillo y gratuito que como mucho podría implicar pena de multa para el condenado, pero en el que se podrían estar reclamando cantidades económicas importantes-.

De esta manera, Juan generalmente acabaría citado ante el Médico forense del Juzgado de Instrucción, quien valoraría sus lesiones. Independientemente de cómo acabase el asunto, con la denuncia Juan dispondría del informe gratuito  de un profesional médico especialista imparcial, con el que poder cuantificar su reclamación.

El nuevo Código penal que entró en vigor el pasado 1 de Julio, ha suprimido las faltas. Ahora existen en su caso los delitos menos graves, y aquellas conductas en las que ha existido imprudencia leve- lo que se produce en muchísimos accidentes de tráfico- y que antes podían tramitarse en un Juicio de Faltas- es decir, por lo penal-, van a tener que reclamarse ante un Juzgado civil.

¿Qué puede significar eso para Juan?

Si Juan quiere reclamar por sus lesiones un importe superior a 2000 Euros, tendrá que contratar a un Abogado y a un Procurador para presentar una demanda. También deberá conseguir un Infome médico valorador-lo que antes proporcionaba el Médico Forense del Juzgado-,  y que al ser un informe elaborado a instancia de parte puede ser discutido por no ser imparcial.

No obstante lo anterior, para mitigar las quejas se ha abierto la posibilidad de que el perjudicado (Juan) por un accidente pueda obtener extrajudicialmente un Infome del Médico Forense sin necesidad de que exista un procedimiento penal. Hay que esperar a la aplicación práctica de esta posibilidad.

Si tienes un accidente de tráfico, infórmate de todos los cambios normativos y de las opciones que tienes.Puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

 

 

Legítima defensa e incidente de tráfico: no bajes del vehículo

Juan circula normalmente con su vehículo. De repente, un coche desde su izquierda, de forma brusca y sin advertirlo invade su carril. Juan es un conductor prudente y tiene tiempo de frenar.  El conductor imprudente detiene su vehículo con un frenazo que está a punto de provocar otra colisión, sale del vehículo y, entre insultos, se dirige hacia el vehículo de Juan, cuyo capó golpea repetidamente con el puño, mientras le dirige gestos amenazadores y le incita a que salga del vehículo, incluso golpeando el cristal con la mano.  Juan se plantea salir del coche, al fin y al cabo, tiene derecho a defenderse …

¿Creéis que Juan debería salir del coche? Si se genera una situación de violencia y Juan se defiende ¿estaría actuando en legítima defensa?

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La escena que planteamos no es inusual. Puede variar la intensidad del conflicto pero muchas personas conocen, o se han visto involucradas, en incidentes de tráfico o discusiones que dependiendo de las circunstancias pueden derivar incluso en situaciones de violencia.

En el momento en que Juan baje del vehículo, y aunque sólo responda a una agresión previa del otro conductor, probablemente se considere por el Juzgado que ha existido una “riña mutuamente aceptada”. El Tribunal Supremo ha entendido en muchas sentencias, entre ellas la reciente Sentencia 347/2015 de 11 de junio, que las personas que intervienen en peleas recíprocamente consentidas se convierten en agresores, y sus agresiones mutuas no están amparadas por la legítima defensa.

El hecho de bajar del vehículo sería interpretado por el Juzgado, en muchos casos, como la asunción y aceptación por parte de  Juan del resultado violento posterior que se produzca. Y la conducta previa del conductor imprudente (amenazas, actitud violenta, golpes, gritos, etc.), en realidad serían valorados en perjuicio de Juan, ya que hacían previsible un desenlace violento si éste finalmente bajaba del vehículo.

La Sentencia 232/2005 de la Audiencia Provincial de Córdoba dice en un caso similar:

“(…) asumiendo de esta forma con su salida del vehículo, la aceptación de cualquier desenlace violento de la situación, y en definitiva, aceptando de esa forma la riña que era del todo previsible en base a lo ya dicho. Y si bien, también es lo cierto que la doctrina jurisprudencial tiene proclamado que no es siempre exigible la fuga o huida de quien resulta ilegítimamente agredido y se defiende – en cuanto que de existir la huida del agredido, en tal caso no existiría la legitima defensa – , en este caso la agresión inicial de XXXX pudo perfectamente evitarse de no haber bajado el recurrente de su vehículo, con una clara aceptación de una riña que se preveía muy probable habida cuenta del tono del requerimiento y la actitud de XXXX”

 Por tanto, si en alguna ocasión  te ves envuelto en una situación parecida, piénsatelo dos veces antes de bajar del vehículo.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.