Custodia compartida y uso de domicilio familiar

Juan se está planteando solicitar la custodia compartida de sus hijos. Espera poder llegar a un acuerdo con su pareja pero no descarta intentarlo sin acuerdo. Tiene dudas sobre lo qué pasará con el uso de la vivienda cuando se inicie el proceso.

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La custodia compartida es la posibilidad de que los hijos permanezcan bajo la custodia de los dos padres.

Hasta la reforma de 2005, la custodia compartida no tenía amparo legal. No se establecía expresamente en el Código Civil nada sobre ella, pero los Tribunales habían superado esta limitación y en interés del menor la llegaban a acordar de manera excepcional.

Los requisitos y contenido de la custodia compartida no están definidos en la Ley, razón por la cual han sido los Tribunales (Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ejemplo) los que han ido definiendo sus características adaptándose a los diferentes casos que se presentaban. Por este motivo, es complicado establecer unas reglas generales para esta figura.

¿Cuándo puede acordarse la custodia compartida?

Puede hacerse a petición de ambos padres, pero también en caso de que lo solicite sólo uno de ellos, si el Juez considera que es lo mejor para el hijo/a.

Acuerdo entre los padres

En caso de acuerdo, deberá elaborarse un Convenio regulador- y en Cataluña un Plan de Parentalidad-, que es el documento en el que se establecerá entre otros:

– El Tiempo de permanencia de los hijos con cada padre.

Dependerá de la edad de los hijos, pero existen muchas opciones. Desde que el  hijo/a    pase unos días de la semana con uno de los padres y el resto con el otro; que pasen una semana con uno y la siguiente con el otro, por quincenas, trimestres, meses, cursos escolares, etc.

– El Sistema de comunicación y visitas con el otro progenitor.

Para el caso de que la duración de la estancia con el otro padre así lo aconseje para mantener una adecuada relación afectiva.

– La Contribución a los alimentos de los hijos/as y otros gastos.

Las posibilidades son diversas: que cada progenitor asuma los gastos que se deriven de la custodia del hijo/a mientras permanezca con él.

Al revés, que un progenitor abone los gastos que se ocasionen cuando la custodia la asume el otro.

El establecimiento de una cuenta común en la que abona cada padre una cantidad para asumir los gastos, etc.

-Fijación de la vivienda en la que vivirá el hijo/a.

Las posibilidades son múltiples. Puede darse que:

-Uno de los progenitores permanezca en el domicilio familiar y lo utilice como residencia del hijo cuando asuma la custodia, etc.

-Ambos padres se trasladen a otros domicilios, a los que se desplazará el hijo según corresponda.

-El hijo/a continúe residiendo en la vivienda familiar, y el progenitor no custodio se desplace a otro domicilio cuando no asuma la custodia.

-Otras.

Sin Acuerdo entre los padres

En este caso, el Juez decidirá siempre en interés del menor.

Se ha considerado por los Tribunales como elementos favorables para establecer que existe ese interés cuando:

– Existe proximidad entre los domicilios de los padres.

– Ya se daba de hecho una situación de custodia compartida “de hecho· aceptada por ambos padres(aunque no acordada por un Juez).

– En todos los casos, los equipos psicológicos del Juzgado valoran favorablemente la custodia.

–  Existe una buena relación entre los padres y cierto acuerdo sobre la forma de educar a los hijos.

–  La compatibilidad de los horarios.

–  El hijo/a se muestra de acuerdo con la custodia compartida. En este tipo de procesos, los hijos/as siempre tienen el derecho de ser oídos, y su opinión puede ser decisiva según su edad y madurez

En cualquier caso, como ya hemos dicho, el contenido de la custodia compartida se está definiendo por los Tribunales. Hay Jueces que serán más proclives a aceptar una fórmula que otros. Se trata de una materia muy sensible desde el punto de vista ideológico, y no en todas las zonas del Estado se aborda de la misma manera. En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha optado en ocasiones por primar este sistema, al considerarlo más igualitario en el reparto de las cargas afectivas y de responsabilidad para ambos padres, en lugar de ceñirse a una concepción tradicional.

Para cualquier duda sobre la custodia compartida y uso de domicilio familiar podéis contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

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La Fianza de la Ley de Arrendamientos Urbanos ¿Y si el arrendador no me la quiere devolver?

El contrato de arrendamiento de Juan ha finalizado, pero su arrendador (Pedro) le está dando largas con la devolución de la fianza que Juan le entregó en su día. Juan ha pagado sin falta la renta mensual y ha mantenido el local en perfecto estado, pero ahora se siente impotente. ¿Tiene todas las de ganar el arrendador? ¿Ha de resignarse Juan ante una actuación injusta por parte de Pedro?.

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En su artículo 36, la Ley de Arrendamientos Urbanos obliga al arrendatario (Juan) a entregar una fianza al arrendador (Pedro). Este importe tiene como finalidad garantizar las obligaciones que Juan ha asumido con la firma del contrato de arrendamiento: la más importante de las cuales es el pago de la renta acordada.

Pero la obligación del arrendatario tiene como contrapartida una obligación del arrendador, quien no puede apropiarse del importe, y debe ingresarlo en el Organismo que cada Comunidad autónoma designe. En Cataluña se creó para este cometido el Registro de Fianzas de los contratos de alquiler de Fincas urbanas, dependiente del Institut Català del Sol.

En el Registro de Fianzas el arrendador (Pedro) además del ingreso de la fianza, debía solicitar la inscripción de los datos correspondientes al contrato firmado con Juan, ya que se trataba de un inmueble situado en Cataluña. Pedro debía informar de la situación de la finca, la titularidad, si disponía de cédula de habitabilidad, el uso al que se destinaría, los contratantes, el plazo inicial de duración del contrato, la renta pactada, etc.

Sin embargo, cuando se produce la finalización del contrato de arrendamiento comienzan los problemas para que el arrendatario recupere la fianza entregada. No nos referimos a los casos en los que efectivamente se ha producido un deterioro de la finca o no se han abonado las rentas, sino a los casos en los que el arrendador (Pedro) utiliza cualquier excusa para intentar no entregar el importe de la fianza. Y una de las razones, es que dicha cantidad nunca se llegó a ingresar en el Organismo competente, y el arrendador la hizo suya.

Afortunadamente es una práctica que tiende a regularizarse pero el arrendatario (Juan) debe saber que:

– El arrendador está obligado a entregarle un justificante del ingreso de la fianza en un plazo de dos meses desde que se realizó.

– Si el arrendador no devolviese el dinero de la fianza por haberse apoderado de él, podría considerarse que está cometiendo un delito de apropiación indebida penado hasta con pena de prisión.

– El hecho de no ingresar el importe de la fianza en el organismo competente es sancionable con multas para el arrendador de hasta el 75% del importe de la fianza no depositadas.

– Además de la sanción, el arrendador está obligado a ingresar el importe de la fianza más los recargos correspondientes.

Por tanto, cuando te encuentres ante un problema de devolución de fianza no justificado, consulta las opciones e instrumentos de negociación de los que dispones ante el arrendador.

He tenido un accidente de trabajo. ¿Y ahora qué?

En el desarrollo de su trabajo, Juan ha sufrido una caída de tres metros de altura. Estaba subido en la escalera de mano que usaba siempre; uno de los peldaños, tras previas roturas, tenía mala inclinación y era inestable. Su jefe tenía conocimiento de ello pero se negaba a proporcionarle una nueva.

Afortunadamente, las consecuencias del accidente no han sido tan graves como parecían. De todos modos, se ha roto una pierna y podría quedarle alguna pequeña secuela en la espalda. Además, parece que va a tener que estar varios meses de baja.

¿Cómo debe actuar Juan tras el accidente? ¿Tiene derecho a recibir algún tipo de prestación?

Foto escalera

La Ley General de la Seguridad Social recoge la definición legal de accidente de trabajo: “se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.

Para que un accidente sea considerado laboral, debe haber un nexo causal entre el trabajo y el accidente. Salvo prueba en contrario, las lesiones que sufra un trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo se presumen accidente de trabajo. La situación de Juan es sencilla: como el accidente ocurrió mientras desarrollaba sus funciones en horario laboral, se considerará accidente de trabajo.  

Tras sufrir el accidente, Juan tiene derecho a percibir las siguientes prestaciones:

  1. Asistencia sanitaria
  2. Prestación económica durante su baja laboral
  3. Prestación económica ante la existencia de secuelas
  4. Recargo de prestaciones
  5. Cantidades adicionales incluidas como mejora en el Convenio Colectivo del trabajador accidentado
  6. Indemnización por responsabilidad civil

Nos centraremos en las prestaciones números 4 y 6, al tratarse de las más desconocidas.

Recargo de prestaciones

El recargo de prestaciones1 es un incremento de las prestaciones por incapacidad temporal y/o permanente que acontece cuando el accidente ha sucedido por culpa del empresario – u otros posibles responsables –, por infracción de las medidas de seguridad.

En nuestro caso concreto, Juan tendría derecho al citado recargo de prestaciones dado que la escalera que estaba utilizando no cumplía con las medidas de seguridad adecuadas: estaba en mal estado y el empresario, que tenía conocimiento de ello, permitía su uso.

Tras la propuesta por parte Inspección de trabajo o parte del propio trabajador, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el encargado de incoar el procedimiento. Por tanto, si Inspección no solicita tal prestación, será Juan el que deberá solicitarla.

En la resolución del INSS – donde se acuerde el recargo – se indicará la determinación de la cuantía y las bases de las prestaciones a las que deberá aplicarse. El porcentaje será proporcional a la gravedad de las faltas o infracciones ocasionadas por el empresario.

Ahora bien, una vez reconocido el recargo de prestaciones, no significa que Juan vaya a percibir el importe del recargo directamente en su cuenta bancaria por parte del empresario. La empresa deberá ingresar la totalidad del importe fijado en la Tesorería General de la Seguridad Social y será ésta la encargada de abonar las cantidades correspondientes a Juan.

Indemnización por responsabilidad civil

Juan podría obtener una indemnización por la responsabilidad civil del empresario o de los otros posibles responsables (indemnización complementaria a las prestaciones que otorga la Seguridad Social). Esta indemnización tiene la finalidad de reparar el daño real que haya sufrido Juan como consecuencia del accidente de trabajo, ante la culpa o negligencia del empresario (u otros).

Los daños reclamables pueden ser de tres tipos:

  • Daños corporales. Son las lesiones físicas o psíquicas que permanezcan tras el accidente. Juan, por ejemplo, tendrá secuelas en la espalda y en la pierna fracturada y, por tanto, éstas son las lesiones que podrá reclamar como daños corporales.
  • Daños patrimoniales. Este tipo de daños está integrado por dos conceptos: los daños emergentes y el lucro cesante. Los daños emergentes son los daños que se producen en bienes materiales, así como los gastos; y el lucro cesante es la pérdida de ingresos y de expectativas de mejora.
  • Daños morales. Cabría la posibilidad de reclamar por los daños morales que el accidente haya repercutido en la vida de Juan.

 

Por tanto, si has sufrido un accidente de trabajo y crees que puedes tener derecho a alguna de las prestaciones indicadas, te recomendamos informarte sobre la viabilidad de una posible reclamación Contacto


1 El artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social establece que “todas las prestaciones que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aumentaran de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o los elementos de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajador, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”.