Consumo de alcohol en el trabajo (1ª Entrega)

“Juan y sus compañeros acostumbran a bajar a almorzar y suelen tomar varias cervezas, carajillos, etc. Debido a alguna queja y a un accidente leve que se produjo a la vuelta del almuerzo, su empresa está pensando en articular medidas para detectar el consumo de alcohol y posible influencia en horas de trabajo. El responsable de la empresa les ha indicado que tendrán que someterse a pruebas de alcoholemia aleatorias durante la jornada laboral.”

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El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su apartado primero señala:

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.”

La detección del consumo de alcohol en el puesto de trabajo es una cuestión que entra dentro de la esfera privada e íntima del individuo por lo que Juan debe estar informado y consentir la realización de pruebas de detección y/o analíticas. Sin embargo, puede existir un Convenio colectivo que obligue a ello, o por el tipo de profesión pueda entenderse que la realización de controles es ajustada, proporcional, necesaria e imprescindible conforme la Ley de Prevención de Riesgos laborales.

El principio de voluntariedad implica por tanto, que Juan deberá consentir la realización de las pruebas, y tener toda la información precisa para que ese consentimiento sea válido. Eso implica conocer los fines de las pruebas, el contenido de las mismas, las consecuencias que pueden derivarse de su realización, etc. Las excepciones a dicha voluntariedad parten siempre de que la realización de los reconocimientos “sea imprescindible”, que las pruebas sean proporcionales al riesgo, y que puedan verse afectada la salud de terceros, otros trabajadores, etc. Y eso le corresponderá probarlo a aquel que pretende someter a Juan a dicha prueba.

Sólo en el caso de que el Jefe de Juan considerase que el estado de salud de éste puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa podrían operar las excepciones al principio de voluntariedad. Pero aun así, el Jefe de Juan debería dar traslado de su decisión a los representantes de los trabajadores, que podrían estar en desacuerdo aunque no sería una opinión vinculante. En caso de discrepancias, el asunto acabaría en los Tribunales. Si en el convenio colectivo de aplicación en la empresa se admitiese la realización de ciertas pruebas como sucede con algunos convenios, la respuesta podría ser diferente.

En cualquier caso, aunque Juan consintiese las pruebas de detección, podría discutirse si las pruebas serían propiamente materia de prevención de riesgos laborales ya que la finalidad de la prevención es la adaptación del puesto de trabajo al trabajador (artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales), teniendo en cuenta también las condiciones psicofísicas de las personas especialmente sensibles, y sin que las conclusiones obtenidas puedan utilizarse en perjuicio del trabajador.

La realización de estas pruebas desde el punto de vista médico podrían no ser concluyentes para poder dar una aptitud médico laboral, y de las mismas no se deduciría necesariamente que Juan esté en un determinado momento bajo los efectos del alcohol en el trabajo, y que ello implique una repercusión negativa para su desarrollo. Por ejemplo, en la cuestión de drogas, la existencia de trazas de sustancias psicotrópicas no implicaría necesariamente que el consumo se haya realizado en el puesto de trabajo y que existiese afectación en ese momento. El consumo ocasional de alcohol o drogas, no es necesariamente causa automática de extinción del contrato.

Además, siempre debería verificarse que los resultados de las pruebas de detección se han obtenido respetando todas las garantías y derechos de Juan, inclusive la posibilidad de un nuevo análisis, la cadena de custodia de las muestras, homologación de equipos, etc.

En la entrada del día 10 de mayo, hablaremos sobre las posibles repercusiones derivadas de que un trabajador desarrolle la actividad en estado de embriaguez -para el trabajador y la empresa-.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

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Diferencias entre denuncia, demanda y querella (Lo obvio no lo es tanto, 4ª entrega)

Todos hemos escuchado las expresiones “denunciar” y “demandar” con un uso indistinto pero ¿significan lo mismo? ¿son verbos que definen una idéntica acción?

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La respuesta es no.

Coloquialmente, se utilizan los verbos “denunciar” y “demandar” de un modo indistinto para referirse a la acción de “llevar a alguien ante los Tribunales” pero ambos términos no son sinónimos.

La diferencia fundamental se basa en la materia de la que se trate: en general, la demanda es la forma mediante la que se inician los procedimientos civiles, contenciosos-administrativos, sociales y mercantiles. Por el contrario, en esencia, la denuncia es la forma mediante la que se inicia un procedimiento penal (hechos delictivos).

¿Y qué sucede con “querellarse”?

Habitualmente, se suele pensar que el término “querella” está relacionado con delitos de injurias y calumnias. No obstante, su contenido es mucho más amplio y no se acota a los delitos indicados.

Tanto la denuncia como la querella inician los procedimientos del ordenamiento penal pero fundamentalmente hay tres diferencias entre ambas:

  • En la querella, el querellante ejercita la acción penal y, en la denuncia, el denunciante no siempre la ejercita. Ahora bien, ¿qué significa esto? Veámoslo con unos ejemplos:

Si Juan se querella contra Pedro, Juan será parte en el procedimiento, es decir, su abogado irá a las declaraciones, tendrá acceso a toda la documentación, podrá proponer pruebas y participar en ellas, acusar a Pedro y asistir contra él en un Juicio.

Por lo contrario, si Juan denuncia a Pedro, Juan no será parte en el procedimiento (a no ser que expresamente indique lo contrario): lo más habitual es que mediante dicha denuncia Juan ponga en conocimiento de la Policía o del Juzgado unos hechos (presuntamente delictivos) y ya no participe más en el procedimiento.

  • La querella es válida tanto para delitos públicos como para delitos privados1. Por el contrario, la denuncia sólo es apta para delitos públicos.

Los delitos privados son los que sólo pueden perseguirse (iniciarse) por parte del perjudicado por los hechos. Por ejemplo, los delitos de injurias y calumnias que hemos mencionado antes son delitos privados y, por tanto, tan sólo pueden iniciarse por parte del calumniado o injuriado mediante querella (y no denuncia).

Por su parte, los delitos públicos son los que pueden perseguirse por el propio perjudicado, por cualquier otro ciudadano, por el ministerio fiscal, o bien, de oficio. Como hemos dicho, este tipo de delitos pueden iniciarse mediante denuncia o mediante querella.

  • La querella siempre debe presentarse por escrito y tiene que redactarse con una forma determinada que está estipulada por la Ley. Además, en principio, debe dirigirse contra una/s persona/s concreta/s. Contrariamente, la denuncia no tiene un carácter tan formalista e incluso puede ser verbal.

En resumen:

Cuando se trate de reclamaciones económicas, divorcios, despidos, o cualquier otro asunto de índole no delictiva el término adecuado será “demandar”. Por ejemplo:

  • Juan va a demandar a Pedro porque éste le debe los 5.000 Euros que le prestó
  • Juan va a demandar a Pedro porque tienen un conflicto con los lindes de unos viñedos

Por su parte, cuando se trate de asuntos delictivos el término adecuado será “denuncia” o “querella”. Por ejemplo:

  • Juan va a denunciar / querellarse contra Pedro porque éste le ha amenazado
  • Juan va a denunciar / querellarse contra Pedro porque éste le ha robado el coche

 

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.


1 Existen también los delitos semipúblicos.

 

He tenido un accidente de trabajo. ¿Y ahora qué?

En el desarrollo de su trabajo, Juan ha sufrido una caída de tres metros de altura. Estaba subido en la escalera de mano que usaba siempre; uno de los peldaños, tras previas roturas, tenía mala inclinación y era inestable. Su jefe tenía conocimiento de ello pero se negaba a proporcionarle una nueva.

Afortunadamente, las consecuencias del accidente no han sido tan graves como parecían. De todos modos, se ha roto una pierna y podría quedarle alguna pequeña secuela en la espalda. Además, parece que va a tener que estar varios meses de baja.

¿Cómo debe actuar Juan tras el accidente? ¿Tiene derecho a recibir algún tipo de prestación?

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La Ley General de la Seguridad Social recoge la definición legal de accidente de trabajo: “se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.

Para que un accidente sea considerado laboral, debe haber un nexo causal entre el trabajo y el accidente. Salvo prueba en contrario, las lesiones que sufra un trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo se presumen accidente de trabajo. La situación de Juan es sencilla: como el accidente ocurrió mientras desarrollaba sus funciones en horario laboral, se considerará accidente de trabajo.  

Tras sufrir el accidente, Juan tiene derecho a percibir las siguientes prestaciones:

  1. Asistencia sanitaria
  2. Prestación económica durante su baja laboral
  3. Prestación económica ante la existencia de secuelas
  4. Recargo de prestaciones
  5. Cantidades adicionales incluidas como mejora en el Convenio Colectivo del trabajador accidentado
  6. Indemnización por responsabilidad civil

Nos centraremos en las prestaciones números 4 y 6, al tratarse de las más desconocidas.

Recargo de prestaciones

El recargo de prestaciones1 es un incremento de las prestaciones por incapacidad temporal y/o permanente que acontece cuando el accidente ha sucedido por culpa del empresario – u otros posibles responsables –, por infracción de las medidas de seguridad.

En nuestro caso concreto, Juan tendría derecho al citado recargo de prestaciones dado que la escalera que estaba utilizando no cumplía con las medidas de seguridad adecuadas: estaba en mal estado y el empresario, que tenía conocimiento de ello, permitía su uso.

Tras la propuesta por parte Inspección de trabajo o parte del propio trabajador, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el encargado de incoar el procedimiento. Por tanto, si Inspección no solicita tal prestación, será Juan el que deberá solicitarla.

En la resolución del INSS – donde se acuerde el recargo – se indicará la determinación de la cuantía y las bases de las prestaciones a las que deberá aplicarse. El porcentaje será proporcional a la gravedad de las faltas o infracciones ocasionadas por el empresario.

Ahora bien, una vez reconocido el recargo de prestaciones, no significa que Juan vaya a percibir el importe del recargo directamente en su cuenta bancaria por parte del empresario. La empresa deberá ingresar la totalidad del importe fijado en la Tesorería General de la Seguridad Social y será ésta la encargada de abonar las cantidades correspondientes a Juan.

Indemnización por responsabilidad civil

Juan podría obtener una indemnización por la responsabilidad civil del empresario o de los otros posibles responsables (indemnización complementaria a las prestaciones que otorga la Seguridad Social). Esta indemnización tiene la finalidad de reparar el daño real que haya sufrido Juan como consecuencia del accidente de trabajo, ante la culpa o negligencia del empresario (u otros).

Los daños reclamables pueden ser de tres tipos:

  • Daños corporales. Son las lesiones físicas o psíquicas que permanezcan tras el accidente. Juan, por ejemplo, tendrá secuelas en la espalda y en la pierna fracturada y, por tanto, éstas son las lesiones que podrá reclamar como daños corporales.
  • Daños patrimoniales. Este tipo de daños está integrado por dos conceptos: los daños emergentes y el lucro cesante. Los daños emergentes son los daños que se producen en bienes materiales, así como los gastos; y el lucro cesante es la pérdida de ingresos y de expectativas de mejora.
  • Daños morales. Cabría la posibilidad de reclamar por los daños morales que el accidente haya repercutido en la vida de Juan.

 

Por tanto, si has sufrido un accidente de trabajo y crees que puedes tener derecho a alguna de las prestaciones indicadas, te recomendamos informarte sobre la viabilidad de una posible reclamación Contacto


1 El artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social establece que “todas las prestaciones que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aumentaran de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o los elementos de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajador, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”.