WhatsApp y prueba en Juicio

Juan recibe un mensaje de whatsApp en el que un superior suyo le insulta gravemente y le indica que le va a despedir “porque no le gusta”. Finalmente, Juan es despedido y pretende utilizar el mensaje de whatsApp en su demanda de impugnación del despido.

El uso cada vez más extendido de la aplicación WhatsApp no podía permanecer ajeno al mundo del derecho, y el caso de Juan es un ejemplo de ello.

El Tribunal Supremo dictó en 2015 una sentencia en materia penal en la que abordaba el valor como prueba de los mensajes de WhatsApp. El argumento esencial de la sentencia era que las comunicaciones de WhatsApp requerían la práctica de una prueba pericial que identificase el origen de la comunicación, la identidad de los intervinientes y la integridad del contenido. Por tanto, una mera impresión de pantalla (un “pantallazo”) de los mensajes no era suficiente a efectos de prueba.

Hay que tener en cuenta que en materia penal el principio de presunción de inocencia es una de las bases del sistema jurídico, por lo que en caso de que la otra parte no admita la realidad de la conversación e impugne la prueba, sólo una pericial podrá asegurar la realidad y no manipulación del contenido.

En el caso de Juan, no estaríamos en un procedimiento penal sino en un procedimiento laboral de impugnación de despido. En los últimos años se han dictado diversas sentencias en el orden social que tratan este tipo de asuntos, de las que podemos extraer algunas ideas generales:

  • Puede aportarse un pantallazo de la conversación de WhatsApp, pero el valor probatorio dependerá de si este documento no se impugna o se admite expresamente por la otra parte.
  • Si la otra parte lo impugna, el mero pantallazo puede no ser suficiente y requerirse una prueba pericial o la exhibición del móvil al Tribunal.
  • La exhibición del móvil al procedimiento para que se constate el contenido del mismo, o la elaboración de un acta notarial que de fe del contenido de los mensajes parecen formas más seguras de aportación de prueba que el mero “pantallazo”.

En RIU & SIMANS Abogados recomendamos que en caso de que consideres que una conversación de WhatsApp puede ser relevante en un procedimiento judicial, no hagas un pantallazo y borres la conversación: guarda la conversación íntegra en el soporte original a fin de que ésta pueda ser aportada en un Juicio.

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Si tienes alguna duda o consulta, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS Abogados en el teléfono 93.517.45.43 a enviando un correo electrónico a info@riusimans.com. Estamos en Sant Andreu, Barcelona. 

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Investigado en Juicio por delito leve (Lo obvio no lo es tanto, 8ª entrega)

Es jueves y Juan recibe una citación como investigado para acudir a un Juicio por delito leve el lunes. Su primera impresión es “qué poco tiempo tengo”, pero es lo habitual en este tipo de procedimientos. Su citación indica que no es obligatorio acudir con Abogado, pero no sabe lo que se encontrará en el Juicio, si habrá testigos, qué y quién le preguntará y, en general, muchas dudas más de las cuales no tiene respuesta.

¿Qué le puede suceder? ¿Qué se encontrará Juan en el Juicio? ¿Cómo funciona y quién estará? ¿Debe acudir a un Abogado?

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Una de las principales novedades de la reforma del Código Penal del año 2015 fue la eliminación de las faltas. Desde entonces, las antiguas faltas han pasado a ser hechos susceptibles de sanción administrativa o bien delitos leves, como en el caso de Juan. Como los delitos leves no son tan graves como el resto de delitos, no conllevan pena de prisión, pero existen otras penas tales como multas, privación de conducir vehículos, inhabilitaciones de oficios, localización, alejamiento, trabajos en beneficio de la comunidad, etcétera. Son ejemplos de delitos leves las amenazas y coacciones leves, las lesiones leves, determinados hurtos, estafas, apropiaciones indebidas y defraudaciones de agua/luz/gas/telecomunicaciones y el uso de moneda falsa,entre otros. 

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que una condena por delito leve genera antecedentes penales, cosa que no sucedía con las condenas por faltas. Si quieres saber más sobre los antecedentes penales puedes clicar aquí y ver nuestra entrada al respecto. 

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Un juicio leve se inicia tras la denuncia o querella del perjudicado o víctima, o bien tras un atestado policial. El tiempo entre la citación y el Juicio es tan breve como decíamos en la introducción de este post porque en este procedimiento no hay instrucción, sino que directamente se realiza el Juicio.

El Juzgado se encarga de enviar una citación a Juicio, en calidad de investigado al denunciado / querellado (Juan), así como una citación al denunciante / querellante y al Ministerio Fiscal. También, si hay testigos, se cita a éstos.

En el Juicio estará el Juez, el Ministerio Fiscal, la parte denunciante / querellante (con su Abogado) y Juan (con su Abogado). En la sesión se propondrán las pruebas, tanto documentales, como testificales y habrá un momento final para las conclusiones jurídicas de cada parte. Hemos indicado “con su Abogado” entre paréntesis ya que no en todos los Juicios por delitos leves es obligatoria la intervención de Abogado, pero aun así es altamente recomendado acudir asistido de éste ya que Juan por varias razones podría encontrarse inmerso en un procedimiento en el que no sabría cómo actuar:

– La otra parte puede llegar el día del Juicio con Abogado, sin aviso previo. Evidentemente, ello es un prejuicio para la parte que va sin asistencia letrada.

– En su interrogatorio como investigado, Juan no tendría una línea de contestación adecuada, pudiendo ello hacer que por los nervios se contradijese. Más allá de tener la razón, es importante hacerla valer adecuadamente.

– Si en su interrogatorio alguna de las partes formulase preguntas incompletas o impertinentes, no tendría a un Abogado que protestase.

– Probablemente no sabría proponer en el momento adecuado sus pruebas: tales como documental o testigos. En un Juicio, si se te pasa el momento procesal oportuno, ya no es posible volver atrás

– En los interrogatorios de los testigos, sería difícil que una persona que no se dedica al mundo del derecho pudiese establecer una línea interrogatoria adecuada; más aún, si la otra parte sí va asistida de abogado.

Por todo lo anterior, ante una citación para Juicio de delito leve, es recomendable la asistencia de Letrado tanto para el denunciante / querellante, como para el denunciado a fin de garantizar una óptima acusación o defensa. 

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“Denuncia falsa” de robo de móvil

Al salir a mediodía del trabajo, Juan fue a comer a un Bar. Cuando volvió a su puesto, se percató de que se había olvidado el móvil encima de la mesa del establecimiento: volvió pero ya no estaba y en el Bar no sabían nada.

Como tiene un seguro con cobertura ante robos de teléfono, pensó ir a la Comisaría a interponer una denuncia.

Un mes más tarde recibe una citación como investigado en la que se le acusa como autor de un delito de “simulación de delito”. ¿En qué consiste? ¿Qué puede pasarle a Juan?

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En relación a los teléfonos móviles, la mayoría de aseguradoras tan sólo cubren los dispositivos por “robo” y no por una pérdida o hurto. Por ello, la actuación de Juan no es un caso aislado.

En el caso de Juan, él presentó la pertinente denuncia ante la Comisaría y, como protocolo habitual, los Agentes le solicitaron el máximo de detalles sobre el suceso. Como realmente Juan no fue víctima de un robo, se tuvo que inventar la situación. Lógicamente, una vez interpuesta una denuncia, se realizan las pertinentes diligencias policiales y, en ese momento, la policía empezó a ver incongruencias: por ejemplo, en ocasiones, cuando los Agentes acuden al lugar donde presuntamente se cometió el robo, detectan en la zona cámaras de videovigilancia (de entidades bancarias, de comercios, etc.) y revisan la franja horaria del suceso; de este modo, resulta bastante sencillo confirmar la falsedad de la denuncia.

En otras ocasiones, es en el mismo momento de la denuncia cuando los Agentes constatan incongruencias en la definición de los hechos por parte del denunciante. Normalmente, cuando esto sucede se acaba interrogando a la persona y, o bien se contradice más aún, o bien acaba reconocimiento que ha cometido un error inventándose unos hechos.

En ambos supuestos – tanto si se descubre la falsedad cuando se están realizando las diligencias de investigación, como si se descubre en el mismo momento de la denuncia – la persona (en este caso, Juan) acaba recibiendo una citación en calidad de investigado (la antigua figura del ‘imputado’).

 

El Código Penal tipifica la simulación de delito. El tipo penal establece que el que interponga o simule ser víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente (en este caso, Juan simula haber sido víctima de un robo de un teléfono móvil) será castigado con una multa de 6 a 12 meses; tales multas se tasan en Euros por día; exactamente de los 3 a los 10 Euros diarios. Por tanto, aunque condenasen a Juan con la multa mínima de 3 Euros al día durante 6 meses, tendría que abonar 540 Euros.

Hay que tener en cuenta que, en términos coloquiales, se suele hablar en estos casos de “denuncia falsa” pero lo cierto es que “denuncia falsa” es otro delito (del mismo carácter, pero otro distinto) en el cual en principio, además de lo anterior, se identifica a un autor. Las penas para este tipo delictivo son mucho más altas e incluso contemplan pena de prisión.

Si quieres saber que tendría que hacer Juan cuando reciba una citación como investigado puedes hacer click aquí.

Si tienes alguna duda o consulta, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS, Abogados. En Sant Andreu, Barcelona. 93.517.45.43

 

Diferencias entre violencia doméstica y violencia de género (Lo obvio no lo es tanto, 7ª entrega)

Esta semana continuamos con nuestras entregas de “Lo obvio no lo es tanto” donde intentamos aclarar de un modo sencillo conceptos básicos del Derecho. Si quieres ver las anteriores entradas de esta temática puedes clicar aquí.


Conceptualmente podemos definir ambos términos como la violencia física, psíquica o psicológica que produce un agravio en la vida, integridad física o moral, en la libertad, en la libertad sexual, en la capacidad de decisión y/o en la tranquilidad de la víctima.

La diferencia básica entre ambos conceptos es que la “violencia de género” es aquella que se ejerce sobre la mujer, mientras que la “violencia doméstica” es la que se ejerce sobre cualquier miembro de la unidad familiar. A pesar de esta distinción fundamental, hay diversos aspectos que también distinguen un concepto del otro; como es el caso del sujeto activo que lo realiza, el bien jurídico que protege el concepto, la habitualidad, la calificación penal, etcétera.

Para mayor claridad, esquemáticamente las diferencias básicas son las siguientes:

Violencia doméstica:

  • El sujeto activo (agresor) es cualquier persona que integra el núcleo familiar
  • El sujeto pasivo (víctima) es cualquier persona integrante del mismo núcleo familiar que el sujeto activo
  • Requiere habitualidad de acciones, es decir, en términos generales, para que se considere violencia doméstica deben existir distintas acciones durante un tiempo
  • El bien jurídico protegido es la integridad moral de las víctimas y el ambiente pacífico y de convivencia de las familias

Violencia de género:

  • El sujeto activo (agresor) es un hombre: el marido/pareja o ex marido/ex pareja de la víctima
  • El sujeto pasivo (víctima) es una mujer: la esposa/pareja o ex esposa/ex pareja del agresor (aunque no haya existido convivencia entre ambos)
  • No requiere habitualidad de acciones, es decir, con una acción es suficiente para que se considere violencia de género
  • El bien jurídico protegido es el conjunto de bienes jurídico-personales de la mujer (la vida, la integridad física, la integridad moral, etcétera)

Es preciso señalar que el legislador ha querido proporcionar mayor protección a las víctimas de la violencia doméstica y violencia de género aumentando considerablemente las penas en los delitos cometidos en el abanico de estos tipos de violencia.

Veamos unos sencillos ejemplos para valorar – de un modo básico – si se trata de violencia doméstica o violencia de género:

– Juan agrede a su novia María (viven juntos): violencia de género

– Juan agrede a su novia María (no viven juntos): violencia de género

– Juan agrede a su ex novia María (no viven juntos): violencia de género

– María agrede a su novio Juan (viven juntos): violencia doméstica

– María agrede a su novio Juan (no viven juntos): no tiene consideración de violencia doméstica (tampoco de violencia de género); la acción concreta se ajustaría al tipo específico del Código Penal (por ejemplo, si la violencia ha consistido en lesiones, el tipo penal se ajustaría al delito de lesiones general)

– Juan agrede a su hermano Pedro (viven juntos): violencia doméstica

– Juan agrede a su hermano Pedro (no viven juntos): no tiene consideración de violencia doméstica (tampoco de violencia de género)

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Si tienes alguna duda o consulta, puedes ponerte en contacto con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.

¿Puede una empresa cometer un delito? El “Compliance penal” II (Tengo una empresa, 3ª Entrega)

En las dos primeras entregas de nuestro bloque “Tengo una empresa” os hablamos de la Responsabilidad Penal Corporativa y del concepto de “Compliance penal”.
En ese último post abordamos el concepto de “Compliance penal” haciendo referencia a que el Código Penal, en su última reforma de 2015, introdujo una herramienta para atenuar o eximir la responsabilidad penal de las personas jurídicas: los modelos de organización y gestión para la prevención de riesgos penales a los que alude el artículo 31 bis.2.1ª del citado texto legal. Estos “modelos de organización y gestión” son los denominados “Compliance penal” o “Programas de cumplimiento”.

Pero realmente ¿en qué consiste un “Compliance”?

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Un “Compliance” no es un simple informe sino que es un Proyecto más amplio consistente en una serie de documentos y acciones orientados a prevenir la comisión de delitos en las empresas. El artículo 31 bis.5 del Código Penal detalla los requisitos que deben cumplir; resumidamente son los siguientes:

  • Identificación de las actividades de la organización en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos
  • Realización de protocolos o procedimientos sobre el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos
  • Modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deban ser prevenidos
  • Incorporación de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo que se encargue de la vigilancia y observación del funcionamiento del modelo de prevención o proyecto “Compliance”
  • Establecimiento de un sistema disciplinario que sancione de modo adecuado el incumplimiento de las medidas que se establezcan en el “Compliance”. Para ello, RIUSIMANS recomienda, además, la realización de un Código Ético
  • Verificación periódica del conjunto del modelo y modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes relacionadas, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o bien en la actividad empresarial

Obviamente, un Proyecto “Compliance” tiene que estar orientado a la empresa concreta; para que el proyecto cumpla con lo establecido con el Código Penal y sea de utilidad no puede tratarse de un conjunto de documentos estereotipados o generalistas que podrían definir a cualquier tipo de organización empresarial. En RIUSIMANS Abogados estudiamos la concreta organización empresarial y analizamos la documentación de empresa para evaluar los riesgos jurídico – penales aplicables a cada organización. Gracias al estudio previo de la entidad, se elabora un mapa de riesgos a partir del cual se desglosa todo el Proyecto que, evidentemente, se sustenta de forma documental.

Con la instauración de un proyecto “Compliance” se realiza un cambio de cultura empresarial que beneficia a la persona jurídica, mitigando así sus riesgos penales.

Si tienes alguna duda o tu empresa no dispone de un “Compliance penal”, puedes ponerte en contacto con RIUSIMANS Abogados. Asimismo, si tu empresa cuenta con documentación relativa a la prevención de riesgos penales pero no sabes el alcance de su validez, te asesoraremos sin compromiso.

La Comunidad de Propietarios ante la prevención de riesgos laborales

 

Juan reside en una finca en la que trabaja un Conserje desde hace muchísimos años. La Comunidad de propietarios tiene un contrato con una empresa de mantenimiento. Uno de sus trabajadores ha tenido un accidente grave mientras desarrollaba sus actividades en la finca e Inspección de Trabajo está requiriendo documentación preventiva a la Comunidad, que carece completamente de la misma.

Pese a que la Ley de prevención de riesgos laborales data del año 1995, sigue siendo muy habitual encontrarnos con la cara de asombro del Presidente o Administrador cuando Inspección de Trabajo requiere documentación preventiva a la Comunidad, generalmente ante la producción de alguna incidencia o accidente  como consecuencia de la actividad del personal fijo de la misma, o bien durante el mantenimiento, reparación o conservación de elementos comunes de la finca para aquellas Comunidades-la mayoría- que carecen de personal asalariado.

Las Comunidades de Propietarios deben aplicar lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que su artículo 3  cuando define el ámbito de aplicación de la norma, no establece exención respecto a ellas. En ese sentido, las únicas exclusiones de la la norma se refieren a la relación laboral especial de servicio de hogar, personal de protección civil, etc.

Lo realmente decisivo es que la Comunidad en cuestión tenga contratado algún trabajador por cuenta ajena. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, al responder a una consulta sobre la situación jurídica de las comunidades de propietarios, se posicionó al respecto en su página web :

“Es conveniente, por tanto, aclarar que, cuando la Comunidad de Propietarios cuenta con algún trabajador asalariado se convierte a todos los efectos en una empresa a la que se le aplica la normativa de prevención de riesgos laborales. Así, empleados de fincas urbanas, jardineros u otros empleados son titulares del derecho a la salud y seguridad en el trabajo con idéntico alcance que el resto de los asalariados. De esta forma la empresa (Comunidad de Propietarios) con los medios de que disponga (generalmente externos) debe evaluar riesgos, tomar medidas de controlo reducción de éstos, facilitar información y formación y, en su caso, vigilancia de la salud.”

En ese sentido, se hace referencia a título ilustrativo a  las Sentencias del TSJ de Extremadura núm. 588/1999-Sala de lo Social-, de 8 octubre, o la del TSJ de Aragón núm. 295/1998 -Sala de lo Social-, de 15 abril, en las que se impuso el recargo de prestaciones económicas por infracción de medidas de seguridad (omisión de medidas preventivas) a la Comunidad de Propietarios como consecuencia de los accidentes sufridos por su personal.

A la Comunidad  también le podrá ser de  aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial, las obligaciones en materia de cooperación y coordinación, información previstas en dicha normativa.

No integrar e implantar la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad-cuya capacidad y legitimación para ser parte están reconocidas en el artículo 6.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento civil- puede implicar consecuencias jurídicas de toda índole, que a nivel meramente enunciativo se describen:

En el ámbito penal, cualquier incumplimiento de la normativa por parte del empresario que pueda poner en peligro la salud o los derechos de los trabajadores puede tipificarse como un delito contra los derechos de los trabajadores previsto en los artículos 316, 317 y 318 del Código Penal. Hay que recalcar que estamos ante un delito de los denominados “de riesgo”. Por tanto, no es necesario para su comisión que se produzca un resultado lesivo. Si se producen daños físicos o psíquicos, ello implicará además la comisión de un delito de lesiones o de un delito de homicidio imprudente.

Las Comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica, y como tales no les afectan las últimas modificaciones del Código penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, y sin perjuicio de otras consideraciones podría existir una responsabilidad personal del Presidente  que no cumpliese con evidente desidia con los acuerdos de la Comunidad para el cumplimiento de sus obligaciones preventivas (por ejemplo, contratación de un servicio de prevención ajeno), o de aquellos comuneros que con su conducta contribuyesen a la producción de un resultado lesivo.

En el ámbito social, cabe la imposición del recargo de prestaciones a la Comunidad por falta de medidas de seguridad, al no haber cumplimentado sus obligaciones al respecto. Por otro lado, en el ámbito sancionador, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica y sanciona los posibles incumplimientos cometidos en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales.

El cuadro de infracciones es muy amplio, pero a efectos ilustrativos se reproduce lo dispuesto en el apartado 1.

Artículo 12.Infracciones graves.

Son infracciones graves:

1. a) Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.

b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

En el artículo 40.2 de la referida norma se sancionan las infracciones graves en un arco que oscila entre los 2046 Euros y los 40.985 Euros.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la imposición de un recargo de prestaciones en vía social o las posibles prestaciones de la seguridad social que en tal jurisdicción pudieren otorgarse, no excluyen la posibilidad de que un trabajador o tercero  pueda reclamar a la Comunidad ante la jurisdicción social las indemnizaciones que considere oportunas, en virtud de lo previsto en el artículo 127.3 de la Ley General de la Seguridad Social

“Cuando la prestación haya tenido como origen supuestos de hecho que impliquen responsabilidad criminal o civil de alguna persona, incluido el empresario, la prestación será hecha efectiva, cumplidas las demás condiciones, por la entidad gestora, servicio común o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su caso, sin perjuicio de aquellas responsabilidades. En estos casos, el trabajador o sus derechohabientes podrán exigir las indemnizaciones procedentes de los presuntos responsables criminal o civilmente.”

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

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Diferencias entre robo y hurto (Lo obvio no lo es tanto, 5ª entrega)

Comúnmente, se utiliza el término “robo” para referirse al hecho de apoderarse de una cosa de otra persona sin su consentimiento. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico distingue entre dos figuras para una situación así: el hurto y el robo.

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Se trata de un hurto cuando una cosa mueble ajena se toma con ánimo de lucro sin la voluntad de su dueño. En dicha sustracción no interviene ni la fuerza, ni la violencia y, por tanto, el único hecho tipificado es el mero apoderamiento de una cosa ajena, con ánimo de lucro y sin consentimiento de su dueño.

A su vez, dentro del concepto de hurto, podemos dividir la conducta en delito de hurto y en delito leve de hurto, según el importe económico de la cosa sustraída: si supera o no la cuantía de 400 Euros.

Con anterioridad al 1 de julio de 2015 (día en que entró en vigor la última reforma del Código Penal), si estábamos ante un hurto y la cosa sustraída superaba los 400 Euros, se trataba de delito de hurto; y, por el contrario, si la cuantía era inferior, se trataba de una falta de hurto. Tras la reforma, como se han eliminado las faltas de nuestro ordenamiento jurídico, lo que sucede es que cuando el valor de la cosa extraída es inferior a 400 Euros, la acción se tipifica como un delito leve, cuya pena es de multa (de uno a tres meses)1.

Por su parte, si se trata de un delito de hurto (cosa de más de 400 Euros) la pena puede ser distinta según la cosa sustraída y puede incluso ser de hasta tres años de prisión.

Por su lado, el término robo hace referencia a la conducta de tomar con ánimo de lucro una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño pero, además, requiere que para ello se utilice:

– Fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde se encuentre la cosa sustraída

– Violencia o intimidación sobre las personas: dicha violencia o intimidación puede ser tanto en el momento de cometer el delito, como para proteger su huida, como sobre terceras personas que acudan a auxiliar a la víctima o que persigan al autor.

Evidentemente, las penas del delito de robo son superiores a las del delito de hurto y son distintas según las características de la acción (por ejemplo, la pena varía según si se han utilizado llaves falsas para cometer el delito, si se han usado armas, si se ha cometido en una casa habitada o deshabitada, etcétera).

Finalmente, vamos a ver unos simples ejemplos para diferenciar si se trata de delito de hurto, delito leve de hurto o bien delito de robo:

Juan tiene el móvil encima de la mesa en una cafetería y X se lo sustrae sin que él se de cuenta.

En este caso, estaremos ante un delito leve de hurto ya que el acto se ha realizado sin necesidad de utilizar la fuerza, la violencia o la intimidación y el importe de la cosa sustraída es inferior a 400 Euros.

Juan tiene el móvil encima de la mesa en una cafetería y X se lo sustrae sin que él se de cuenta pero el teléfono tiene un importe superior a 400 Euros.

En este caso, estaremos ante un delito de hurto dado que el acto se ha realizado sin necesidad de utilizar la fuerza, la violencia o la intimidación y el importe de la cosa sustraída es superior a 400 Euros.

X empuja a Juan y le sustrae el móvil que tiene en su mano.

En este caso, estaremos ante un robo ya que se ha utilizado violencia para sustraerle el móvil a Juan.

Juan se ha dejado el móvil dentro del coche y X rompe un cristal para acceder al interior del vehículo y sustraer el teléfono.

En este caso, también estaremos ante un robo ya que X ha utilizado la fuerza contra el cristal del coche.

Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.


1 Siempre y cuando no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 235 del Código Penal. 

¿Puede una empresa cometer un delito? El “Compliance” penal (Tengo una empresa, 2ª entrega)

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Hace unas semanas abordamos en una entrada una cuestión de máxima actualidad: la posibilidad de que una empresa pudiese cometer un delito. La respuesta, como vimos, debía ser afirmativa: con el nuevo Código Penal – publicado el pasado año – que profundizaba en la revolución que había supuesto el de 2010, y la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cada vez veremos más casos en los que una empresa o persona jurídica es condenada como autora de un delito junto o en sustitución de personas físicas.

Aunque obviamente la condena penal de una empresa no puede implicar pena de prisión, el efecto de la misma puede ser similar: la disolución, la imposición de multas de elevada cuantía, la intervención o la prohibición de contratar con Administraciones Públicas son algunas de las consecuencias que “castigarán” a muchas empresas que tenían un futuro esperanzador.

Y si estas personas jurídicas sobreviven a las medidas penales que se les puedan imponer, deberán hacer frente a otro tipo de daño muy difícil de reparar: el daño reputacional. En una sociedad en la que el precio del servicio o del producto no es el único factor a tener en cuenta, la responsabilidad social de la empresa con su entorno, el respeto de ciertos valores y compromisos éticos, una buena imagen ante el público, proveedores, potenciales clientes y, en general, la Sociedad son elementos básicos para competir en el mercado.

Ante esta situación, cabe preguntarse si una Empresa u Organización  debe resignarse pasivamente en espera de que sus empleados, proveedores o Directivos se comporten correctamente. La respuesta debe ser negativa: cuando el Legislador ha optado por ampliar la responsabilidad penal a las personas jurídicas, también les ha dotado de una herramienta para atenuar o eximirse de dicha responsabilidad: el Modelo de Organización y gestión para la prevención del delito,  “Compliance penal”, o “Programa de cumplimiento”,  terminologías todas ellas habituales en el mercado para referirse a este tipo de instrumentos cada vez más esenciales.

Pero ¿qué es un “Compliance”?

Lo primero que hay que establecer es que el “Compliance” no es un concepto penal. Es un concepto que aparece en el derecho anglosajón y que se fue extendiendo a diversos sectores económicos como el financiero  a la luz de diferentes escándalos. Se trataba de introducir en las organizaciones una cultura de cumplimiento de la legalidad, pero también se intentaba que las propias personas jurídicas estableciesen voluntariamente códigos de conducta, o asumiesen recomendaciones, buenas prácticas, o modelos de actuación no legalmente obligatorios. Y que estas Organizaciones ordenasen internamente  los recursos humanos y materiales para fomentar, controlar e investigar que la Organización y sus miembros actuasen conforme a dichos códigos y normativa. Podemos poner como ejemplo la Directiva del mercado de Instrumentos financieros (norma MIFID) que en su día ya estableció la exigencia de esta figura independiente que debía velar por el cumplimiento normativo.

En ese sentido, y a nivel español, la normativa referente al blanqueo de capitales, protección de datos, competencia, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, consumidores, sociedad de la información, etcétera  reúnen algunos elementos propios de la cultura del “Compliance”.

Pero a nivel penal, es a partir del Código Penal de 2010, de su modificación de 2015, y de la reciente Circular de Fiscalía cuando  podemos afirmar que nos encontramos ante un verdadero sistema de “Compliance penal”.

En la próxima entrada sobre “tengo una empresa”, entraremos de lleno en el contenido y características de un Compliance penal.

Si tienes alguna duda o tu Empresa quiere iniciar un Proyecto de Compliance, puedes ponerte en contacto con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.

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Testigo que miente en un juicio

Juan tiene un amigo llamado Pedro.  Pedro, hace unos meses, tuvo un accidente de moto con otro coche; su moto quedó destrozada pero fue su culpa. Como sabía que iba a perder el pleito, Pedro le pidió a su amigo Juan un favor: ir como testigo al Juicio, decir que presenció el accidente y que la culpa fue del conductor del vehículo. Juan aceptó, declaró faltando a la verdad y su amigo Pedro ganó el Juicio.

Meses más tarde, Juan ha recibido una citación en calidad de investigado (la anterior figura de “imputado”): la citación indica que es en base a un presunto delito de “falso testimonio”.

¿Qué puede sucederle a Juan? ¿Puede tener un problema por haber mentido en un Juicio?

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Si bien es cierto que, en virtud del derecho de defensa, a los investigados o acusados se les permite no decir la verdad, los testigos no pueden mentir; ello está regulado en el Código Penal y es un delito: el delito de falso testimonio. Con anterioridad a cualquier declaración testifical, su Señoría hace las advertencias generales de la Ley entre las cuales se encuentra la advertencia de prohibición de mentir al ser susceptible de delito.

En el caso que hemos planteado, Juan – que era testigo – mintió. Para que su conducta se considerase delictiva, su mentira tiene que ser dolosa, es decir, con voluntad de mentir.

La Ley prevé distintas penas para el delito de falso testimonio según el procedimiento en que se haya faltado a la verdad: no conlleva la misma pena mentir en un procedimiento penal que, por ejemplo, en uno civil. Como en el presente caso, Juan fingió en un Juicio penal, en el post nos basaremos en ese supuesto.

Las penas no son bajas y a Juan podrían condenarle a una pena de prisión comprendida entre uno y tres años y, además, a una multa de entre 6 y 12 meses.

En un supuesto similiar estaríamos si Juan, por ejemplo, hubiese sido realmente testigo del accidente y no hubiese faltado totalmente a la verdad pero hubiese matizado u alterado sus respuestas para favorecer a su amigo, hubiese sido inexacto o bien hubiese silenciado hechos o datos relevantes por él conocidos. En este caso, también podría ser condenado por un delito de falso testimonio aunque con una pena más reducida: tan sólo de multa, de 6 a 12 meses y, en su caso, suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio de 6 meses a 3 años.

Por su parte, Pedro también tendrá responsabilidad por la conducta de Juan: lógicamente, el Código Penal también prevé la figura de la persona que presenta a sabiendas testigos falsos. La pena que recaerá sobre Pedro será la misma que a la que se condene a Juan.

Desde nuestra experiencia, hemos podido comprobar que gracias a los avances tecnológicos (móviles o tablets que hacen fotografías, vídeos y audios) el delito de falso testimonio es más fácil de demostrar: actualmente es más sencillo recabar pruebas que demuestren que un testigo ha mentido. Por ejemplo, en el caso de Juan, un peatón o un acompañante del conductor del vehículo podría haber grabado el accidente ocurrido, o bien podría haber una cámara de seguridad en una tienda o banco cercano al lugar del accidente que hubiese filmado la situación.

Si estás en una situación similar o tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.

Antecedentes penales: un problema que puede marcar tu vida.

 

Juan ha sido condenado por un delito leve y está preocupado porque le quedarán antecedentes penales. ¿Qué implicaciones pueden tener los antecedentes para su vida y su futuro?

Cuando una persona es condenada mediante una sentencia penal firme, es decir, sin posibilidad de recurso, se remite esa información al Registro Central de Penados y Rebeldes. Estos datos son lo que comúnmente conocemos como antecedentes penales.

No hay que confundir antecedentes penales y policiales. Los  antecedentes policiales pueden derivar de una detención, una denuncia, etc., que origine una actuación por parte de alguno de los Cuerpos de Seguridad del Estado reconocidos como tales. En estos casos, quedarán ciertos datos de la persona en los Ficheros policiales, aunque la actuación policial no origine procedimiento judicial alguno, y no vaya más allá.

La existencia de antecedentes penales puede tener implicaciones muy importantes para la vida de cualquier persona. Uno de los más relevantes se da cuando se condena nuevamente a una persona que tenía antecedentes penales no cancelados.

El Código penal permite en su artículo 80 dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años. Es la famosa suspensión de la pena, que muchas personas piensan que se produce siempre que la condena a pena privativa de libertad sea de hasta dos años, cuando sólo es una facultad que tiene el Juez.

Pero para que esto suceda el Juez o Tribunal valorará entre otras, los antecedentes del condenado. Si los antecedentes tienen su origen en una sentencia por delito leve-las antiguas faltas- no se tendrán en cuenta para decidir sobre la suspensión o no de la pena.

Además, la existencia de antecedentes penales no cancelados puede significar, en caso de una nueva condena, que se aplique la agravante de reincidencia. Como  en el caso anterior, si los antecedentes derivan de una condena por delito leve-antiguas faltas- no se computarán.

El nuevo Código penal ha introducido una novedad importante: las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producen los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado, o pueda serlo. Esto supondrá que una persona condenada en otro país por un altercado, conducción bajo los efectos del alcohol, y en general delitos que no requieren de la presencia del acusado para celebrarse, podrá tener antecedentes penales y no saberlo.

Esa situación se da bastante en delitos contra la seguridad del tráfico, que en casos no graves puede zanjarse con una multa y la pérdida del carnet de conducir. Esta condena genera antecedentes penales que si la persona vuelve a delinquir, puede impedir que se le suspenda la pena y por tanto, que ingrese en prisión.

No hay que confundir la multa administrativa con la multa como pena en un procedimiento penal.

Además, los antecedentes penales tienen otro tipo de consecuencias muy importantes que de manera muy genérica adelantamos:

-Pueden ser un obstáculo muy complicado para obtener, por ejemplo, la nacionalidad Española.

-Pueden impedir la obtención o renovación de la autorización temporal de residencia.

-Pueden inhabilitar  para desarrollar ciertas profesiones como Auditor, Abogado, o para poder presentarse a convocatorias de plazas de funcionarios,  o  del sector público.

-Pueden impedir el acceso a licencias para determinadas actividades.

-Etc.

En definitiva, los antecedentes penales son una carga muy pesada a nivel personal y profesional, incluso más que la propia condena según los casos.

Y la pregunta que seguramente surgirá es: ¿Podrá Juan o cualquier persona afectada cancelar los antecedentes penales?  ¿Y los policiales?

La respuesta es positiva. Los antecedentes penales pueden cancelarse. Cuando Juan haya cumplido la pena a la que ha sido condenado, podrá solicitar la cancelación de sus antecedentes, aunque para ello deberán  transcurrir sin haber vuelto a delinquir alguno de los siguientes plazos-según el tipo de pena- :

a) Seis meses para las penas leves.

b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.

c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.

d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.

e) Diez años para las penas graves.

Los antecedentes pueden también cancelarse de oficio, es decir, sin que Juan lo pida. Pero dada la importancia que puede tener la cancelación, la recomendación es asesorarse, verificar la situación personal, y solicitarlo lo antes posible.

En cuanto a los antecedentes policiales, puede solicitarse su cancelación si se dan las circunstancias legales pertinentes, e incluso se puede acudir a la Agencia Española de Protección de datos si las Fuerzas de Seguridad ponen problemas, como suele ocurrir.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

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