Pelea en partido de fútbol

Juan juega en una liga de fútbol con sus amigos de toda la vida. A veces, el ambiente se complica con los equipos contrarios y se producen situaciones muy tensas. Realmente nunca le había pasado nada pero en el último partido, un jugador del equipo contrario le dio un puñetazo y le rompió un diente.

Juan denuncia al jugador contrario. ¿Las lesiones que tiene Juan son el resultado de un delito?

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El delito de lesiones está regulado en el artículo 147.1 del Código Penal, que establece que “el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico”.

De la lectura del artículo anterior, podemos ver que el caso de Juan, claramente, se trata de un delito de lesiones ya que se cumplen las siguientes premisas del artículo:

  • Una persona causa una lesión a Juan
  • Dicha lesión menoscaba la integridad corporal de Juan
  • La lesión de Juan requiere no tan sólo una primera asistencia médica, sino, además, un tratamiento médico o quirúrgico: le han roto un diente y necesitará tratamiento.

El jugador de fútbol que le agredió podría ser castigado con una pena de prisión de tres meses a tres años, o bien con una multa de seis a doce meses (según se cumplan unos u otros requisitos que también se establecen en el Código Penal). Evidentemente, si el jugador es condenado, la condena también implicará la carga de antecedentes penales.

 

La situación cambiaría por completo si las lesiones de Juan no hubiesen requerido tratamiento médico o quirúrgico. Si sus lesiones hubiesen consistido, por ejemplo, en hematomas, no se cumpliría la premisa del artículo citado que decía “lesión que requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”.

Pero, entonces, si las lesiones de Juan tan sólo consistiesen en hematomas y arañazos ¿ante qué estaríamos? ¿se trataría de una falta de lesiones?

La respuesta es no. Desde el pasado 1 de julio (2015) las faltas ya no existen: se suprimieron con la última reforma del Código Penal.

En la actualidad, las antiguas faltas de lesiones se denominan “delitos leves de lesiones”; los “delitos leves” son una nueva modalidad de delitos pero menos graves.

Es decir, desde la reforma, todas las acciones que provoquen lesiones son delito: con la diferencia de que según si existe tratamiento médico o quirúrgico o no, se tratará, respectivamente, de un delito de lesiones o de un delito leve de lesiones.

El delito leve de lesiones se regula en el artículo 147.2 del Código Penal y la pena es de multa de uno a tres meses. A esta pena hay que añadirle también los antecedentes penales; diferencia fundamental con las derogadas faltas de lesiones: las faltas no conllevaban antecedentes penales pero los “delitos leves” sí. Por tanto, la conducta de las anteriores faltas de lesiones se ha agravado considerablemente, sobretodo, por la existencia de los antecedentes.

Hay que tener en cuenta que, en principio, en los procedimientos de delitos leves se puede comparecer a Juicio sin letrado pero ¿quién va a arriesgarse a ir a un Juicio sin abogado si una de las cosas que están en juego son sus antecedentes penales?

En la entrada del próximo martes hablaremos sobre los antecedentes y lo que su existencia implica.

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Consumo de alcohol en el trabajo (2ª Entrega)

Como continuación a la anterior entrada sobre el tema Consumo de alcohol en el trabajo (1ª Entrega), analizamos las posibles repercusiones derivadas de que Juan desarrolle su actividad laboral en un probable estado de embriaguez.

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En primer lugar, el empresario tiene el deber de proteger a sus trabajadores (artículo 14 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, en adelante LPRL) y podrá ser responsable de los daños o lesiones sufridas por otros trabajadores como consecuencia de la actividad de un trabajador como Juan,  si éste no se hallaba en condiciones para el desarrollo de sus tareas.

En este sentido, el artículo 156. 5 a) de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS) señala:

“5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira.

La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.”

En segundo lugar, un accidente sufrido por Juan en estado de embriaguez con ocasión o a consecuencia del trabajo, se presumirá inicialmente, salvo prueba en contrario, como accidente de trabajo, con lo que ello implica en cuanto a las contingencias, recargo de prestaciones, responsabilidad civil, etc, tal y como se detallaba en la entrada He tenido un accidente de trabajo. ¿Y ahora qué?

“Artículo 156.- Concepto del accidente de trabajo.

  1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

….(..)3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.”

La única forma de que el accidente no tuviese tal consideración sería que se entendiese que ha existido imprudencia temeraria por parte de Juan. En este sentido, y aunque hay sentencias de todo tipo reproduzco parcialmente la Sentencia 17/2002, de 9 enero del Juzgado de lo Social número 1 de Castellón:

“…Gira la cuestión litigiosa en torno a si la conducta del trabajador de ingerir alcohol cuando debía trabajar en un puesto de Trabajo de riesgo como es trabajar a una determinada altura (se le detectó 0’37 gr/l de alcohol etílico en sangre) constituye imprudencia temeraria a los efectos del Art. 115.4.b de la L.G.S.S.

Examinando las circunstancias concurrentes en el caso que se estudia la respuesta debe ser negativa ya que dadas las características físicas del trabajador fallecido el que se le detectara en sangre 0’37 gr/l de alcohol etílico no significa que dicha ingesta de alcohol fuera la causa determinante del accidente ya que no era cantidad suficiente para alterar las condiciones, aptitudes físicas, y capacidad laboral del trabajador, es decir, no era cantidad suficiente para producir un estado de embriaguez en el accidentado causante de su caída del andamio, luego se concluye que la ingesta de una pequeña cantidad de alcohol durante la comida, costumbre habitual en la sociedad española (el accidente ocurrió a las 15 horas) no puede calificarse de imprudencia temeraria a los efectos del art. 115.4.b de la L.G.S.S por lo que el accidente debe ser calificado como laboral y estimarse la demanda..”

En nuestra opinión, si se tiene la sospecha de que un trabajador está en situación de embriaguez no se le debe permitir que trabaje, comunicándole por escrito las razones, intentando conseguir su recibí y si se niega firmando varios testigos de la situación, inclusive el Delegado de Prevención. De esta forma, se protege al trabajador de las posibles imprudencias y lesiones derivadas que para sí mismo o para compañeros podría causar; y también se protege al empresario, dadas las responsabilidades legales en que puede incurrir.

El artículo 25 de la LPRL  señala que “el empresario no empleará” al trabajador que se encuentre en unas determinadas circunstancias-inclusive transitorias-que le impiden trabajar”

Por tanto, si el empresario permite que un trabajador bajo los efectos del alcohol desarrolle su actividad, y se produce un accidente, puede acabar siendo responsable.

Lo anterior es independiente de las sanciones que el Convenio de aplicación en relación con el Estatuto de los trabajadores establezcan para estos casos. Desde el punto de vista empresarial, la recomendación sería siempre sancionar, o al menos amonestar al trabajador. Para ello, debe recalcarse la importancia de que en la comunicación de la sanción se especifiquen claramente los hechos, hora, día, situación, testigos, etc., y si es posible que aquellos que lo presencien  firmasen en conformidad. Se puede intentar que el trabajador autorice una prueba de detección de alcohol en sangre o aire, con todas las advertencias previas, y también con todas las dificultades inherentes.

En este sentido, se reproduce parcialmente la Sentencia número 1501/2008, de 13 mayo del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social, Sección 1ª), en la que se confirma la sanción a un trabajador con fundamento en pruebas testificales (no existencia de analíticas ni test de alcoholemia):

“SEGUNDO.- ….Es cierto, como señala el recurrente, que no hay constancia de que durante los hechos acaecidos se produjeran insultos contra el empresario o los propios compañeros de trabajo, como lo ratifica la propia sentencia recurrida, más allá de que, alterado el actor cuando se advirtió que dado su aparente estado de embriaguez se iba a seguir el protocolo que se acordó para él en esos casos, dijo que de no hacerse así “iba a denunciar a la empresa”, y que, en efecto, en la clínica donde se le practicó el análisis, por error, solo le realizaron las pruebas para detectar la existencia o no de sustancias estupefacientes. Pero sin perjuicio de esto, lo cierto es que quedó firme el relato histórico de la sentencia recurrida, conformado de acuerdo con la abundante prueba practicada en el acto de juicio, extrayendo la juzgadora de instancia la conclusión de que el actor acudió a trabajar con inequívocos signos de embriaguez, siendo corroborada esa sensación de incapacitación para trabajar por el propio delegado de personal y el de prevención de riesgos laborales, y a partir de ello, y de acuerdo con lo señalado en el texto del convenio de aplicación, donde se considera falta muy grave la embriaguez del trabajador, si esta circunstancia supone la alteración de las facultades físicas y psicológicas en el desempeño de sus funciones, evidentemente es correcta la decisión recurrida, en la medida que confirma dicha sanción.”

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¿Puede una empresa cometer un delito? (Tengo una empresa, 1ª entrega)

En el apartado Sobre el Blog ya os explicamos que, gradualmente, haremos entradas en el Blog que pertenezcan a la clasificación de “tengo una empresa”.

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El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la última reforma del Código Penal y, con ello, la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Obviamente, una persona jurídica, una empresa, una Fundación, etc., no puede ser recluida en un centro penitenciario.  Sin embargo, sí puede ser condenada a penas que restringirán o suprimirán la libertad de la entidad para desarrollarse en el mercado. Medidas como la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la prohibición de realizar actividades en la materia del delito cometido, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, la imposibilidad de contratar con el sector público,  la inhabilitación para obtener beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social, la intervención judicial, el abono de importantísimas multas, o la disolución de la persona jurídica como tal, son medidas que para una persona jurídica son igual de gravosas y definitivas que la reclusión penal para una persona física.

El artículo 31 bis.1 del Código hace referencia a la comisión de los delitos por partes de las personas jurídicas por dos vías:

a) Los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas – y en su beneficio directo o indirecto – por sus representantes legales o trabajadores autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa.

b) Los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta – y en su beneficio directo o indirecto – por personas sometidas a la autoridad de representantes legales (o trabajadores autorizados de la entidad) cuando los hechos se han cometido por una falta grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad.

Por tanto, al contrario de lo que se suele pensar, la persona jurídica no tan sólo puede ser responsable penalmente por las acciones de sus administradores o directivos, sino que también puede serlo por las actuaciones de sus trabajadores siempre y cuando la propia persona jurídica no haya supervisado, vigilado o controlado, y haya conseguido un beneficio – directo o indirecto – con la comisión del delito.

¿Y cómo puede la persona jurídica supervisar, vigilar y controlar a su Organización?

Para responder a la pregunta es preciso acudir al artículo 31 bis.2 del Código Penal, que establece las condiciones que deben cumplirse para que la responsabilidad de la persona jurídica quede exenta – o, por lo menos, atenuada –. Resumidamente, las condiciones son las siguientes:

  1. Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
  2. Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.
  3. Que los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
  4. Que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.

En efecto, en este artículo se regula una de las novedades más destacadas de la reforma: los modelos de organización y control, Programas de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Program Penal. Mediante estos programas de cumplimiento la entidad podrá detectar situaciones y conductas de riesgo, articular medidas preventivas y de control, establecer canales de información internos, organizar sistemas de gestión y supervisión autónomos y, en definitiva, reducir significativamente su responsabilidad penal y normativa.

A modo ilustrativo, vamos a ver unos sencillos ejemplos en los que una empresa puede cometer un delito por la actuación de uno de sus trabajadores:

Ejemplo 1: en una empresa de servicios (empresa A), uno de sus comerciales decide ofrecer una cantidad económica a un funcionario para que su Administración contrate los servicios de su empresa.

En el caso señalado, estaríamos ante un delito de cohecho por parte del funcionario y del comercial, pero ¿podría estar cometiendo la empresa A un delito? La respuesta es sí, si la empresa no dispone de un modelo de organización y gestión adecuado, ya que:

  • Se cumplen los requisitos del artículo 31 bis.1 en cuanto a las personas que pueden cometer el delito y en cuanto a que la empresa conseguirá un beneficio.
  • Si la empresa no dispone de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, muy difícilmente cumplirá con las obligaciones de supervisar, vigilar y controlar que establece el Código Penal.

Ejemplo 2: en una empresa de servicios (empresa A), un trabajador del departamento de recursos humanos contrata a un trabajador de la competencia sabiendo que éste les va a dar traslado de las operativas, los productos, etc. de la empresa de la competencia donde trabajaba.

En este caso, podríamos estar ante un delito de revelación de secretos y un delito contra la propiedad intelectual o industrial. Del mismo modo que en el ejemplo 1, si la empresa A no dispone de un modelo de organización y gestión adecuado, también podrá ser considerada como autora de los delitos indicados, ya que:

  • Se cumplen los requisitos del artículo 31 bis.1 en cuanto a las personas que pueden cometer el delito y en cuanto a que la empresa conseguirá un beneficio o ventaja.
  • Si la empresa no dispone de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, muy difícilmente cumplirá con las obligaciones de supervisar, vigilar y controlar que establece el Código Penal.

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Como la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una novedad legislativa muy amplia y sobre la que se puede profundizar en gran medida, en la siguiente entrega de “tengo una empresa” nos centraremos en los Programas de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Program Penal: qué son, por qué todas las empresas deben tenerlo, para qué sirven y por qué somos los abogados penalistas los que debemos hacerlo.

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Diferencias entre denuncia, demanda y querella (Lo obvio no lo es tanto, 4ª entrega)

Todos hemos escuchado las expresiones “denunciar” y “demandar” con un uso indistinto pero ¿significan lo mismo? ¿son verbos que definen una idéntica acción?

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La respuesta es no.

Coloquialmente, se utilizan los verbos “denunciar” y “demandar” de un modo indistinto para referirse a la acción de “llevar a alguien ante los Tribunales” pero ambos términos no son sinónimos.

La diferencia fundamental se basa en la materia de la que se trate: en general, la demanda es la forma mediante la que se inician los procedimientos civiles, contenciosos-administrativos, sociales y mercantiles. Por el contrario, en esencia, la denuncia es la forma mediante la que se inicia un procedimiento penal (hechos delictivos).

¿Y qué sucede con “querellarse”?

Habitualmente, se suele pensar que el término “querella” está relacionado con delitos de injurias y calumnias. No obstante, su contenido es mucho más amplio y no se acota a los delitos indicados.

Tanto la denuncia como la querella inician los procedimientos del ordenamiento penal pero fundamentalmente hay tres diferencias entre ambas:

  • En la querella, el querellante ejercita la acción penal y, en la denuncia, el denunciante no siempre la ejercita. Ahora bien, ¿qué significa esto? Veámoslo con unos ejemplos:

Si Juan se querella contra Pedro, Juan será parte en el procedimiento, es decir, su abogado irá a las declaraciones, tendrá acceso a toda la documentación, podrá proponer pruebas y participar en ellas, acusar a Pedro y asistir contra él en un Juicio.

Por lo contrario, si Juan denuncia a Pedro, Juan no será parte en el procedimiento (a no ser que expresamente indique lo contrario): lo más habitual es que mediante dicha denuncia Juan ponga en conocimiento de la Policía o del Juzgado unos hechos (presuntamente delictivos) y ya no participe más en el procedimiento.

  • La querella es válida tanto para delitos públicos como para delitos privados1. Por el contrario, la denuncia sólo es apta para delitos públicos.

Los delitos privados son los que sólo pueden perseguirse (iniciarse) por parte del perjudicado por los hechos. Por ejemplo, los delitos de injurias y calumnias que hemos mencionado antes son delitos privados y, por tanto, tan sólo pueden iniciarse por parte del calumniado o injuriado mediante querella (y no denuncia).

Por su parte, los delitos públicos son los que pueden perseguirse por el propio perjudicado, por cualquier otro ciudadano, por el ministerio fiscal, o bien, de oficio. Como hemos dicho, este tipo de delitos pueden iniciarse mediante denuncia o mediante querella.

  • La querella siempre debe presentarse por escrito y tiene que redactarse con una forma determinada que está estipulada por la Ley. Además, en principio, debe dirigirse contra una/s persona/s concreta/s. Contrariamente, la denuncia no tiene un carácter tan formalista e incluso puede ser verbal.

En resumen:

Cuando se trate de reclamaciones económicas, divorcios, despidos, o cualquier otro asunto de índole no delictiva el término adecuado será “demandar”. Por ejemplo:

  • Juan va a demandar a Pedro porque éste le debe los 5.000 Euros que le prestó
  • Juan va a demandar a Pedro porque tienen un conflicto con los lindes de unos viñedos

Por su parte, cuando se trate de asuntos delictivos el término adecuado será “denuncia” o “querella”. Por ejemplo:

  • Juan va a denunciar / querellarse contra Pedro porque éste le ha amenazado
  • Juan va a denunciar / querellarse contra Pedro porque éste le ha robado el coche

 

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1 Existen también los delitos semipúblicos.

 

El accidente de tráfico: cambios importantes que afectan a tu reclamación.(Lo obvio no lo es tanto, 3ª entrega).

Juan tiene un accidente de tráfico, una colisión por alcance a consecuencia de la cual sufre un latigazo cervical.  ¿Qué debe hacer a partir de ahora?.

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Hasta julio de 2015, lo normal era que Juan presentase una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción-el que inicialmente lleva los procedimientos penales-, y se incoase un Juicio de Faltas-un procedimiento sencillo y gratuito que como mucho podría implicar pena de multa para el condenado, pero en el que se podrían estar reclamando cantidades económicas importantes-.

De esta manera, Juan generalmente acabaría citado ante el Médico forense del Juzgado de Instrucción, quien valoraría sus lesiones. Independientemente de cómo acabase el asunto, con la denuncia Juan dispondría del informe gratuito  de un profesional médico especialista imparcial, con el que poder cuantificar su reclamación.

El nuevo Código penal que entró en vigor el pasado 1 de Julio, ha suprimido las faltas. Ahora existen en su caso los delitos menos graves, y aquellas conductas en las que ha existido imprudencia leve- lo que se produce en muchísimos accidentes de tráfico- y que antes podían tramitarse en un Juicio de Faltas- es decir, por lo penal-, van a tener que reclamarse ante un Juzgado civil.

¿Qué puede significar eso para Juan?

Si Juan quiere reclamar por sus lesiones un importe superior a 2000 Euros, tendrá que contratar a un Abogado y a un Procurador para presentar una demanda. También deberá conseguir un Infome médico valorador-lo que antes proporcionaba el Médico Forense del Juzgado-,  y que al ser un informe elaborado a instancia de parte puede ser discutido por no ser imparcial.

No obstante lo anterior, para mitigar las quejas se ha abierto la posibilidad de que el perjudicado (Juan) por un accidente pueda obtener extrajudicialmente un Infome del Médico Forense sin necesidad de que exista un procedimiento penal. Hay que esperar a la aplicación práctica de esta posibilidad.

Si tienes un accidente de tráfico, infórmate de todos los cambios normativos y de las opciones que tienes.Puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

 

 

Tras la declaración como investigado (Lo obvio no lo es tanto, 2ª entrega)

Hace unas semanas, en nuestra primera entrega sobre “lo obvio no lo es tanto”, hablamos de cuando se personaron los Mossos d’Esquadra en casa de Juan y le entregaron una citación para acudir a declarar en calidad investigado. Podéis volver a ver la entrada en el siguiente link Declaración como investigado (Lo obvio no lo es tanto, 1ª entrega)

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Juan ya ha declarado como investigado. Sabe que nosotros, como sus letrados, hemos acudido a distintas declaraciones de testigos y que, además, se han practicado varias Diligencias de Investigación1 en su procedimiento.

¿Qué sucede tras la declaración de Juan como investigado? ¿Irá Juan a Juicio?

Una vez practicadas todas las Diligencias de Investigación oportunas, el Juez de Instrucción dictará Auto2 en el que conste una de las siguientes resoluciones:

  1. Sobreseimiento3. Si el Juez de Instrucción estima que los hechos no constituyen infracción penal o bien que no ha quedado acreditada la relación de Juan en los hechos, dictará Auto de Sobreseimiento. De este modo, se pondrá fin al procedimiento penal (sobreseimiento libre) o se suspenderá (sobreseimiento provisional).
  2. Transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Se dictará Auto en esta línea si el Juez de Instrucción estima que de las Diligencias practicadas se desprenden indicios de criminalidad sobre Juan y, por tanto, el procedimiento continuará.
  3. Inhibición del procedimiento al Juzgado que corresponda. Si el Juez estima que los hechos no son perseguibles por parte de su Juzgado, inhibirá los hechos a favor del órgano correspondiente (por ejemplo, si Juan fuese menor de edad, se daría traslado de lo actuado a la Fiscalía de Menores para que iniciase los trámites según la Ley de Responsabilidad Penal del Menor).

Lógicamente, lo más favorable para Juan sería que el Juez de Instrucción dictase sobreseimiento. No obstante, si decide dictar Auto resolviendo una de las dos últimas opciones indicadas, el procedimiento contra Juan continuará.

Como en la primera entrada de “lo obvio no lo es tanto” basamos el caso de Juan en un Procedimiento Abreviado, nos centraremos en la opción número 2.  Por tanto, si el Juez de Instrucción dicta Auto de transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, significa que éste considera que hay indicios de criminalidad contra Juan y que, por tanto, considera viable una acusación contra él. Una vez dictado este Auto, se le dará traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en el procedimiento para que soliciten una de las siguientes opciones:

  • Sobreseimiento de la causa.
  • Apertura de Juicio oral, formulando escrito de acusación contra Juan.
  • Práctica de Diligencias complementarias (de forma excepcional).

Por tanto, en el peor de los casos, el Ministerio Fiscal, o bien alguna de las acusaciones personadas, solicitará la apertura del Juicio Oral contra Juan y presentará escrito de acusación. En este caso, lo más habitual sería que el Juez de Instrucción acordara la apertura del Juicio Oral y, por tanto, Juan pasaría de ser “investigado” en el procedimiento a ser “acusado” (a la espera de Juicio).

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1 Son Diligencias de Investigación las actuaciones encaminadas a preparar el Juicio. Se practican para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los posibles responsables.

Entre otras, son Diligencias de Investigación la inspección ocular, el cuerpo del delito, las declaraciones de los investigados, las declaraciones de los testigos y los informes periciales.

2 Un Auto es un tipo de Resolución judicial.

3 El sobreseimiento puede ser de dos tipos: sobreseimiento libre y sobreseimiento provisional.

Será sobreseimiento libre cuando:

  • No existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.
  • El hecho no sea constitutivo de delito.
  • Aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.

Será sobreseimiento provisional cuando:

  • No resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
  • Resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada/s persona/s como autores, cómplices o encubridores.


Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS, Abogados en Sant Andreu, Barcelona. 

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He tenido un accidente de trabajo. ¿Y ahora qué?

En el desarrollo de su trabajo, Juan ha sufrido una caída de tres metros de altura. Estaba subido en la escalera de mano que usaba siempre; uno de los peldaños, tras previas roturas, tenía mala inclinación y era inestable. Su jefe tenía conocimiento de ello pero se negaba a proporcionarle una nueva.

Afortunadamente, las consecuencias del accidente no han sido tan graves como parecían. De todos modos, se ha roto una pierna y podría quedarle alguna pequeña secuela en la espalda. Además, parece que va a tener que estar varios meses de baja.

¿Cómo debe actuar Juan tras el accidente? ¿Tiene derecho a recibir algún tipo de prestación?

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La Ley General de la Seguridad Social recoge la definición legal de accidente de trabajo: “se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.

Para que un accidente sea considerado laboral, debe haber un nexo causal entre el trabajo y el accidente. Salvo prueba en contrario, las lesiones que sufra un trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo se presumen accidente de trabajo. La situación de Juan es sencilla: como el accidente ocurrió mientras desarrollaba sus funciones en horario laboral, se considerará accidente de trabajo.  

Tras sufrir el accidente, Juan tiene derecho a percibir las siguientes prestaciones:

  1. Asistencia sanitaria
  2. Prestación económica durante su baja laboral
  3. Prestación económica ante la existencia de secuelas
  4. Recargo de prestaciones
  5. Cantidades adicionales incluidas como mejora en el Convenio Colectivo del trabajador accidentado
  6. Indemnización por responsabilidad civil

Nos centraremos en las prestaciones números 4 y 6, al tratarse de las más desconocidas.

Recargo de prestaciones

El recargo de prestaciones1 es un incremento de las prestaciones por incapacidad temporal y/o permanente que acontece cuando el accidente ha sucedido por culpa del empresario – u otros posibles responsables –, por infracción de las medidas de seguridad.

En nuestro caso concreto, Juan tendría derecho al citado recargo de prestaciones dado que la escalera que estaba utilizando no cumplía con las medidas de seguridad adecuadas: estaba en mal estado y el empresario, que tenía conocimiento de ello, permitía su uso.

Tras la propuesta por parte Inspección de trabajo o parte del propio trabajador, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el encargado de incoar el procedimiento. Por tanto, si Inspección no solicita tal prestación, será Juan el que deberá solicitarla.

En la resolución del INSS – donde se acuerde el recargo – se indicará la determinación de la cuantía y las bases de las prestaciones a las que deberá aplicarse. El porcentaje será proporcional a la gravedad de las faltas o infracciones ocasionadas por el empresario.

Ahora bien, una vez reconocido el recargo de prestaciones, no significa que Juan vaya a percibir el importe del recargo directamente en su cuenta bancaria por parte del empresario. La empresa deberá ingresar la totalidad del importe fijado en la Tesorería General de la Seguridad Social y será ésta la encargada de abonar las cantidades correspondientes a Juan.

Indemnización por responsabilidad civil

Juan podría obtener una indemnización por la responsabilidad civil del empresario o de los otros posibles responsables (indemnización complementaria a las prestaciones que otorga la Seguridad Social). Esta indemnización tiene la finalidad de reparar el daño real que haya sufrido Juan como consecuencia del accidente de trabajo, ante la culpa o negligencia del empresario (u otros).

Los daños reclamables pueden ser de tres tipos:

  • Daños corporales. Son las lesiones físicas o psíquicas que permanezcan tras el accidente. Juan, por ejemplo, tendrá secuelas en la espalda y en la pierna fracturada y, por tanto, éstas son las lesiones que podrá reclamar como daños corporales.
  • Daños patrimoniales. Este tipo de daños está integrado por dos conceptos: los daños emergentes y el lucro cesante. Los daños emergentes son los daños que se producen en bienes materiales, así como los gastos; y el lucro cesante es la pérdida de ingresos y de expectativas de mejora.
  • Daños morales. Cabría la posibilidad de reclamar por los daños morales que el accidente haya repercutido en la vida de Juan.

 

Por tanto, si has sufrido un accidente de trabajo y crees que puedes tener derecho a alguna de las prestaciones indicadas, te recomendamos informarte sobre la viabilidad de una posible reclamación Contacto


1 El artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social establece que “todas las prestaciones que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aumentaran de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o los elementos de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajador, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”.

Legítima defensa e incidente de tráfico: no bajes del vehículo

Juan circula normalmente con su vehículo. De repente, un coche desde su izquierda, de forma brusca y sin advertirlo invade su carril. Juan es un conductor prudente y tiene tiempo de frenar.  El conductor imprudente detiene su vehículo con un frenazo que está a punto de provocar otra colisión, sale del vehículo y, entre insultos, se dirige hacia el vehículo de Juan, cuyo capó golpea repetidamente con el puño, mientras le dirige gestos amenazadores y le incita a que salga del vehículo, incluso golpeando el cristal con la mano.  Juan se plantea salir del coche, al fin y al cabo, tiene derecho a defenderse …

¿Creéis que Juan debería salir del coche? Si se genera una situación de violencia y Juan se defiende ¿estaría actuando en legítima defensa?

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La escena que planteamos no es inusual. Puede variar la intensidad del conflicto pero muchas personas conocen, o se han visto involucradas, en incidentes de tráfico o discusiones que dependiendo de las circunstancias pueden derivar incluso en situaciones de violencia.

En el momento en que Juan baje del vehículo, y aunque sólo responda a una agresión previa del otro conductor, probablemente se considere por el Juzgado que ha existido una “riña mutuamente aceptada”. El Tribunal Supremo ha entendido en muchas sentencias, entre ellas la reciente Sentencia 347/2015 de 11 de junio, que las personas que intervienen en peleas recíprocamente consentidas se convierten en agresores, y sus agresiones mutuas no están amparadas por la legítima defensa.

El hecho de bajar del vehículo sería interpretado por el Juzgado, en muchos casos, como la asunción y aceptación por parte de  Juan del resultado violento posterior que se produzca. Y la conducta previa del conductor imprudente (amenazas, actitud violenta, golpes, gritos, etc.), en realidad serían valorados en perjuicio de Juan, ya que hacían previsible un desenlace violento si éste finalmente bajaba del vehículo.

La Sentencia 232/2005 de la Audiencia Provincial de Córdoba dice en un caso similar:

“(…) asumiendo de esta forma con su salida del vehículo, la aceptación de cualquier desenlace violento de la situación, y en definitiva, aceptando de esa forma la riña que era del todo previsible en base a lo ya dicho. Y si bien, también es lo cierto que la doctrina jurisprudencial tiene proclamado que no es siempre exigible la fuga o huida de quien resulta ilegítimamente agredido y se defiende – en cuanto que de existir la huida del agredido, en tal caso no existiría la legitima defensa – , en este caso la agresión inicial de XXXX pudo perfectamente evitarse de no haber bajado el recurrente de su vehículo, con una clara aceptación de una riña que se preveía muy probable habida cuenta del tono del requerimiento y la actitud de XXXX”

 Por tanto, si en alguna ocasión  te ves envuelto en una situación parecida, piénsatelo dos veces antes de bajar del vehículo.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

Declaración como investigado (Lo obvio no lo es tanto, 1ª entrega)

¡Bienvenidos a la primera entrada de nuestro Blog! Puedes ver una pequeña introducción sobre nosotros en el apartado “quiénes somos”.

Empezamos este nuevo camino con el primer post de las entregas “lo obvio no lo es tanto”. En el apartado “sobre el blog” te explicamos de qué se trata.  

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A Juan le han picado al timbre los Mossos d’Esquadra y le han entregado una citación. Inmediatamente nos llama y nos dice que necesita nuestros servicios ya que le han citado para ir a declarar a Juicio la semana que viene y se le indica que asista acompañado de letrado. Al preguntarle el Juzgado del que se trata, nos comenta que la citación indica el Juzgado de Instrucción.

¿Juan tiene un Juicio? ¿Por qué tiene que ir al Juzgado? ¿Qué implicaciones tiene la citación recibida?

En el supuesto planteado, Juan no tiene que comparecer en un Juicio. El documento que ha recibido es una citación como investigado1 y tiene que ir al Juzgado a una declaración penal.

Es muy común la confusión entre la asistencia a Juicio con la asistencia a declaraciones penales. La gran diferencia es la fase procesal en la que nos encontramos en una y otra situación y, consecuentemente, lo que cada fase conlleva.

A grandes rasgos, un procedimiento penal (procedimiento abreviado2) tiene tres fases: la fase de instrucción, la fase intermedia y la fase de enjuiciamiento.

  • La fase de Instrucción se lleva a cabo por parte de los Juzgados de Instrucción y su finalidad es averiguar el hecho delictivo, así como sus circunstancias. Para ello, el Juzgado lleva a cabo distintas Diligencias de Investigación; una de ellas es la citación o citaciones de investigados y sus correspondientes declaraciones.
  • La fase Intermedia es la fase en la que se prepara el Juicio Oral. Esta fase también se desarrolla en el Juzgado de Instrucción.
  • La fase de Enjuiciamiento se lleva a cabo en los Juzgados de lo Penal o en la Audiencia Provincial y consiste en la celebración del Juicio Oral y su posterior Sentencia.

 

El documento que ha recibido Juan es una citación penal en calidad de investigado. Dicha citación, como mínimo, identifica a la persona citada, el Juzgado concreto donde ha de comparecer, el día y hora y los derechos que tiene como investigado.

Las declaraciones de investigado tienen la finalidad de aclarar los hechos y la relación de la persona investigada con éstos. Es decir, no se trata de juzgar a nadie, sino de investigar lo sucedido. 

La declaración es un interrogatorio, en el que pueden preguntar todas las partes personadas en el procedimiento y, en último lugar, su defensa.

Por tanto, es muy importante preparar bien la declaración con el letrado. Desde nuestro punto de vista, las declaraciones siempre deben prepararse con el tiempo suficiente para recopilar todos los aspectos y/o documentación que tenga que ver con el asunto para ya, desde un primer momento, examinar las posibles vías de defensa.

Además, es preciso indicar que una vez declare Juan, la declaración se podrá repetir cuantas veces se considere necesario por parte del Juez instructor, del Fiscal, de los demás acusadores o del mismo Juan (o su defensa).

En otra entrega de “lo obvio no lo es tanto” hablaremos de los pasos del procedimiento tras la declaración de investigado y, por tanto, de las opciones ante las que se puede encontrar Juan tras su declaración en fase de Instrucción.  

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona


Tras la última reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, el término “investigado” sustituye al de “imputado”.

El ordenamiento jurídico español tiene distintos procedimientos penales. Uno de ellos, el más común, es el procedimiento abreviado. Mediante este procedimiento se juzgan los delitos que pueden ser castigados con penas de privación de libertad que no superen los 9 años, así como con penas de distinta naturaleza, independientemente de su duración.