Consumo de alcohol en el trabajo (2ª Entrega)

Como continuación a la anterior entrada sobre el tema Consumo de alcohol en el trabajo (1ª Entrega), analizamos las posibles repercusiones derivadas de que Juan desarrolle su actividad laboral en un probable estado de embriaguez.

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En primer lugar, el empresario tiene el deber de proteger a sus trabajadores (artículo 14 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, en adelante LPRL) y podrá ser responsable de los daños o lesiones sufridas por otros trabajadores como consecuencia de la actividad de un trabajador como Juan,  si éste no se hallaba en condiciones para el desarrollo de sus tareas.

En este sentido, el artículo 156. 5 a) de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS) señala:

“5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira.

La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.”

En segundo lugar, un accidente sufrido por Juan en estado de embriaguez con ocasión o a consecuencia del trabajo, se presumirá inicialmente, salvo prueba en contrario, como accidente de trabajo, con lo que ello implica en cuanto a las contingencias, recargo de prestaciones, responsabilidad civil, etc, tal y como se detallaba en la entrada He tenido un accidente de trabajo. ¿Y ahora qué?

“Artículo 156.- Concepto del accidente de trabajo.

  1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

….(..)3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.”

La única forma de que el accidente no tuviese tal consideración sería que se entendiese que ha existido imprudencia temeraria por parte de Juan. En este sentido, y aunque hay sentencias de todo tipo reproduzco parcialmente la Sentencia 17/2002, de 9 enero del Juzgado de lo Social número 1 de Castellón:

“…Gira la cuestión litigiosa en torno a si la conducta del trabajador de ingerir alcohol cuando debía trabajar en un puesto de Trabajo de riesgo como es trabajar a una determinada altura (se le detectó 0’37 gr/l de alcohol etílico en sangre) constituye imprudencia temeraria a los efectos del Art. 115.4.b de la L.G.S.S.

Examinando las circunstancias concurrentes en el caso que se estudia la respuesta debe ser negativa ya que dadas las características físicas del trabajador fallecido el que se le detectara en sangre 0’37 gr/l de alcohol etílico no significa que dicha ingesta de alcohol fuera la causa determinante del accidente ya que no era cantidad suficiente para alterar las condiciones, aptitudes físicas, y capacidad laboral del trabajador, es decir, no era cantidad suficiente para producir un estado de embriaguez en el accidentado causante de su caída del andamio, luego se concluye que la ingesta de una pequeña cantidad de alcohol durante la comida, costumbre habitual en la sociedad española (el accidente ocurrió a las 15 horas) no puede calificarse de imprudencia temeraria a los efectos del art. 115.4.b de la L.G.S.S por lo que el accidente debe ser calificado como laboral y estimarse la demanda..”

En nuestra opinión, si se tiene la sospecha de que un trabajador está en situación de embriaguez no se le debe permitir que trabaje, comunicándole por escrito las razones, intentando conseguir su recibí y si se niega firmando varios testigos de la situación, inclusive el Delegado de Prevención. De esta forma, se protege al trabajador de las posibles imprudencias y lesiones derivadas que para sí mismo o para compañeros podría causar; y también se protege al empresario, dadas las responsabilidades legales en que puede incurrir.

El artículo 25 de la LPRL  señala que “el empresario no empleará” al trabajador que se encuentre en unas determinadas circunstancias-inclusive transitorias-que le impiden trabajar”

Por tanto, si el empresario permite que un trabajador bajo los efectos del alcohol desarrolle su actividad, y se produce un accidente, puede acabar siendo responsable.

Lo anterior es independiente de las sanciones que el Convenio de aplicación en relación con el Estatuto de los trabajadores establezcan para estos casos. Desde el punto de vista empresarial, la recomendación sería siempre sancionar, o al menos amonestar al trabajador. Para ello, debe recalcarse la importancia de que en la comunicación de la sanción se especifiquen claramente los hechos, hora, día, situación, testigos, etc., y si es posible que aquellos que lo presencien  firmasen en conformidad. Se puede intentar que el trabajador autorice una prueba de detección de alcohol en sangre o aire, con todas las advertencias previas, y también con todas las dificultades inherentes.

En este sentido, se reproduce parcialmente la Sentencia número 1501/2008, de 13 mayo del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Social, Sección 1ª), en la que se confirma la sanción a un trabajador con fundamento en pruebas testificales (no existencia de analíticas ni test de alcoholemia):

“SEGUNDO.- ….Es cierto, como señala el recurrente, que no hay constancia de que durante los hechos acaecidos se produjeran insultos contra el empresario o los propios compañeros de trabajo, como lo ratifica la propia sentencia recurrida, más allá de que, alterado el actor cuando se advirtió que dado su aparente estado de embriaguez se iba a seguir el protocolo que se acordó para él en esos casos, dijo que de no hacerse así “iba a denunciar a la empresa”, y que, en efecto, en la clínica donde se le practicó el análisis, por error, solo le realizaron las pruebas para detectar la existencia o no de sustancias estupefacientes. Pero sin perjuicio de esto, lo cierto es que quedó firme el relato histórico de la sentencia recurrida, conformado de acuerdo con la abundante prueba practicada en el acto de juicio, extrayendo la juzgadora de instancia la conclusión de que el actor acudió a trabajar con inequívocos signos de embriaguez, siendo corroborada esa sensación de incapacitación para trabajar por el propio delegado de personal y el de prevención de riesgos laborales, y a partir de ello, y de acuerdo con lo señalado en el texto del convenio de aplicación, donde se considera falta muy grave la embriaguez del trabajador, si esta circunstancia supone la alteración de las facultades físicas y psicológicas en el desempeño de sus funciones, evidentemente es correcta la decisión recurrida, en la medida que confirma dicha sanción.”

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Creo que me quiero separar / divorciar

Juan tiene una crisis matrimonial; el matrimonio lleva varios años casados, tienen dos hijos menores de edad en común y un patrimonio consistente en un piso y un coche.  

Le asusta la idea de lo desconocido: si será un trámite muy largo, cómo se organizarán con los niños, qué sucederá con el domicilio conyugal, … y muchas otras preguntas. Tiene varios amigos que han pasado por una situación similar pero le han explicado versiones distintas: unos están separados y otros divorciados.

Lo primero que necesita Juan es tener unas nociones básicas de las opciones existentes. ¿Qué diferencias hay entre separación y divorcio? ¿Hay distintos procedimientos?

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Ante una ruptura matrimonial hay dos opciones básicas: la separación y el divorcio1.

La diferencia fundamental entre ambas figuras jurídicas es la disolución del vínculo matrimonial. En el caso de la separación, aunque ello suponga la ruptura de la convivencia conyugal, el vínculo matrimonial permanecerá en vigor hasta que no suceda una de las causas que lo disuelven: el divorcio, la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges. Por tanto, si Juan opta por la separación, aunque los efectos del matrimonio quedarán suspendidos, el vínculo matrimonial permanecerá. Por el contrario, el divorcio disuelve totalmente el vínculo del matrimonio.

En el caso de Juan, si él prevé una posible reconciliación con su cónyuge, sería recomendable la separación; por el contrario, si Juan considera su decisión definitiva tendría que optar por el divorcio ya que si en un primer momento opta por la separación y más adelante desea divorciarse, tendrá que volver a iniciar otro procedimiento igual o similar.

Independientemente de que Juan se decida por el divorcio o la separación, caben dos opciones: el procedimiento de mutuo acuerdo o el contencioso.

  • Separación o divorcio de mutuo acuerdo

Este procedimiento es más rápido y económico. Rápido porque Juan y su cónyuge se pondrán de acuerdo en cuestiones que de lo contrario se discutirían en sede judicial y económico porque tan sólo necesitarán un Abogado para ambos. Además, emocionalmente, es un procedimiento preferible ya que, sobre todo en el caso de tener niños, un contencioso es siempre más duro.

El procedimiento se inicia con la presentación de una demanda por parte de los dos cónyuges conjuntamente o por parte de uno de ellos con el consentimiento del otro.

La demanda tiene que estar acompañada por una propuesta de convenio regulador, donde se regularán todos los aspectos personales o patrimoniales de los cónyuges (cuestiones sobre los hijos, posible pensión compensatoria, el uso de la vivienda familiar, la liquidación del régimen económico matrimonial, etcétera). En Cataluña, si los cónyuges tienen hijos comunes que están bajo su potestad – como es el caso de Juan – el convenio regulador debe contener un plan de parentalidad. Resumidamente, un plan de parentalidad es un documento donde los progenitores que van a separarse / divorciarse concretan todos los aspectos necesarios para la guarda, el cuidado y la educación de sus hijos.

  • Separación o divorcio contencioso

El procedimiento se inicia con la presentación de una demanda por parte de uno de los cónyuges frente al otro. Ésta deberá contener la solicitud de separación o divorcio, la regulación sobre la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas a favor del cónyuge no custodio, la pensión de alimentos, el uso del domicilio conyugal, la posible pensión compensatoria y la liquidación de los bienes del matrimonio.

Una vez el otro cónyuge recibe la demanda, debe contestar a la misma y oponerse a todas las cuestiones con las que no esté de acuerdo. A partir de este momento2, se fijará por el Juzgado un día para el Juicio y, posteriormente, el Juez dictará la correspondiente Sentencia donde resolverá las peticiones de las partes.

Como es un tema muy amplio, el próximo martes hablaremos sobre las custodias y el uso del domicilio familiar.


1 Existe la posibilidad de la nulidad matrimonial.

2 Cabe la posibilidad de solicitar medidas provisionales para que se regule la situación de determinados aspectos (guardia y custodia de los hijos menores, régimen de visitas, atribución del uso del domicilio familiar, etcétera) mientras se tramita el procedimiento de separación o divorcio.

El accidente de tráfico: cambios importantes que afectan a tu reclamación.(Lo obvio no lo es tanto, 3ª entrega).

Juan tiene un accidente de tráfico, una colisión por alcance a consecuencia de la cual sufre un latigazo cervical.  ¿Qué debe hacer a partir de ahora?.

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Hasta julio de 2015, lo normal era que Juan presentase una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción-el que inicialmente lleva los procedimientos penales-, y se incoase un Juicio de Faltas-un procedimiento sencillo y gratuito que como mucho podría implicar pena de multa para el condenado, pero en el que se podrían estar reclamando cantidades económicas importantes-.

De esta manera, Juan generalmente acabaría citado ante el Médico forense del Juzgado de Instrucción, quien valoraría sus lesiones. Independientemente de cómo acabase el asunto, con la denuncia Juan dispondría del informe gratuito  de un profesional médico especialista imparcial, con el que poder cuantificar su reclamación.

El nuevo Código penal que entró en vigor el pasado 1 de Julio, ha suprimido las faltas. Ahora existen en su caso los delitos menos graves, y aquellas conductas en las que ha existido imprudencia leve- lo que se produce en muchísimos accidentes de tráfico- y que antes podían tramitarse en un Juicio de Faltas- es decir, por lo penal-, van a tener que reclamarse ante un Juzgado civil.

¿Qué puede significar eso para Juan?

Si Juan quiere reclamar por sus lesiones un importe superior a 2000 Euros, tendrá que contratar a un Abogado y a un Procurador para presentar una demanda. También deberá conseguir un Infome médico valorador-lo que antes proporcionaba el Médico Forense del Juzgado-,  y que al ser un informe elaborado a instancia de parte puede ser discutido por no ser imparcial.

No obstante lo anterior, para mitigar las quejas se ha abierto la posibilidad de que el perjudicado (Juan) por un accidente pueda obtener extrajudicialmente un Infome del Médico Forense sin necesidad de que exista un procedimiento penal. Hay que esperar a la aplicación práctica de esta posibilidad.

Si tienes un accidente de tráfico, infórmate de todos los cambios normativos y de las opciones que tienes.Puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

 

 

Tras la declaración como investigado (Lo obvio no lo es tanto, 2ª entrega)

Hace unas semanas, en nuestra primera entrega sobre “lo obvio no lo es tanto”, hablamos de cuando se personaron los Mossos d’Esquadra en casa de Juan y le entregaron una citación para acudir a declarar en calidad investigado. Podéis volver a ver la entrada en el siguiente link Declaración como investigado (Lo obvio no lo es tanto, 1ª entrega)

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Juan ya ha declarado como investigado. Sabe que nosotros, como sus letrados, hemos acudido a distintas declaraciones de testigos y que, además, se han practicado varias Diligencias de Investigación1 en su procedimiento.

¿Qué sucede tras la declaración de Juan como investigado? ¿Irá Juan a Juicio?

Una vez practicadas todas las Diligencias de Investigación oportunas, el Juez de Instrucción dictará Auto2 en el que conste una de las siguientes resoluciones:

  1. Sobreseimiento3. Si el Juez de Instrucción estima que los hechos no constituyen infracción penal o bien que no ha quedado acreditada la relación de Juan en los hechos, dictará Auto de Sobreseimiento. De este modo, se pondrá fin al procedimiento penal (sobreseimiento libre) o se suspenderá (sobreseimiento provisional).
  2. Transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Se dictará Auto en esta línea si el Juez de Instrucción estima que de las Diligencias practicadas se desprenden indicios de criminalidad sobre Juan y, por tanto, el procedimiento continuará.
  3. Inhibición del procedimiento al Juzgado que corresponda. Si el Juez estima que los hechos no son perseguibles por parte de su Juzgado, inhibirá los hechos a favor del órgano correspondiente (por ejemplo, si Juan fuese menor de edad, se daría traslado de lo actuado a la Fiscalía de Menores para que iniciase los trámites según la Ley de Responsabilidad Penal del Menor).

Lógicamente, lo más favorable para Juan sería que el Juez de Instrucción dictase sobreseimiento. No obstante, si decide dictar Auto resolviendo una de las dos últimas opciones indicadas, el procedimiento contra Juan continuará.

Como en la primera entrada de “lo obvio no lo es tanto” basamos el caso de Juan en un Procedimiento Abreviado, nos centraremos en la opción número 2.  Por tanto, si el Juez de Instrucción dicta Auto de transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, significa que éste considera que hay indicios de criminalidad contra Juan y que, por tanto, considera viable una acusación contra él. Una vez dictado este Auto, se le dará traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en el procedimiento para que soliciten una de las siguientes opciones:

  • Sobreseimiento de la causa.
  • Apertura de Juicio oral, formulando escrito de acusación contra Juan.
  • Práctica de Diligencias complementarias (de forma excepcional).

Por tanto, en el peor de los casos, el Ministerio Fiscal, o bien alguna de las acusaciones personadas, solicitará la apertura del Juicio Oral contra Juan y presentará escrito de acusación. En este caso, lo más habitual sería que el Juez de Instrucción acordara la apertura del Juicio Oral y, por tanto, Juan pasaría de ser “investigado” en el procedimiento a ser “acusado” (a la espera de Juicio).

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona


1 Son Diligencias de Investigación las actuaciones encaminadas a preparar el Juicio. Se practican para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los posibles responsables.

Entre otras, son Diligencias de Investigación la inspección ocular, el cuerpo del delito, las declaraciones de los investigados, las declaraciones de los testigos y los informes periciales.

2 Un Auto es un tipo de Resolución judicial.

3 El sobreseimiento puede ser de dos tipos: sobreseimiento libre y sobreseimiento provisional.

Será sobreseimiento libre cuando:

  • No existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.
  • El hecho no sea constitutivo de delito.
  • Aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.

Será sobreseimiento provisional cuando:

  • No resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
  • Resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada/s persona/s como autores, cómplices o encubridores.


Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS, Abogados en Sant Andreu, Barcelona. 

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He tenido un accidente de trabajo. ¿Y ahora qué?

En el desarrollo de su trabajo, Juan ha sufrido una caída de tres metros de altura. Estaba subido en la escalera de mano que usaba siempre; uno de los peldaños, tras previas roturas, tenía mala inclinación y era inestable. Su jefe tenía conocimiento de ello pero se negaba a proporcionarle una nueva.

Afortunadamente, las consecuencias del accidente no han sido tan graves como parecían. De todos modos, se ha roto una pierna y podría quedarle alguna pequeña secuela en la espalda. Además, parece que va a tener que estar varios meses de baja.

¿Cómo debe actuar Juan tras el accidente? ¿Tiene derecho a recibir algún tipo de prestación?

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La Ley General de la Seguridad Social recoge la definición legal de accidente de trabajo: “se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.

Para que un accidente sea considerado laboral, debe haber un nexo causal entre el trabajo y el accidente. Salvo prueba en contrario, las lesiones que sufra un trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo se presumen accidente de trabajo. La situación de Juan es sencilla: como el accidente ocurrió mientras desarrollaba sus funciones en horario laboral, se considerará accidente de trabajo.  

Tras sufrir el accidente, Juan tiene derecho a percibir las siguientes prestaciones:

  1. Asistencia sanitaria
  2. Prestación económica durante su baja laboral
  3. Prestación económica ante la existencia de secuelas
  4. Recargo de prestaciones
  5. Cantidades adicionales incluidas como mejora en el Convenio Colectivo del trabajador accidentado
  6. Indemnización por responsabilidad civil

Nos centraremos en las prestaciones números 4 y 6, al tratarse de las más desconocidas.

Recargo de prestaciones

El recargo de prestaciones1 es un incremento de las prestaciones por incapacidad temporal y/o permanente que acontece cuando el accidente ha sucedido por culpa del empresario – u otros posibles responsables –, por infracción de las medidas de seguridad.

En nuestro caso concreto, Juan tendría derecho al citado recargo de prestaciones dado que la escalera que estaba utilizando no cumplía con las medidas de seguridad adecuadas: estaba en mal estado y el empresario, que tenía conocimiento de ello, permitía su uso.

Tras la propuesta por parte Inspección de trabajo o parte del propio trabajador, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el encargado de incoar el procedimiento. Por tanto, si Inspección no solicita tal prestación, será Juan el que deberá solicitarla.

En la resolución del INSS – donde se acuerde el recargo – se indicará la determinación de la cuantía y las bases de las prestaciones a las que deberá aplicarse. El porcentaje será proporcional a la gravedad de las faltas o infracciones ocasionadas por el empresario.

Ahora bien, una vez reconocido el recargo de prestaciones, no significa que Juan vaya a percibir el importe del recargo directamente en su cuenta bancaria por parte del empresario. La empresa deberá ingresar la totalidad del importe fijado en la Tesorería General de la Seguridad Social y será ésta la encargada de abonar las cantidades correspondientes a Juan.

Indemnización por responsabilidad civil

Juan podría obtener una indemnización por la responsabilidad civil del empresario o de los otros posibles responsables (indemnización complementaria a las prestaciones que otorga la Seguridad Social). Esta indemnización tiene la finalidad de reparar el daño real que haya sufrido Juan como consecuencia del accidente de trabajo, ante la culpa o negligencia del empresario (u otros).

Los daños reclamables pueden ser de tres tipos:

  • Daños corporales. Son las lesiones físicas o psíquicas que permanezcan tras el accidente. Juan, por ejemplo, tendrá secuelas en la espalda y en la pierna fracturada y, por tanto, éstas son las lesiones que podrá reclamar como daños corporales.
  • Daños patrimoniales. Este tipo de daños está integrado por dos conceptos: los daños emergentes y el lucro cesante. Los daños emergentes son los daños que se producen en bienes materiales, así como los gastos; y el lucro cesante es la pérdida de ingresos y de expectativas de mejora.
  • Daños morales. Cabría la posibilidad de reclamar por los daños morales que el accidente haya repercutido en la vida de Juan.

 

Por tanto, si has sufrido un accidente de trabajo y crees que puedes tener derecho a alguna de las prestaciones indicadas, te recomendamos informarte sobre la viabilidad de una posible reclamación Contacto


1 El artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social establece que “todas las prestaciones que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aumentaran de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o los elementos de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajador, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”.

Declaración como investigado (Lo obvio no lo es tanto, 1ª entrega)

¡Bienvenidos a la primera entrada de nuestro Blog! Puedes ver una pequeña introducción sobre nosotros en el apartado “quiénes somos”.

Empezamos este nuevo camino con el primer post de las entregas “lo obvio no lo es tanto”. En el apartado “sobre el blog” te explicamos de qué se trata.  

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A Juan le han picado al timbre los Mossos d’Esquadra y le han entregado una citación. Inmediatamente nos llama y nos dice que necesita nuestros servicios ya que le han citado para ir a declarar a Juicio la semana que viene y se le indica que asista acompañado de letrado. Al preguntarle el Juzgado del que se trata, nos comenta que la citación indica el Juzgado de Instrucción.

¿Juan tiene un Juicio? ¿Por qué tiene que ir al Juzgado? ¿Qué implicaciones tiene la citación recibida?

En el supuesto planteado, Juan no tiene que comparecer en un Juicio. El documento que ha recibido es una citación como investigado1 y tiene que ir al Juzgado a una declaración penal.

Es muy común la confusión entre la asistencia a Juicio con la asistencia a declaraciones penales. La gran diferencia es la fase procesal en la que nos encontramos en una y otra situación y, consecuentemente, lo que cada fase conlleva.

A grandes rasgos, un procedimiento penal (procedimiento abreviado2) tiene tres fases: la fase de instrucción, la fase intermedia y la fase de enjuiciamiento.

  • La fase de Instrucción se lleva a cabo por parte de los Juzgados de Instrucción y su finalidad es averiguar el hecho delictivo, así como sus circunstancias. Para ello, el Juzgado lleva a cabo distintas Diligencias de Investigación; una de ellas es la citación o citaciones de investigados y sus correspondientes declaraciones.
  • La fase Intermedia es la fase en la que se prepara el Juicio Oral. Esta fase también se desarrolla en el Juzgado de Instrucción.
  • La fase de Enjuiciamiento se lleva a cabo en los Juzgados de lo Penal o en la Audiencia Provincial y consiste en la celebración del Juicio Oral y su posterior Sentencia.

 

El documento que ha recibido Juan es una citación penal en calidad de investigado. Dicha citación, como mínimo, identifica a la persona citada, el Juzgado concreto donde ha de comparecer, el día y hora y los derechos que tiene como investigado.

Las declaraciones de investigado tienen la finalidad de aclarar los hechos y la relación de la persona investigada con éstos. Es decir, no se trata de juzgar a nadie, sino de investigar lo sucedido. 

La declaración es un interrogatorio, en el que pueden preguntar todas las partes personadas en el procedimiento y, en último lugar, su defensa.

Por tanto, es muy importante preparar bien la declaración con el letrado. Desde nuestro punto de vista, las declaraciones siempre deben prepararse con el tiempo suficiente para recopilar todos los aspectos y/o documentación que tenga que ver con el asunto para ya, desde un primer momento, examinar las posibles vías de defensa.

Además, es preciso indicar que una vez declare Juan, la declaración se podrá repetir cuantas veces se considere necesario por parte del Juez instructor, del Fiscal, de los demás acusadores o del mismo Juan (o su defensa).

En otra entrega de “lo obvio no lo es tanto” hablaremos de los pasos del procedimiento tras la declaración de investigado y, por tanto, de las opciones ante las que se puede encontrar Juan tras su declaración en fase de Instrucción.  

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Tras la última reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, el término “investigado” sustituye al de “imputado”.

El ordenamiento jurídico español tiene distintos procedimientos penales. Uno de ellos, el más común, es el procedimiento abreviado. Mediante este procedimiento se juzgan los delitos que pueden ser castigados con penas de privación de libertad que no superen los 9 años, así como con penas de distinta naturaleza, independientemente de su duración.