Diferencias entre el finiquito e indemnización por despido II (Lo obvio no lo es tanto, 10ª entrega)

“Juan recibe una carta de despido en la que se reconoce que es improcedente y se le ofrece cerrar el conflicto en ese mismo momento mediante la entrega de una cantidad económica. ¿Es correcto?”

Hasta la reforma laboral del año 2012 era bastante habitual que las empresas utilizasen el despido con reconocimiento de improcedencia. Es decir, existía, en realidad, una especie de despido libre indemnizado. Aunque formalmente el empleador indicaba en la carta de despido algunos incumplimientos laborales del trabajador, admitía que el despido carecía de causa y/o prueba suficiente y, por tanto, debía considerarse improcedente, indemnizando en el acto al trabajador según el baremo establecido por la normativa.

Actualmente el empleador no puede reconocer la improcedencia en la carta de despido- o al menos no sería correcto hacerlo y menos aceptarlo, tal cual, el trabajador- y debe justificar adecuadamente por qué extingue la relación laboral. A posteriori, si el trabajador impugna el despido y se llega a un acuerdo en el servicio de conciliación sí que podrá reconocerse que el despido era improcedente.

Si el empresario ofrece al trabajador un acuerdo económico para extinguir la relación laboral que no pasa por el Servicio de conciliación correspondiente, se tratará de un acuerdo indemnizatorio privado y no gozará de las exenciones de tributación que tienen la mayoría de indemnizaciones por extinción de la relación laboral. Es decir, el importe recibido por el trabajador con fundamento en dicho acuerdo tributará en el Impuesto de la renta (hay algunas excepciones respecto a los despidos objetivos)

En ese sentido, el artículo 7 e) de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la renta establece que

“Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato”.

No sólo eso, este tipo de pactos pueden llevar a la denegación de la prestación por desempleo por parte del Servicio de empleo, al considerar que no existe un despido como tal, sino una baja voluntaria indemnizada y/o acuerdo privado entre las partes.

Cuando se alcanza un acuerdo en el Servicio de conciliación, el Letrado del Servicio emitirá un acta en la que constarán las condiciones económicas, forma de pago y otras situaciones relevantes que permitirán al trabajador acreditar ante la Agencia Tributaria que el importe recibido en su cuenta no debe tributar.

Por tanto, en general, ante un despido es importante asesorarse adecuadamente, no firmar acuerdos que no pasen por el servicio de conciliación y tener ciertas cautelas y prevenciones para no llevarse sorpresas desagradables de última hora.

Si te han despedido o tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS Abogados en el teléfono 93.517.45.43 o enviando un correo electrónico a info@riusimans.com. Estamos en Sant Andreu, Barcelona. http://www.riusimans.com

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores y las modificaciones societarias

FullSizeRenderJuan acaba de someterse a un reconocimiento médico en su empresa. A los dos días se formaliza el cambio de denominación de su empresa que además se transforma de una S.L. a una S.A, sin cambiar el objeto de actividad, puestos de trabajo, tareas, instalaciones, y en general, sin que se produzcan modificación alguna en las condiciones de trabajo. ¿Es necesario que a Juan se le vuelva a ofrecer reconocimiento médico?

Este tipo de cuestiones se presentan más habitualmente de lo que parece. No ofrecer la vigilancia de la salud a los trabajadores es sancionable. Si Inspección de Trabajo se persona en una empresa solicitará los certificados de aptitud o el ofrecimiento de la vigilancia de la salud de los trabajadores para comprobar que la empresa cumple. Si la empresa ha cambiado de estructura o de denominación, en ocasiones surgen los problemas.

Lo mismo sucede cuando diversas empresas contratan entre sí y deben coordinar sus actividades empresariales, informar, y/o vigilar sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, inclusive la vigilancia de la salud. En estos casos, si una empresa principal A contrata con X, que le remite los certificados de aptitud de sus trabajadores a nombre de la empresa Y, (anterior denominación de X) surgen nuevos problemas. En ocasiones, la empresa principal requiere un certificado de aptitud a nombre de la nueva razón social, por mucho que preventivamente el cambio societario producido no tenga efectos en los riesgos de los puestos de trabajo.

El principio obrante en el artículo 22 de la LPRL establece que la vigilancia de la salud debe implicar las menores molestias posibles al trabajador y ser proporcional al riesgo. Desde esta perspectiva no tiene sentido que, a un trabajador, sin justificación preventiva o médico-laboral alguna, se le deba ofrecer o deba someterse a un reconocimiento porque se ha producido un cambio de denominación en su empresa o se ha producido cualquier tipo de transformación societaria.

En el mismo sentido, no parece imprescindible realizar nuevamente reconocimiento médico laboral, siempre que se respete la periodicidad y obligatoriedad marcadas en el informe de planificación de vigilancia de la salud de la antigua empresa, sobre todo si existe una continuidad de la personalidad jurídica de la entidad respecto a los actos precedentes realizados con la anterior denominación.

Un servicio de prevención podría tener problemas si certifica una aptitud de trabajadores a nombre de una empresa que no fue la que le encomendó dicha actividad, sobre todo si no estamos ante un mero cambio de denominación, sino ante una transformación societaria que ha derivado en la no continuidad de la personalidad jurídica previa, aunque la nueva entidad sea, de facto, “la misma “en cuanto a trabajadores, actividad, riesgos, centros, etc. Inclusive, desde el punto de vista de protección de datos, y del principio de calidad del dato, el servicio de prevención está habilitado para emitir un certificado de aptitud con fundamento en los resultados del reconocimiento para la empresa concertante, pero ello no significa que se puedan utilizar esos datos de salud para emitir nuevas calificaciones para otras empresas, lo que exigiría un consentimiento expreso, como mínimo, del trabajador.

Si tienes alguna duda o consulta, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS Abogados en el teléfono 93.517.45.43 a enviando un correo electrónico a info@riusimans.com. Estamos en Sant Andreu, Barcelona. 

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Seguro de vida: ¿Banco o Compañía de Seguros?.

Es un hecho conocido que las entidades bancarias han exigido y exigen multitud de requisitos para la concesión de un préstamo hipotecario, inclusive la suscripción de un seguro de vida con una entidad del mismo grupo, o incluso la incorporación en el clausulado del préstamo hipotecario de pactos o condiciones que limitan o impiden la posibilidad de elección de asegurador por parte del deudor, lo que ha implicado la declaración de nulidad de algunas de estas cláusulas.

En cualquier caso, se debe tener en cuenta que el artículo 83.a) de la Ley de Contrato de Seguro establece un derecho de desistimiento a favor del asegurado. En definitiva, el asegurado puede por principio y respetando los requisitos establecidos, siempre cambiar de aseguradora de vida.

Artículo 83 a)

  1. El tomador del seguro en un contrato de seguro individual de duración superior a seis meses que haya estipulado el contrato sobre la vida propia o la de un tercero tendrá la facultad unilateral de resolver el contrato sin indicación de los motivos y sin penalización alguna dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha en la que el asegurador le entregue la póliza o documento de cobertura provisional.

Aunque no existe ninguna obligación legal de contratar un seguro de vida al firmar un préstamo hipotecario, y menos el deber de hacerlo con la propia entidad crediticia a través de sociedades vinculadas, muchísimos deudores hipotecarios así lo hacen para obtener un diferencial más ventajoso y la eliminación o reducción de comisiones bancarias.

Sin embargo, al final no hacer un análisis sobre la conveniencia de mantener el seguro de vida con la entidad financiera puede resultar más caro, peligroso, e injusto:

Caro porque los últimos estudios realizados alertan sobre una importante diferencia de precio y prestaciones entre los seguros de vida bancarios y los de compañía de seguros.

Peligroso porque, por ejemplo, si no se sigue de forma estricta la normativa aseguradora el tomador del seguro puede hacer una declaración sobre su estado de salud incompleta, inexacta, o incierta que afecte a la valoración del riesgo y pueda dar lugar a problemas para el cobro de la indemnización en caso de que se produzca el hecho asegurado. De ahí la conveniencia de asesorarse para escoger la póliza que realmente se necesita y cumplimentarla adecuadamente, lo que puede no suceder con una entidad como es un Banco, cuyo objeto y área de práctica es muy diferente.

Injusto porque el Banco puede ser el beneficiario del seguro de vida, y la familia del fallecido o incapacitado no recibir ninguna indemnización, o una indemnización menor.

RIU & SIMANS Abogados colabora con ACEDO & MATAMALA Agencia de Seguros Exclusiva de CATALANA OCCIDENTE,  en Sant Andreu.

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Puedes contactar con ACEDO & MATAMALA en la calle Rubén Darío nº 28, de Barcelona, teléfono 933117608.

He tenido un accidente de tráfico. ¿Mi Seguro incluye el Abogado? (Lo obvio no lo es tanto, 8ª entrega)

Juan ha tenido un accidente de tráfico, ha hecho una declaración amistosa de accidente (parte) con el otro conductor y, además, tiene lesiones.

Tras ponerse Juan en contacto con su Compañía, ésta le ha designado a un Abogado para la reclamación, que no le atiende, ni le tiene informado. Juan está muy descontento pero piensa que no puede hacer nada ya que el Abogado lo paga la Compañía.

¿Puede Juan cambiar de Abogado? ¿Tendrá que pagar entonces a un Abogado privado?

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Evidentemente, Juan tiene derecho a escoger su Abogado. Mucha gente desconoce que el asegurado siempre tiene derecho a elegir libremente al Abogado y Procurador que tenga que defenderle y representarle en cualquier procedimiento. Ello se establece expresamente en el artículo 76.d de la Ley de Contrato de Seguro.

Por lo tanto, si Juan no está conforme con su Letrado, puede acudir a otro que, además, en principio, pagará su Compañía. La mayoría de Seguros de responsabilidad civil de vehículos incluyen un seguro de defensa jurídica.

Las Compañías, obviamente, tienen acuerdos con Abogados y les interesa que sean éstos los encargados de llevar los procedimientos de sus asegurados; pero ello no significa que el asegurado esté obligado a aceptar al Abogado que se le impone.

Si Juan no está conforme con la designa del Abogado de Compañía, debe examinar las condiciones de su póliza para confirmar que su Seguro incluye la defensa jurídica; o acudir a su Abogado de confianza para que éste le asesore. Si la póliza de Juan lo contempla, bastará con notificar a la Compañía el cambio de Abogado – cosa que puede hace el nuevo Letrado – y será éste el que se encargará de cobrar los honorarios de la Compañía.

Conclusión: La elección del Abogado es un derecho constitucional y, además, lo establece la propia Ley de Contrato de Seguro.

Igualmente, en caso de accidente de tráfico es muy probable que tu póliza incluya los gastos / honorarios de defensa jurídica y puedas acudir a un Abogado particular.

  

Si tienes alguna duda o quieres saber si tu póliza incluye la defensa jurídica y hasta qué importes, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS Abogados, Sant Andreu, Barcelona.

Colaboración con el Blog ACTITUD 24

Esta semana, en RIU & SIMANS Abogados nos estrenamos como bloggers de ACTITUD 24, el Blog oficial de MC PREVENCIÓN, una de las principales empresas de prevención de riesgos laborales del país, integrante del Grupo QUIRÓNSALUD.

Iniciamos esta nueva colaboración con un post sobre las responsabilidades existentes ante un accidente de trabajo. Podéis leerlo aquí.

Además, nuestro artículo ha sido seleccionado en las webs de prevencionar.com y de AsprenPrevencionar es uno de los portales líderes de prevención de riesgos laborales y Aspren es la Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos que engloba a las principales empresas de prevención.

Tengo una enfermedad grave y trabajo solo

 

Juan desarrolla su jornada laboral los fines de semana, y normalmente trabaja solo, sin que exista ningún otro compañero en las oficinas. Juan padece epilepsia y teme que le de algún tipo de ataque mientras está solo. ¿Qué opciones tiene su empresa?

No existe una prohibición legal general que impida a Juan trabajar solo pese a su enfermedad-que podría ser cualquier otra que le pudiese colocar en una situación de especial vulnerabilidad-.

Padecer epilepsia no es un dato que por sí mismo incapacite o limite a Juan para su trabajo. Existen diversos tipos de epilepsia, que pueden desembocar en crisis convulsivas, crisis con pérdida de conciencia, etc., pero también pueden haberse producido crisis en el pasado que no se han repetido, y existir un tratamiento adecuado. Obviamente, este no es un blog médico y se comenta lo anterior a fin de incidir en que cada caso es diferente.

Por lo tanto, y de forma muy esquemática estas serían las opciones de la empresa:

  • Debería hacerse una valoración específica sobre los riesgos del puesto de trabajo de Juan y las medidas preventivas presentes o que deben adoptarse. Por ejemplo, si existen circunstancias que puedan provocar una crisis, como ruido, destellos, nocturnidad, etc; o riesgos que convirtieran al trabajador en especialmente sensible.
  • La empresa podría plantear que Juan pasase un reconocimiento médico laboral voluntario u obligatorio en el que se podría solicitar información complementaria y concreta sobre su situación.
  • Seguir las recomendaciones de la NTP 344 sobre trabajos en aislamiento. Las NTPS (Normas técnicas de prevención) son guías de buenas prácticas elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La NTP 344 establece diferentes posibilidades para minimizar el riesgo en caso de trabajos en solitario, entre ellas, la posibilidad de instalar sistemas de alarma, aviso, etc.
  • En caso de que el centro de trabajo de Juan carezca de sistemas de alarma por cable o radio u otro sistema de vigilancia o de aviso eventual, y según resulten las características, ubicación del lugar de trabajo, etc., podría valorarse la movilidad funcional de Juan. En definitiva, se le podría intentar recolocar en un trabajo, horario o turno diferente.
  • La empresa debería explorar todas las opciones, contar con soporte que justifique la imposibilidad organizativa del cambio de puesto, o de adoptar otras medidas adaptativas.
  • Debería formarse e informarse al trabajador.

Hay que tener en cuenta que, si Juan sufriese un accidente, se requerirá a la empresa para que informe sobre las acciones que adoptó en cuanto tuvo conocimiento de las circunstancias de su trabajador. En ese sentido, el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la empresa a adaptar el puesto de trabajo a las circunstancias del trabajador, el artículo 17 obliga a revisar la evaluación de riesgos cuando sea necesario, y el artículo 25 señala que debe tenerse en cuenta a los trabajadores especialmente sensibles por sus características personales, estado biológico conocido, etc.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

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