La Comunidad de Propietarios ante la prevención de riesgos laborales

 

Juan reside en una finca en la que trabaja un Conserje desde hace muchísimos años. La Comunidad de propietarios tiene un contrato con una empresa de mantenimiento. Uno de sus trabajadores ha tenido un accidente grave mientras desarrollaba sus actividades en la finca e Inspección de Trabajo está requiriendo documentación preventiva a la Comunidad, que carece completamente de la misma.

Pese a que la Ley de prevención de riesgos laborales data del año 1995, sigue siendo muy habitual encontrarnos con la cara de asombro del Presidente o Administrador cuando Inspección de Trabajo requiere documentación preventiva a la Comunidad, generalmente ante la producción de alguna incidencia o accidente  como consecuencia de la actividad del personal fijo de la misma, o bien durante el mantenimiento, reparación o conservación de elementos comunes de la finca para aquellas Comunidades-la mayoría- que carecen de personal asalariado.

Las Comunidades de Propietarios deben aplicar lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que su artículo 3  cuando define el ámbito de aplicación de la norma, no establece exención respecto a ellas. En ese sentido, las únicas exclusiones de la la norma se refieren a la relación laboral especial de servicio de hogar, personal de protección civil, etc.

Lo realmente decisivo es que la Comunidad en cuestión tenga contratado algún trabajador por cuenta ajena. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, al responder a una consulta sobre la situación jurídica de las comunidades de propietarios, se posicionó al respecto en su página web :

“Es conveniente, por tanto, aclarar que, cuando la Comunidad de Propietarios cuenta con algún trabajador asalariado se convierte a todos los efectos en una empresa a la que se le aplica la normativa de prevención de riesgos laborales. Así, empleados de fincas urbanas, jardineros u otros empleados son titulares del derecho a la salud y seguridad en el trabajo con idéntico alcance que el resto de los asalariados. De esta forma la empresa (Comunidad de Propietarios) con los medios de que disponga (generalmente externos) debe evaluar riesgos, tomar medidas de controlo reducción de éstos, facilitar información y formación y, en su caso, vigilancia de la salud.”

En ese sentido, se hace referencia a título ilustrativo a  las Sentencias del TSJ de Extremadura núm. 588/1999-Sala de lo Social-, de 8 octubre, o la del TSJ de Aragón núm. 295/1998 -Sala de lo Social-, de 15 abril, en las que se impuso el recargo de prestaciones económicas por infracción de medidas de seguridad (omisión de medidas preventivas) a la Comunidad de Propietarios como consecuencia de los accidentes sufridos por su personal.

A la Comunidad  también le podrá ser de  aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial, las obligaciones en materia de cooperación y coordinación, información previstas en dicha normativa.

No integrar e implantar la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad-cuya capacidad y legitimación para ser parte están reconocidas en el artículo 6.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento civil- puede implicar consecuencias jurídicas de toda índole, que a nivel meramente enunciativo se describen:

En el ámbito penal, cualquier incumplimiento de la normativa por parte del empresario que pueda poner en peligro la salud o los derechos de los trabajadores puede tipificarse como un delito contra los derechos de los trabajadores previsto en los artículos 316, 317 y 318 del Código Penal. Hay que recalcar que estamos ante un delito de los denominados “de riesgo”. Por tanto, no es necesario para su comisión que se produzca un resultado lesivo. Si se producen daños físicos o psíquicos, ello implicará además la comisión de un delito de lesiones o de un delito de homicidio imprudente.

Las Comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica, y como tales no les afectan las últimas modificaciones del Código penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, y sin perjuicio de otras consideraciones podría existir una responsabilidad personal del Presidente  que no cumpliese con evidente desidia con los acuerdos de la Comunidad para el cumplimiento de sus obligaciones preventivas (por ejemplo, contratación de un servicio de prevención ajeno), o de aquellos comuneros que con su conducta contribuyesen a la producción de un resultado lesivo.

En el ámbito social, cabe la imposición del recargo de prestaciones a la Comunidad por falta de medidas de seguridad, al no haber cumplimentado sus obligaciones al respecto. Por otro lado, en el ámbito sancionador, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica y sanciona los posibles incumplimientos cometidos en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales.

El cuadro de infracciones es muy amplio, pero a efectos ilustrativos se reproduce lo dispuesto en el apartado 1.

Artículo 12.Infracciones graves.

Son infracciones graves:

1. a) Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.

b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

En el artículo 40.2 de la referida norma se sancionan las infracciones graves en un arco que oscila entre los 2046 Euros y los 40.985 Euros.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la imposición de un recargo de prestaciones en vía social o las posibles prestaciones de la seguridad social que en tal jurisdicción pudieren otorgarse, no excluyen la posibilidad de que un trabajador o tercero  pueda reclamar a la Comunidad ante la jurisdicción social las indemnizaciones que considere oportunas, en virtud de lo previsto en el artículo 127.3 de la Ley General de la Seguridad Social

“Cuando la prestación haya tenido como origen supuestos de hecho que impliquen responsabilidad criminal o civil de alguna persona, incluido el empresario, la prestación será hecha efectiva, cumplidas las demás condiciones, por la entidad gestora, servicio común o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su caso, sin perjuicio de aquellas responsabilidades. En estos casos, el trabajador o sus derechohabientes podrán exigir las indemnizaciones procedentes de los presuntos responsables criminal o civilmente.”

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

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La Prevención de riesgos laborales y el “empleado/a del hogar”

Juan ha contratado a una persona para que le ayude en las tareas del hogar. ¿Qué obligaciones de prevención de riesgos laborales tiene.?

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Desde su publicación, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en adelante LPRL, excluyó de su ámbito de aplicación la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar (artículo 3.4 LPRL):

“3.4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.” 

Este artículo trasladó al ámbito normativo interno una exclusión ya presente en la Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo (89/391/CEE). La Directiva negaba en su artículo 3 la condición de trabajador a aquellos que al mismo tiempo calificaba como tales:

“Artículo 3. Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) trabajador: cualquier persona empleada por un empresario, incluidos los trabajadores en prácticas y los aprendices, con exclusión de los trabajadores al servicio del hogar familiar;”

Los argumentos que se han utilizado para negar la aplicación de la LPRL están relacionados con las propias características de este tipo de relación laboral. Por ejemplo, la exposición de motivos del derogado Real Decreto 1424/1985 de 1 de Agosto que regulaba esta relación hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1620/2011, aludía a la mutua confianza de las partes, al equilibrio que debía buscarse entre derechos laborales básicos de los trabajadores, a la flexibilidad que debía concederse al empleador -Juan-, o a la proyección de Derechos constitucionales relativos a la intimidad personal y familiar.

La Sentencia número 588/2005 de 3 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, (Sala de lo Social, Sección 1ª) ya señalaba algunas notas específicas propias de esta relación laboral que incidían en la aplicación de la normativa preventiva:

“Tratándose de la relación especial del servicio del hogar familiar, la deuda de seguridad no tiene el alcance previsto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en cuyo art. 3.4 se excluye de su ámbito de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, no pudiendo exigirse al cabeza de familia que emplea en su propio hogar y sin ánimo de lucro, el conjunto de obligaciones establecidas en la mencionada norma para los empresarios en general, ni exigirse la deuda de seguridad con la amplitud que establece dicha normativa. Así, aunque el art.13 del RD 1424/1985 obliga al cabeza de familia a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene, esta obligación no tiene el alcance previsto en los arts. 14 y 15 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en los que ordena al empresario la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud, debiendo preverse incluso las distracciones e imprudencias no temerarias del trabajador”

El artículo 7.2 del Real Decreto 1620/2011 que modificó la relación laboral de carácter especial estableció:

“Artículo 7. Derechos y deberes

1. El trabajador tendrá los derechos y deberes laborales establecidos en el presente real decreto y en los artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores.

2. El empleador está obligado a cuidar de que el trabajo del empleado de hogar se realice en las debidas condiciones de seguridad y salud, para lo cual adoptará medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico. El incumplimiento grave de estas obligaciones será justa causa de dimisión del empleado.”

La modificación legislativa debería haber concretado medidas para que el empleador pudiese acreditar que ha cumplido con su obligación de cuidado, teniendo en cuenta las características específicas de este tipo de trabajo y los derechos del trabajador. Pero no sucedió así, y debemos conformarnos con los anteriormente citados artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores, que establecen el derecho del trabajador a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene, y el correlativo deber por parte del trabajador de observar las medidas de seguridad e higiene que adopte Juan.

Sin embargo, a Juan se le exige algo más que la mera supervisión de las debidas condiciones de seguridad y salud en el trabajo: debe adoptar medidas eficaces para que ello sea así. Por tanto, el empleador debe ser proactivo y demostrar que ha realizado acciones encaminadas a la disminución de los riesgos laborales para lo cual la LPRL sigue siendo la norma de referencia.

Por lo expuesto, la exclusión de la aplicación de la LPRL no impediría  en nuestra opinión que los instrumentos regulados en la misma o en su normativa de desarrollo, como pueden ser la evaluación de riesgos, la información al trabajador, la entrega de equipos de protección individual en sentido amplio, la formación para situaciones de emergencia, la concertación de actividades de asesoramiento con un servicio de prevención ajeno, etc., puedan ser utilizados para dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1620/2011, a fin de promover la cultura preventiva en el ámbito del hogar y el desarrollo de la actividad laboral en condiciones seguras, a fin de dotar de mayor seguridad jurídica al empleador.

Para cualquier duda o consulta, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.

La Fianza de la Ley de Arrendamientos Urbanos ¿Y si el arrendador no me la quiere devolver?

El contrato de arrendamiento de Juan ha finalizado, pero su arrendador (Pedro) le está dando largas con la devolución de la fianza que Juan le entregó en su día. Juan ha pagado sin falta la renta mensual y ha mantenido el local en perfecto estado, pero ahora se siente impotente. ¿Tiene todas las de ganar el arrendador? ¿Ha de resignarse Juan ante una actuación injusta por parte de Pedro?.

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En su artículo 36, la Ley de Arrendamientos Urbanos obliga al arrendatario (Juan) a entregar una fianza al arrendador (Pedro). Este importe tiene como finalidad garantizar las obligaciones que Juan ha asumido con la firma del contrato de arrendamiento: la más importante de las cuales es el pago de la renta acordada.

Pero la obligación del arrendatario tiene como contrapartida una obligación del arrendador, quien no puede apropiarse del importe, y debe ingresarlo en el Organismo que cada Comunidad autónoma designe. En Cataluña se creó para este cometido el Registro de Fianzas de los contratos de alquiler de Fincas urbanas, dependiente del Institut Català del Sol.

En el Registro de Fianzas el arrendador (Pedro) además del ingreso de la fianza, debía solicitar la inscripción de los datos correspondientes al contrato firmado con Juan, ya que se trataba de un inmueble situado en Cataluña. Pedro debía informar de la situación de la finca, la titularidad, si disponía de cédula de habitabilidad, el uso al que se destinaría, los contratantes, el plazo inicial de duración del contrato, la renta pactada, etc.

Sin embargo, cuando se produce la finalización del contrato de arrendamiento comienzan los problemas para que el arrendatario recupere la fianza entregada. No nos referimos a los casos en los que efectivamente se ha producido un deterioro de la finca o no se han abonado las rentas, sino a los casos en los que el arrendador (Pedro) utiliza cualquier excusa para intentar no entregar el importe de la fianza. Y una de las razones, es que dicha cantidad nunca se llegó a ingresar en el Organismo competente, y el arrendador la hizo suya.

Afortunadamente es una práctica que tiende a regularizarse pero el arrendatario (Juan) debe saber que:

– El arrendador está obligado a entregarle un justificante del ingreso de la fianza en un plazo de dos meses desde que se realizó.

– Si el arrendador no devolviese el dinero de la fianza por haberse apoderado de él, podría considerarse que está cometiendo un delito de apropiación indebida penado hasta con pena de prisión.

– El hecho de no ingresar el importe de la fianza en el organismo competente es sancionable con multas para el arrendador de hasta el 75% del importe de la fianza no depositadas.

– Además de la sanción, el arrendador está obligado a ingresar el importe de la fianza más los recargos correspondientes.

Por tanto, cuando te encuentres ante un problema de devolución de fianza no justificado, consulta las opciones e instrumentos de negociación de los que dispones ante el arrendador.

El accidente de tráfico: cambios importantes que afectan a tu reclamación.(Lo obvio no lo es tanto, 3ª entrega).

Juan tiene un accidente de tráfico, una colisión por alcance a consecuencia de la cual sufre un latigazo cervical.  ¿Qué debe hacer a partir de ahora?.

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Hasta julio de 2015, lo normal era que Juan presentase una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción-el que inicialmente lleva los procedimientos penales-, y se incoase un Juicio de Faltas-un procedimiento sencillo y gratuito que como mucho podría implicar pena de multa para el condenado, pero en el que se podrían estar reclamando cantidades económicas importantes-.

De esta manera, Juan generalmente acabaría citado ante el Médico forense del Juzgado de Instrucción, quien valoraría sus lesiones. Independientemente de cómo acabase el asunto, con la denuncia Juan dispondría del informe gratuito  de un profesional médico especialista imparcial, con el que poder cuantificar su reclamación.

El nuevo Código penal que entró en vigor el pasado 1 de Julio, ha suprimido las faltas. Ahora existen en su caso los delitos menos graves, y aquellas conductas en las que ha existido imprudencia leve- lo que se produce en muchísimos accidentes de tráfico- y que antes podían tramitarse en un Juicio de Faltas- es decir, por lo penal-, van a tener que reclamarse ante un Juzgado civil.

¿Qué puede significar eso para Juan?

Si Juan quiere reclamar por sus lesiones un importe superior a 2000 Euros, tendrá que contratar a un Abogado y a un Procurador para presentar una demanda. También deberá conseguir un Infome médico valorador-lo que antes proporcionaba el Médico Forense del Juzgado-,  y que al ser un informe elaborado a instancia de parte puede ser discutido por no ser imparcial.

No obstante lo anterior, para mitigar las quejas se ha abierto la posibilidad de que el perjudicado (Juan) por un accidente pueda obtener extrajudicialmente un Infome del Médico Forense sin necesidad de que exista un procedimiento penal. Hay que esperar a la aplicación práctica de esta posibilidad.

Si tienes un accidente de tráfico, infórmate de todos los cambios normativos y de las opciones que tienes.Puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.