Tengo una enfermedad grave y trabajo solo

 

Juan desarrolla su jornada laboral los fines de semana, y normalmente trabaja solo, sin que exista ningún otro compañero en las oficinas. Juan padece epilepsia y teme que le de algún tipo de ataque mientras está solo. ¿Qué opciones tiene su empresa?

No existe una prohibición legal general que impida a Juan trabajar solo pese a su enfermedad-que podría ser cualquier otra que le pudiese colocar en una situación de especial vulnerabilidad-.

Padecer epilepsia no es un dato que por sí mismo incapacite o limite a Juan para su trabajo. Existen diversos tipos de epilepsia, que pueden desembocar en crisis convulsivas, crisis con pérdida de conciencia, etc., pero también pueden haberse producido crisis en el pasado que no se han repetido, y existir un tratamiento adecuado. Obviamente, este no es un blog médico y se comenta lo anterior a fin de incidir en que cada caso es diferente.

Por lo tanto, y de forma muy esquemática estas serían las opciones de la empresa:

  • Debería hacerse una valoración específica sobre los riesgos del puesto de trabajo de Juan y las medidas preventivas presentes o que deben adoptarse. Por ejemplo, si existen circunstancias que puedan provocar una crisis, como ruido, destellos, nocturnidad, etc; o riesgos que convirtieran al trabajador en especialmente sensible.
  • La empresa podría plantear que Juan pasase un reconocimiento médico laboral voluntario u obligatorio en el que se podría solicitar información complementaria y concreta sobre su situación.
  • Seguir las recomendaciones de la NTP 344 sobre trabajos en aislamiento. Las NTPS (Normas técnicas de prevención) son guías de buenas prácticas elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La NTP 344 establece diferentes posibilidades para minimizar el riesgo en caso de trabajos en solitario, entre ellas, la posibilidad de instalar sistemas de alarma, aviso, etc.
  • En caso de que el centro de trabajo de Juan carezca de sistemas de alarma por cable o radio u otro sistema de vigilancia o de aviso eventual, y según resulten las características, ubicación del lugar de trabajo, etc., podría valorarse la movilidad funcional de Juan. En definitiva, se le podría intentar recolocar en un trabajo, horario o turno diferente.
  • La empresa debería explorar todas las opciones, contar con soporte que justifique la imposibilidad organizativa del cambio de puesto, o de adoptar otras medidas adaptativas.
  • Debería formarse e informarse al trabajador.

Hay que tener en cuenta que, si Juan sufriese un accidente, se requerirá a la empresa para que informe sobre las acciones que adoptó en cuanto tuvo conocimiento de las circunstancias de su trabajador. En ese sentido, el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la empresa a adaptar el puesto de trabajo a las circunstancias del trabajador, el artículo 17 obliga a revisar la evaluación de riesgos cuando sea necesario, y el artículo 25 señala que debe tenerse en cuenta a los trabajadores especialmente sensibles por sus características personales, estado biológico conocido, etc.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.

www.riusimans.com

¿Puede una empresa cometer un delito? El “Compliance penal” II (Tengo una empresa, 3ª Entrega)

En las dos primeras entregas de nuestro bloque “Tengo una empresa” os hablamos de la Responsabilidad Penal Corporativa y del concepto de “Compliance penal”.
En ese último post abordamos el concepto de “Compliance penal” haciendo referencia a que el Código Penal, en su última reforma de 2015, introdujo una herramienta para atenuar o eximir la responsabilidad penal de las personas jurídicas: los modelos de organización y gestión para la prevención de riesgos penales a los que alude el artículo 31 bis.2.1ª del citado texto legal. Estos “modelos de organización y gestión” son los denominados “Compliance penal” o “Programas de cumplimiento”.

Pero realmente ¿en qué consiste un “Compliance”?

FullSizeRender (6)

Un “Compliance” no es un simple informe sino que es un Proyecto más amplio consistente en una serie de documentos y acciones orientados a prevenir la comisión de delitos en las empresas. El artículo 31 bis.5 del Código Penal detalla los requisitos que deben cumplir; resumidamente son los siguientes:

  • Identificación de las actividades de la organización en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos
  • Realización de protocolos o procedimientos sobre el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos
  • Modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deban ser prevenidos
  • Incorporación de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo que se encargue de la vigilancia y observación del funcionamiento del modelo de prevención o proyecto “Compliance”
  • Establecimiento de un sistema disciplinario que sancione de modo adecuado el incumplimiento de las medidas que se establezcan en el “Compliance”. Para ello, RIUSIMANS recomienda, además, la realización de un Código Ético
  • Verificación periódica del conjunto del modelo y modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes relacionadas, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o bien en la actividad empresarial

Obviamente, un Proyecto “Compliance” tiene que estar orientado a la empresa concreta; para que el proyecto cumpla con lo establecido con el Código Penal y sea de utilidad no puede tratarse de un conjunto de documentos estereotipados o generalistas que podrían definir a cualquier tipo de organización empresarial. En RIUSIMANS Abogados estudiamos la concreta organización empresarial y analizamos la documentación de empresa para evaluar los riesgos jurídico – penales aplicables a cada organización. Gracias al estudio previo de la entidad, se elabora un mapa de riesgos a partir del cual se desglosa todo el Proyecto que, evidentemente, se sustenta de forma documental.

Con la instauración de un proyecto “Compliance” se realiza un cambio de cultura empresarial que beneficia a la persona jurídica, mitigando así sus riesgos penales.

Si tienes alguna duda o tu empresa no dispone de un “Compliance penal”, puedes ponerte en contacto con RIUSIMANS Abogados. Asimismo, si tu empresa cuenta con documentación relativa a la prevención de riesgos penales pero no sabes el alcance de su validez, te asesoraremos sin compromiso.

¿Puede una empresa cometer un delito? El “Compliance” penal (Tengo una empresa, 2ª entrega)

FullSizeRender (6)

Hace unas semanas abordamos en una entrada una cuestión de máxima actualidad: la posibilidad de que una empresa pudiese cometer un delito. La respuesta, como vimos, debía ser afirmativa: con el nuevo Código Penal – publicado el pasado año – que profundizaba en la revolución que había supuesto el de 2010, y la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cada vez veremos más casos en los que una empresa o persona jurídica es condenada como autora de un delito junto o en sustitución de personas físicas.

Aunque obviamente la condena penal de una empresa no puede implicar pena de prisión, el efecto de la misma puede ser similar: la disolución, la imposición de multas de elevada cuantía, la intervención o la prohibición de contratar con Administraciones Públicas son algunas de las consecuencias que “castigarán” a muchas empresas que tenían un futuro esperanzador.

Y si estas personas jurídicas sobreviven a las medidas penales que se les puedan imponer, deberán hacer frente a otro tipo de daño muy difícil de reparar: el daño reputacional. En una sociedad en la que el precio del servicio o del producto no es el único factor a tener en cuenta, la responsabilidad social de la empresa con su entorno, el respeto de ciertos valores y compromisos éticos, una buena imagen ante el público, proveedores, potenciales clientes y, en general, la Sociedad son elementos básicos para competir en el mercado.

Ante esta situación, cabe preguntarse si una Empresa u Organización  debe resignarse pasivamente en espera de que sus empleados, proveedores o Directivos se comporten correctamente. La respuesta debe ser negativa: cuando el Legislador ha optado por ampliar la responsabilidad penal a las personas jurídicas, también les ha dotado de una herramienta para atenuar o eximirse de dicha responsabilidad: el Modelo de Organización y gestión para la prevención del delito,  “Compliance penal”, o “Programa de cumplimiento”,  terminologías todas ellas habituales en el mercado para referirse a este tipo de instrumentos cada vez más esenciales.

Pero ¿qué es un “Compliance”?

Lo primero que hay que establecer es que el “Compliance” no es un concepto penal. Es un concepto que aparece en el derecho anglosajón y que se fue extendiendo a diversos sectores económicos como el financiero  a la luz de diferentes escándalos. Se trataba de introducir en las organizaciones una cultura de cumplimiento de la legalidad, pero también se intentaba que las propias personas jurídicas estableciesen voluntariamente códigos de conducta, o asumiesen recomendaciones, buenas prácticas, o modelos de actuación no legalmente obligatorios. Y que estas Organizaciones ordenasen internamente  los recursos humanos y materiales para fomentar, controlar e investigar que la Organización y sus miembros actuasen conforme a dichos códigos y normativa. Podemos poner como ejemplo la Directiva del mercado de Instrumentos financieros (norma MIFID) que en su día ya estableció la exigencia de esta figura independiente que debía velar por el cumplimiento normativo.

En ese sentido, y a nivel español, la normativa referente al blanqueo de capitales, protección de datos, competencia, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, consumidores, sociedad de la información, etcétera  reúnen algunos elementos propios de la cultura del “Compliance”.

Pero a nivel penal, es a partir del Código Penal de 2010, de su modificación de 2015, y de la reciente Circular de Fiscalía cuando  podemos afirmar que nos encontramos ante un verdadero sistema de “Compliance penal”.

En la próxima entrada sobre “tengo una empresa”, entraremos de lleno en el contenido y características de un Compliance penal.

Si tienes alguna duda o tu Empresa quiere iniciar un Proyecto de Compliance, puedes ponerte en contacto con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.

www.riusimans.com

¿Puede una empresa cometer un delito? (Tengo una empresa, 1ª entrega)

En el apartado Sobre el Blog ya os explicamos que, gradualmente, haremos entradas en el Blog que pertenezcan a la clasificación de “tengo una empresa”.

FullSizeRender (6)

El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la última reforma del Código Penal y, con ello, la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Obviamente, una persona jurídica, una empresa, una Fundación, etc., no puede ser recluida en un centro penitenciario.  Sin embargo, sí puede ser condenada a penas que restringirán o suprimirán la libertad de la entidad para desarrollarse en el mercado. Medidas como la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la prohibición de realizar actividades en la materia del delito cometido, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, la imposibilidad de contratar con el sector público,  la inhabilitación para obtener beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social, la intervención judicial, el abono de importantísimas multas, o la disolución de la persona jurídica como tal, son medidas que para una persona jurídica son igual de gravosas y definitivas que la reclusión penal para una persona física.

El artículo 31 bis.1 del Código hace referencia a la comisión de los delitos por partes de las personas jurídicas por dos vías:

a) Los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas – y en su beneficio directo o indirecto – por sus representantes legales o trabajadores autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa.

b) Los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta – y en su beneficio directo o indirecto – por personas sometidas a la autoridad de representantes legales (o trabajadores autorizados de la entidad) cuando los hechos se han cometido por una falta grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad.

Por tanto, al contrario de lo que se suele pensar, la persona jurídica no tan sólo puede ser responsable penalmente por las acciones de sus administradores o directivos, sino que también puede serlo por las actuaciones de sus trabajadores siempre y cuando la propia persona jurídica no haya supervisado, vigilado o controlado, y haya conseguido un beneficio – directo o indirecto – con la comisión del delito.

¿Y cómo puede la persona jurídica supervisar, vigilar y controlar a su Organización?

Para responder a la pregunta es preciso acudir al artículo 31 bis.2 del Código Penal, que establece las condiciones que deben cumplirse para que la responsabilidad de la persona jurídica quede exenta – o, por lo menos, atenuada –. Resumidamente, las condiciones son las siguientes:

  1. Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
  2. Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.
  3. Que los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
  4. Que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.

En efecto, en este artículo se regula una de las novedades más destacadas de la reforma: los modelos de organización y control, Programas de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Program Penal. Mediante estos programas de cumplimiento la entidad podrá detectar situaciones y conductas de riesgo, articular medidas preventivas y de control, establecer canales de información internos, organizar sistemas de gestión y supervisión autónomos y, en definitiva, reducir significativamente su responsabilidad penal y normativa.

A modo ilustrativo, vamos a ver unos sencillos ejemplos en los que una empresa puede cometer un delito por la actuación de uno de sus trabajadores:

Ejemplo 1: en una empresa de servicios (empresa A), uno de sus comerciales decide ofrecer una cantidad económica a un funcionario para que su Administración contrate los servicios de su empresa.

En el caso señalado, estaríamos ante un delito de cohecho por parte del funcionario y del comercial, pero ¿podría estar cometiendo la empresa A un delito? La respuesta es sí, si la empresa no dispone de un modelo de organización y gestión adecuado, ya que:

  • Se cumplen los requisitos del artículo 31 bis.1 en cuanto a las personas que pueden cometer el delito y en cuanto a que la empresa conseguirá un beneficio.
  • Si la empresa no dispone de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, muy difícilmente cumplirá con las obligaciones de supervisar, vigilar y controlar que establece el Código Penal.

Ejemplo 2: en una empresa de servicios (empresa A), un trabajador del departamento de recursos humanos contrata a un trabajador de la competencia sabiendo que éste les va a dar traslado de las operativas, los productos, etc. de la empresa de la competencia donde trabajaba.

En este caso, podríamos estar ante un delito de revelación de secretos y un delito contra la propiedad intelectual o industrial. Del mismo modo que en el ejemplo 1, si la empresa A no dispone de un modelo de organización y gestión adecuado, también podrá ser considerada como autora de los delitos indicados, ya que:

  • Se cumplen los requisitos del artículo 31 bis.1 en cuanto a las personas que pueden cometer el delito y en cuanto a que la empresa conseguirá un beneficio o ventaja.
  • Si la empresa no dispone de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, muy difícilmente cumplirá con las obligaciones de supervisar, vigilar y controlar que establece el Código Penal.

.

Como la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una novedad legislativa muy amplia y sobre la que se puede profundizar en gran medida, en la siguiente entrega de “tengo una empresa” nos centraremos en los Programas de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Program Penal: qué son, por qué todas las empresas deben tenerlo, para qué sirven y por qué somos los abogados penalistas los que debemos hacerlo.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.