“Denuncia falsa” de robo de móvil

Al salir a mediodía del trabajo, Juan fue a comer a un Bar. Cuando volvió a su puesto, se percató de que se había olvidado el móvil encima de la mesa del establecimiento: volvió pero ya no estaba y en el Bar no sabían nada.

Como tiene un seguro con cobertura ante robos de teléfono, pensó ir a la Comisaría a interponer una denuncia.

Un mes más tarde recibe una citación como investigado en la que se le acusa como autor de un delito de “simulación de delito”. ¿En qué consiste? ¿Qué puede pasarle a Juan?

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En relación a los teléfonos móviles, la mayoría de aseguradoras tan sólo cubren los dispositivos por “robo” y no por una pérdida o hurto. Por ello, la actuación de Juan no es un caso aislado.

En el caso de Juan, él presentó la pertinente denuncia ante la Comisaría y, como protocolo habitual, los Agentes le solicitaron el máximo de detalles sobre el suceso. Como realmente Juan no fue víctima de un robo, se tuvo que inventar la situación. Lógicamente, una vez interpuesta una denuncia, se realizan las pertinentes diligencias policiales y, en ese momento, la policía empezó a ver incongruencias: por ejemplo, en ocasiones, cuando los Agentes acuden al lugar donde presuntamente se cometió el robo, detectan en la zona cámaras de videovigilancia (de entidades bancarias, de comercios, etc.) y revisan la franja horaria del suceso; de este modo, resulta bastante sencillo confirmar la falsedad de la denuncia.

En otras ocasiones, es en el mismo momento de la denuncia cuando los Agentes constatan incongruencias en la definición de los hechos por parte del denunciante. Normalmente, cuando esto sucede se acaba interrogando a la persona y, o bien se contradice más aún, o bien acaba reconocimiento que ha cometido un error inventándose unos hechos.

En ambos supuestos – tanto si se descubre la falsedad cuando se están realizando las diligencias de investigación, como si se descubre en el mismo momento de la denuncia – la persona (en este caso, Juan) acaba recibiendo una citación en calidad de investigado (la antigua figura del ‘imputado’).

 

El Código Penal tipifica la simulación de delito. El tipo penal establece que el que interponga o simule ser víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente (en este caso, Juan simula haber sido víctima de un robo de un teléfono móvil) será castigado con una multa de 6 a 12 meses; tales multas se tasan en Euros por día; exactamente de los 3 a los 10 Euros diarios. Por tanto, aunque condenasen a Juan con la multa mínima de 3 Euros al día durante 6 meses, tendría que abonar 540 Euros.

Hay que tener en cuenta que, en términos coloquiales, se suele hablar en estos casos de “denuncia falsa” pero lo cierto es que “denuncia falsa” es otro delito (del mismo carácter, pero otro distinto) en el cual en principio, además de lo anterior, se identifica a un autor. Las penas para este tipo delictivo son mucho más altas e incluso contemplan pena de prisión.

Si quieres saber que tendría que hacer Juan cuando reciba una citación como investigado puedes hacer click aquí.

Si tienes alguna duda o consulta, puedes ponerte en contacto con RIU & SIMANS, Abogados. En Sant Andreu, Barcelona. 93.517.45.43

 

Diferencias entre robo y hurto (Lo obvio no lo es tanto, 5ª entrega)

Comúnmente, se utiliza el término “robo” para referirse al hecho de apoderarse de una cosa de otra persona sin su consentimiento. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico distingue entre dos figuras para una situación así: el hurto y el robo.

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Se trata de un hurto cuando una cosa mueble ajena se toma con ánimo de lucro sin la voluntad de su dueño. En dicha sustracción no interviene ni la fuerza, ni la violencia y, por tanto, el único hecho tipificado es el mero apoderamiento de una cosa ajena, con ánimo de lucro y sin consentimiento de su dueño.

A su vez, dentro del concepto de hurto, podemos dividir la conducta en delito de hurto y en delito leve de hurto, según el importe económico de la cosa sustraída: si supera o no la cuantía de 400 Euros.

Con anterioridad al 1 de julio de 2015 (día en que entró en vigor la última reforma del Código Penal), si estábamos ante un hurto y la cosa sustraída superaba los 400 Euros, se trataba de delito de hurto; y, por el contrario, si la cuantía era inferior, se trataba de una falta de hurto. Tras la reforma, como se han eliminado las faltas de nuestro ordenamiento jurídico, lo que sucede es que cuando el valor de la cosa extraída es inferior a 400 Euros, la acción se tipifica como un delito leve, cuya pena es de multa (de uno a tres meses)1.

Por su parte, si se trata de un delito de hurto (cosa de más de 400 Euros) la pena puede ser distinta según la cosa sustraída y puede incluso ser de hasta tres años de prisión.

Por su lado, el término robo hace referencia a la conducta de tomar con ánimo de lucro una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño pero, además, requiere que para ello se utilice:

– Fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde se encuentre la cosa sustraída

– Violencia o intimidación sobre las personas: dicha violencia o intimidación puede ser tanto en el momento de cometer el delito, como para proteger su huida, como sobre terceras personas que acudan a auxiliar a la víctima o que persigan al autor.

Evidentemente, las penas del delito de robo son superiores a las del delito de hurto y son distintas según las características de la acción (por ejemplo, la pena varía según si se han utilizado llaves falsas para cometer el delito, si se han usado armas, si se ha cometido en una casa habitada o deshabitada, etcétera).

Finalmente, vamos a ver unos simples ejemplos para diferenciar si se trata de delito de hurto, delito leve de hurto o bien delito de robo:

Juan tiene el móvil encima de la mesa en una cafetería y X se lo sustrae sin que él se de cuenta.

En este caso, estaremos ante un delito leve de hurto ya que el acto se ha realizado sin necesidad de utilizar la fuerza, la violencia o la intimidación y el importe de la cosa sustraída es inferior a 400 Euros.

Juan tiene el móvil encima de la mesa en una cafetería y X se lo sustrae sin que él se de cuenta pero el teléfono tiene un importe superior a 400 Euros.

En este caso, estaremos ante un delito de hurto dado que el acto se ha realizado sin necesidad de utilizar la fuerza, la violencia o la intimidación y el importe de la cosa sustraída es superior a 400 Euros.

X empuja a Juan y le sustrae el móvil que tiene en su mano.

En este caso, estaremos ante un robo ya que se ha utilizado violencia para sustraerle el móvil a Juan.

Juan se ha dejado el móvil dentro del coche y X rompe un cristal para acceder al interior del vehículo y sustraer el teléfono.

En este caso, también estaremos ante un robo ya que X ha utilizado la fuerza contra el cristal del coche.

Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.


1 Siempre y cuando no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 235 del Código Penal. 

¿Puede una empresa cometer un delito? El “Compliance” penal (Tengo una empresa, 2ª entrega)

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Hace unas semanas abordamos en una entrada una cuestión de máxima actualidad: la posibilidad de que una empresa pudiese cometer un delito. La respuesta, como vimos, debía ser afirmativa: con el nuevo Código Penal – publicado el pasado año – que profundizaba en la revolución que había supuesto el de 2010, y la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cada vez veremos más casos en los que una empresa o persona jurídica es condenada como autora de un delito junto o en sustitución de personas físicas.

Aunque obviamente la condena penal de una empresa no puede implicar pena de prisión, el efecto de la misma puede ser similar: la disolución, la imposición de multas de elevada cuantía, la intervención o la prohibición de contratar con Administraciones Públicas son algunas de las consecuencias que “castigarán” a muchas empresas que tenían un futuro esperanzador.

Y si estas personas jurídicas sobreviven a las medidas penales que se les puedan imponer, deberán hacer frente a otro tipo de daño muy difícil de reparar: el daño reputacional. En una sociedad en la que el precio del servicio o del producto no es el único factor a tener en cuenta, la responsabilidad social de la empresa con su entorno, el respeto de ciertos valores y compromisos éticos, una buena imagen ante el público, proveedores, potenciales clientes y, en general, la Sociedad son elementos básicos para competir en el mercado.

Ante esta situación, cabe preguntarse si una Empresa u Organización  debe resignarse pasivamente en espera de que sus empleados, proveedores o Directivos se comporten correctamente. La respuesta debe ser negativa: cuando el Legislador ha optado por ampliar la responsabilidad penal a las personas jurídicas, también les ha dotado de una herramienta para atenuar o eximirse de dicha responsabilidad: el Modelo de Organización y gestión para la prevención del delito,  “Compliance penal”, o “Programa de cumplimiento”,  terminologías todas ellas habituales en el mercado para referirse a este tipo de instrumentos cada vez más esenciales.

Pero ¿qué es un “Compliance”?

Lo primero que hay que establecer es que el “Compliance” no es un concepto penal. Es un concepto que aparece en el derecho anglosajón y que se fue extendiendo a diversos sectores económicos como el financiero  a la luz de diferentes escándalos. Se trataba de introducir en las organizaciones una cultura de cumplimiento de la legalidad, pero también se intentaba que las propias personas jurídicas estableciesen voluntariamente códigos de conducta, o asumiesen recomendaciones, buenas prácticas, o modelos de actuación no legalmente obligatorios. Y que estas Organizaciones ordenasen internamente  los recursos humanos y materiales para fomentar, controlar e investigar que la Organización y sus miembros actuasen conforme a dichos códigos y normativa. Podemos poner como ejemplo la Directiva del mercado de Instrumentos financieros (norma MIFID) que en su día ya estableció la exigencia de esta figura independiente que debía velar por el cumplimiento normativo.

En ese sentido, y a nivel español, la normativa referente al blanqueo de capitales, protección de datos, competencia, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, consumidores, sociedad de la información, etcétera  reúnen algunos elementos propios de la cultura del “Compliance”.

Pero a nivel penal, es a partir del Código Penal de 2010, de su modificación de 2015, y de la reciente Circular de Fiscalía cuando  podemos afirmar que nos encontramos ante un verdadero sistema de “Compliance penal”.

En la próxima entrada sobre “tengo una empresa”, entraremos de lleno en el contenido y características de un Compliance penal.

Si tienes alguna duda o tu Empresa quiere iniciar un Proyecto de Compliance, puedes ponerte en contacto con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.

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Testigo que miente en un juicio

Juan tiene un amigo llamado Pedro.  Pedro, hace unos meses, tuvo un accidente de moto con otro coche; su moto quedó destrozada pero fue su culpa. Como sabía que iba a perder el pleito, Pedro le pidió a su amigo Juan un favor: ir como testigo al Juicio, decir que presenció el accidente y que la culpa fue del conductor del vehículo. Juan aceptó, declaró faltando a la verdad y su amigo Pedro ganó el Juicio.

Meses más tarde, Juan ha recibido una citación en calidad de investigado (la anterior figura de “imputado”): la citación indica que es en base a un presunto delito de “falso testimonio”.

¿Qué puede sucederle a Juan? ¿Puede tener un problema por haber mentido en un Juicio?

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Si bien es cierto que, en virtud del derecho de defensa, a los investigados o acusados se les permite no decir la verdad, los testigos no pueden mentir; ello está regulado en el Código Penal y es un delito: el delito de falso testimonio. Con anterioridad a cualquier declaración testifical, su Señoría hace las advertencias generales de la Ley entre las cuales se encuentra la advertencia de prohibición de mentir al ser susceptible de delito.

En el caso que hemos planteado, Juan – que era testigo – mintió. Para que su conducta se considerase delictiva, su mentira tiene que ser dolosa, es decir, con voluntad de mentir.

La Ley prevé distintas penas para el delito de falso testimonio según el procedimiento en que se haya faltado a la verdad: no conlleva la misma pena mentir en un procedimiento penal que, por ejemplo, en uno civil. Como en el presente caso, Juan fingió en un Juicio penal, en el post nos basaremos en ese supuesto.

Las penas no son bajas y a Juan podrían condenarle a una pena de prisión comprendida entre uno y tres años y, además, a una multa de entre 6 y 12 meses.

En un supuesto similiar estaríamos si Juan, por ejemplo, hubiese sido realmente testigo del accidente y no hubiese faltado totalmente a la verdad pero hubiese matizado u alterado sus respuestas para favorecer a su amigo, hubiese sido inexacto o bien hubiese silenciado hechos o datos relevantes por él conocidos. En este caso, también podría ser condenado por un delito de falso testimonio aunque con una pena más reducida: tan sólo de multa, de 6 a 12 meses y, en su caso, suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio de 6 meses a 3 años.

Por su parte, Pedro también tendrá responsabilidad por la conducta de Juan: lógicamente, el Código Penal también prevé la figura de la persona que presenta a sabiendas testigos falsos. La pena que recaerá sobre Pedro será la misma que a la que se condene a Juan.

Desde nuestra experiencia, hemos podido comprobar que gracias a los avances tecnológicos (móviles o tablets que hacen fotografías, vídeos y audios) el delito de falso testimonio es más fácil de demostrar: actualmente es más sencillo recabar pruebas que demuestren que un testigo ha mentido. Por ejemplo, en el caso de Juan, un peatón o un acompañante del conductor del vehículo podría haber grabado el accidente ocurrido, o bien podría haber una cámara de seguridad en una tienda o banco cercano al lugar del accidente que hubiese filmado la situación.

Si estás en una situación similar o tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.

Pelea en partido de fútbol

Juan juega en una liga de fútbol con sus amigos de toda la vida. A veces, el ambiente se complica con los equipos contrarios y se producen situaciones muy tensas. Realmente nunca le había pasado nada pero en el último partido, un jugador del equipo contrario le dio un puñetazo y le rompió un diente.

Juan denuncia al jugador contrario. ¿Las lesiones que tiene Juan son el resultado de un delito?

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El delito de lesiones está regulado en el artículo 147.1 del Código Penal, que establece que “el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico”.

De la lectura del artículo anterior, podemos ver que el caso de Juan, claramente, se trata de un delito de lesiones ya que se cumplen las siguientes premisas del artículo:

  • Una persona causa una lesión a Juan
  • Dicha lesión menoscaba la integridad corporal de Juan
  • La lesión de Juan requiere no tan sólo una primera asistencia médica, sino, además, un tratamiento médico o quirúrgico: le han roto un diente y necesitará tratamiento.

El jugador de fútbol que le agredió podría ser castigado con una pena de prisión de tres meses a tres años, o bien con una multa de seis a doce meses (según se cumplan unos u otros requisitos que también se establecen en el Código Penal). Evidentemente, si el jugador es condenado, la condena también implicará la carga de antecedentes penales.

 

La situación cambiaría por completo si las lesiones de Juan no hubiesen requerido tratamiento médico o quirúrgico. Si sus lesiones hubiesen consistido, por ejemplo, en hematomas, no se cumpliría la premisa del artículo citado que decía “lesión que requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”.

Pero, entonces, si las lesiones de Juan tan sólo consistiesen en hematomas y arañazos ¿ante qué estaríamos? ¿se trataría de una falta de lesiones?

La respuesta es no. Desde el pasado 1 de julio (2015) las faltas ya no existen: se suprimieron con la última reforma del Código Penal.

En la actualidad, las antiguas faltas de lesiones se denominan “delitos leves de lesiones”; los “delitos leves” son una nueva modalidad de delitos pero menos graves.

Es decir, desde la reforma, todas las acciones que provoquen lesiones son delito: con la diferencia de que según si existe tratamiento médico o quirúrgico o no, se tratará, respectivamente, de un delito de lesiones o de un delito leve de lesiones.

El delito leve de lesiones se regula en el artículo 147.2 del Código Penal y la pena es de multa de uno a tres meses. A esta pena hay que añadirle también los antecedentes penales; diferencia fundamental con las derogadas faltas de lesiones: las faltas no conllevaban antecedentes penales pero los “delitos leves” sí. Por tanto, la conducta de las anteriores faltas de lesiones se ha agravado considerablemente, sobretodo, por la existencia de los antecedentes.

Hay que tener en cuenta que, en principio, en los procedimientos de delitos leves se puede comparecer a Juicio sin letrado pero ¿quién va a arriesgarse a ir a un Juicio sin abogado si una de las cosas que están en juego son sus antecedentes penales?

En la entrada del próximo martes hablaremos sobre los antecedentes y lo que su existencia implica.

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¿Puede una empresa cometer un delito? (Tengo una empresa, 1ª entrega)

En el apartado Sobre el Blog ya os explicamos que, gradualmente, haremos entradas en el Blog que pertenezcan a la clasificación de “tengo una empresa”.

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El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la última reforma del Código Penal y, con ello, la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Obviamente, una persona jurídica, una empresa, una Fundación, etc., no puede ser recluida en un centro penitenciario.  Sin embargo, sí puede ser condenada a penas que restringirán o suprimirán la libertad de la entidad para desarrollarse en el mercado. Medidas como la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la prohibición de realizar actividades en la materia del delito cometido, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, la imposibilidad de contratar con el sector público,  la inhabilitación para obtener beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social, la intervención judicial, el abono de importantísimas multas, o la disolución de la persona jurídica como tal, son medidas que para una persona jurídica son igual de gravosas y definitivas que la reclusión penal para una persona física.

El artículo 31 bis.1 del Código hace referencia a la comisión de los delitos por partes de las personas jurídicas por dos vías:

a) Los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas – y en su beneficio directo o indirecto – por sus representantes legales o trabajadores autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa.

b) Los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta – y en su beneficio directo o indirecto – por personas sometidas a la autoridad de representantes legales (o trabajadores autorizados de la entidad) cuando los hechos se han cometido por una falta grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad.

Por tanto, al contrario de lo que se suele pensar, la persona jurídica no tan sólo puede ser responsable penalmente por las acciones de sus administradores o directivos, sino que también puede serlo por las actuaciones de sus trabajadores siempre y cuando la propia persona jurídica no haya supervisado, vigilado o controlado, y haya conseguido un beneficio – directo o indirecto – con la comisión del delito.

¿Y cómo puede la persona jurídica supervisar, vigilar y controlar a su Organización?

Para responder a la pregunta es preciso acudir al artículo 31 bis.2 del Código Penal, que establece las condiciones que deben cumplirse para que la responsabilidad de la persona jurídica quede exenta – o, por lo menos, atenuada –. Resumidamente, las condiciones son las siguientes:

  1. Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
  2. Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.
  3. Que los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
  4. Que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.

En efecto, en este artículo se regula una de las novedades más destacadas de la reforma: los modelos de organización y control, Programas de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Program Penal. Mediante estos programas de cumplimiento la entidad podrá detectar situaciones y conductas de riesgo, articular medidas preventivas y de control, establecer canales de información internos, organizar sistemas de gestión y supervisión autónomos y, en definitiva, reducir significativamente su responsabilidad penal y normativa.

A modo ilustrativo, vamos a ver unos sencillos ejemplos en los que una empresa puede cometer un delito por la actuación de uno de sus trabajadores:

Ejemplo 1: en una empresa de servicios (empresa A), uno de sus comerciales decide ofrecer una cantidad económica a un funcionario para que su Administración contrate los servicios de su empresa.

En el caso señalado, estaríamos ante un delito de cohecho por parte del funcionario y del comercial, pero ¿podría estar cometiendo la empresa A un delito? La respuesta es sí, si la empresa no dispone de un modelo de organización y gestión adecuado, ya que:

  • Se cumplen los requisitos del artículo 31 bis.1 en cuanto a las personas que pueden cometer el delito y en cuanto a que la empresa conseguirá un beneficio.
  • Si la empresa no dispone de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, muy difícilmente cumplirá con las obligaciones de supervisar, vigilar y controlar que establece el Código Penal.

Ejemplo 2: en una empresa de servicios (empresa A), un trabajador del departamento de recursos humanos contrata a un trabajador de la competencia sabiendo que éste les va a dar traslado de las operativas, los productos, etc. de la empresa de la competencia donde trabajaba.

En este caso, podríamos estar ante un delito de revelación de secretos y un delito contra la propiedad intelectual o industrial. Del mismo modo que en el ejemplo 1, si la empresa A no dispone de un modelo de organización y gestión adecuado, también podrá ser considerada como autora de los delitos indicados, ya que:

  • Se cumplen los requisitos del artículo 31 bis.1 en cuanto a las personas que pueden cometer el delito y en cuanto a que la empresa conseguirá un beneficio o ventaja.
  • Si la empresa no dispone de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, muy difícilmente cumplirá con las obligaciones de supervisar, vigilar y controlar que establece el Código Penal.

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Como la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una novedad legislativa muy amplia y sobre la que se puede profundizar en gran medida, en la siguiente entrega de “tengo una empresa” nos centraremos en los Programas de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Program Penal: qué son, por qué todas las empresas deben tenerlo, para qué sirven y por qué somos los abogados penalistas los que debemos hacerlo.

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